Una ministra moderna para una Justicia del siglo XXI

Confieso que siento devoción por Pilar Llop. Una mujer con una personalidad arrebatadora y con una preparación jurídica espectacular. Pero, sobre todo, por su concepción de la Justicia como servicio público, siempre al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas.

En las ocasiones en que he tenido la oportunidad de conversar sobre los retos de la Justicia, he podido comprobar que tiene muy clara la dirección por la que debe conducir este Ministerio de Estado, tan importante para la democracia de nuestro país.

Si me permiten el símil, es una mujer decidida a pilotar una nave a través de unas aguas revueltas. Y lo hace capitaneando un equipo humano consciente del momento que se vive y apostando por encarar los retos que se presentan con determinación.

Y esos retos pueden resumirse en la decidida apuesta por el plan de eficiencia.

Escuché en una ocasión al consejero de Justicia de la Comunidad de la Rioja definir a este ambicioso proyecto como pasar de una Justicia del siglo XIX  a otra del siglo XXI de una manera directa. Y coincido plenamente con dicha aseveración.

En efecto, empecemos con la ley de eficiencia organizativa. Para quienes hemos ejercido la abogacía durante muchos años, habla de algo difícil de hacer comprender a nuestra clientrela. Que no era igual que el asunto “cayese” en el juzgado tal o en el de al lado.

En muchas ocasiones ern tan compleja la explicación que más parecía una excusa.

Un “ponerse la venda zantes de la herida”. Pero era completamente cierto.

Aún recuerdo dos casos idénticos resueltos en sentido diferente por dos juzgados de primera instancia y también por dos salas de la Audiencia Provincial, siendo una de ellas una sección de apoyo de la otra.

SISTEMA DE ADOPCIÓN COLEGIADA DE DECISIONES

Pues bien, la Ley de Eficiencia Organizativa propone la creación de los denominados tribunales de instancia con sus respectivas secciones y con capacidad de unificar criterios. De suerte que si un juez, haciendo uso de las facultades que las leyes le otorgan, se aparta del criterio común, debe justificarlo.

Como me dijo el presidente de un Tribunal Superior de Justicia, es una excelente noticia que vayamos a un sistema de adopción colegiada de las decisiones.

Y en este mismo sentido se han ido pronunciando los diversos operadores jurídicos con los que he tenido ocasión de tratar de esta ley en los últimos meses,

Pero además, esta ley introduce un nuevo y novedoso instrumento al servicio de la ciudadanía como son las oficinas de justicia en los municipios.

Un instrumento bien dotado y que va a permitir que cualquier justiciable pueda realizar cualquier diligencia en su municipio, sin tener que desplazarse a la cabecera del partido judicial.

Esta iniciativa está en la línea de buscar el equilibrio territorial, particularmente en la llamada España en riesgo de despoblación.

Me consta que la ministra Pilar Llop es una gran defensora de estas oficinas. Y su energía positiva contagia a cuantas personas vamos conociendo las enormes posibilidades que permiten.

En segundo lugar, la Ley de Eficiencia Procesal. En resumen, se trata de que quien acude a un juzgado, lo haga tranquilo, sin temor y esperando una respuesta en tiempo razonable. Agilizar los procesos, usar los recursos que las nuevas tecnologías ofrecen.

Sabemos por experiencia que los retrasos constituyen un mal endémico de nuestro sistema de justicia. Y creo que la modernización que el MInisterio propone a través de esta ley es algo inaplazable.

Y todo ello, unido a la introducción de los sistemas alternativos de resolución de los conflictos. No creo necesario extenderme en esta cuestión.

Pero sí me sorprende la enorme resistencia de algunos sectores conservadores del mundo jurídico y al que se suman con entusiasmo las derechas políticas.

A veces da la sensación que algunas personalidades políticas viven ancladas en un pasado que no es tan luminoso como lo recuerdan. Muy al contrario, son personas para las que hace tiempo que pasó su tiempo. Disculpen este pequeño juego de palabras.

Y nos queda la Ley de Eficiencia Digital. Una exigencia de la Unión Europea y del sentido común. Comparto plenamente la visión de la ministra Pilar Llop de disponer de un servicio público – la Justicia- moderno y funcional. Puntero y en consonancia con los avances tecnológicos en el conjunto de nuestra sociedad.

Y todo este enorme propósito reformista, es compatible con atender las exigencias del día a día.  El pasado 19 de diciembre de 2022, el BOE publicaba una oferta de 2.879 plazas, de las cuales se ha reservado un 7 % para personas con diversidad funcional.

Y además, 3000 plazas de promoción interna, 70 jueces y juezas y 70 nuevos y nuevas fiscales.

También 44 nuevas plazas en la abogacía del estado y 30 en los letrados de la Administración de Justicia.

Y el compromiso de la ministra Pilar Llop para democratizar el acceso a las carreras profesionales. Y ello, mediante becas (800) dotadas con 6.000 euros. El Ministerio está comprometido con, 4915 plazas de estabilización de promoción interna, la estabilidad del empleo. Una apuesta decidida del gobierno de Pedro Sánchez en favor de empleos estables y con derechos.

En decir, un total de plazas de estabilización de 6.176.

En suma, la ministra Pilar Llop y su equipo está propiciando una transformación del servicio público de Justicia bajo un único principio rector. Que todo el cambio redunde en un beneficio para los ciudadanos y las ciudadanas y la mejora de nuestro país.

Decía al principio que siento devoción por esta ministra. Y me siento comprometido con su proyecto y su visión moderna y democrática de la Justicia. Que sus éxitos sean los de todos y todas

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