Raúl Herrera García, abogado mercantilista y fundador de Herrera García Abogados, prevé la desaparición de numerosas empresas y "una oleada de concursos".
Raúl Herrera García: «Los abogados y despachos que toman casos de derecho concursal sin especializarse no están preparados»
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30/12/2022 06:50
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Actualizado: 31/12/2022 07:59
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Los abogados de derecho concursal se encuentran a la espera de un incremento importante en el número de concursos de acreedores en el próximo año 2023, lo cual llevará a su vez a una mayor demanda. Pero Raúl Herrera García, abogado mercantilista, cuenta entre la preocupaciones de este colectivo una tendencia que observa en profesionales que aprovechan la oportunidad para ofrecer sus servicios.
El día 30 de junio de 2022 marcó el fin de la moratoria concursal que había sido declarada para paliar los perjuicios económicos del estado de alarma declarado durante la pandemia del coronavirus.
Así, se reinició la obligación de solicitar el concurso de acreedores voluntario, así como la admisión a trámite de solicitudes de concurso necesario por parte de acreedores, incluyendo las que se pidieron antes de la moratoria.
Por ello, Herrera García prevé la desaparición de numerosas empresas y «una oleada de concursos», especialmente entre empresas que ya «estaban muertas antes de la pandemia», la cual califica como una «pantalla de humo».
«Todos esperaron al último minuto, el empresario siempre piensa que va a remontar», dice. «Si no llevar a la empresa a concurso aumenta la deuda o causa perjuicios, puede responsabilizarse con causa de culpabilidad al administrador y tendría que pagar de su propio bolsillo».
En este sentido, Herrera García plantea que «la propia legislación no ayuda a salvar las empresas, los mecanismos son a veces demasiado sofisticados y se exigen mayorías demasiado altas de aprobación al proponer medidas para refinanciar la deuda a los acreedores.»
La ley de segunda oportunidad, con la que se pueden reestructurar e incluso exonerar las deudas de las personas particulares o empresas autónomas, es otro de los mecanismos de los que cada vez más individuos echan mano con la ayuda de profesionales, una ocasión perfecta para entrar en este nicho de mercado aunque no todos tengan conocimientos y experiencia en el campo.
«Muchos abogados toman casos de derecho concursal y de la ley de segunda oportunidad sin especializarse, sin estar preparados», señala Herrera García, indicando que varios son «compañeros que no conocen la parte general de la Ley Concursal y solo han revisado los artículos de esta ley».
«Es algo que requiere un estudio previo», dice el abogado, explicando que hay casos en que la falta de planificación en un concurso puede llevar a que no se exonere la deuda, como espera una gran cantidad de personas que se acogen a estas herramientas. «Hay gente que entra en este proceso sin saber que va a perder su casa».
Lo más importante, entonces, «no es preparar la solicitud, sino un asesoramiento previo, real y honesto». «Generalmente, las empresas van tarde a los mecanismos de concurso, y en muchos casos habría sido más prudente cerrar incluso si había una moratoria porque no tenía sentido seguir en funcionamiento»
Varios de estos problemas surgen de una falta de formación empresarial y financiera en la pequeña empresa, según Herrera García, un problema que no suele observarse en compañías de mayor dimensión. «Algunos profesionales son muy buenos en los servicios que ofrecen pero no saben llevar una empresa», dice.
Un problema del que no se salvan los despachos de abogados. «Los abogados pueden saber mucho sobre su propia profesión, pero tienen que saber también sobre cosas en las que no piensas cuando trabajas por cuenta ajena para gestionar su negocio», dice Herrera García.
En esto se basa su declaración de que «los concursos de acreedores casi siempre se deben a una mala gestión».
El futuro y el presente del derecho concursal
En cuanto a la nueva Ley Concursal, que entrará en vigor el primer día del año 2023, hay ventajas y desventajas, especialmente con los mecanismos especiales para empresas pequeñas y microempresas (las que tengan menos de 700 mil euros de facturación, menos de 10 empleados o un pasivo de menos de 300 mil euros).
«No comparto las regulaciones específicas para la empresa pequeña, casi todos los concursos son exprés, donde van a morir», explica, destacando que varias de las disposiciones parecen ser muy complejas para los que resultarían afectados por ellas. Diagnostica que «la tendencia de ir a concurso y extinguirse va a continuar» para las empresas.
Y, dado que «el plan de refinanciación de la deuda está pensado para grandes empresas», el abogado opina que el modelo de reestructuraciones «funcionaría poco» en estas situaciones.
En cambio, una opción que también se contempla es la de acabar con la empresa y salvar la unidad productiva de negocio (conjunto de personas y elementos que integran los activos empresariales) para venderla. «Es más sana y puede ayudar a salvar el empleo», dice.
La digitalización, asumida como gran reto del mundo jurídico, pasa por el uso de tecnologías nuevas que, en opinión del abogado, no calzan todavía con un sector en el que siguen usándose máquinas de fax.
«Primero debemos actualizarnos para tener la tecnología del siglo XXI y luego hablar del futuro», dice, señalando la necesidad de dejar de utilizar papel y aumentar el número de jueces y juzgados para hacer frente a la demanda de servicios jurídicos y al retraso de la Administración de la Justicia, especialmente en casos de Concursal.
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