El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado la creación de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, que contará con delegados en el ámbito territorial de todos los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y en la Audiencia Nacional (AN), para asistir técnicamente en esas situaciones a los órganos gubernativos y judiciales que lo soliciten.
Según ha informado el CGPJ, entre sus funciones, además de la de prestar asistencia técnica a los órganos gubernativos y judiciales en situaciones de emergencia o catástrofe, estarán la de coordinación con las autoridades administrativas -mediante su integración, cuando proceda, en la estructura organizativa del Plan de Protección Civil que se active-, la de coadyuvar a la elaboración y constante actualización de un Registro de Datos de Contacto para la Gestión de Emergencias y Catástrofes a disposición de los tribunales y la de incentivar la realización de actividades formativas en la materia.
También existirá un coordinador nacional de la Red, que representará al CGPJ en la Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Víctimas Múltiples y en el Consejo Nacional de Protección Civil y dirigirá la elaboración de un Prontuario de Actuación Judicial en Emergencias y Catástrofes, guías y otras herramientas destinadas a facilitar el desempeño de las funciones gubernativas y jurisdiccionales de los miembros de la Carrera Judicial en estas situaciones.
La iniciativa de la creación de esta Red Judicial fue surgió tras la celebración del último Curso sobre la Actuación Judicial en Catástrofes con Víctimas Múltiples, que se desarrolla en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el marco del convenio de colaboración existente en materia de formación continua y perfeccionamiento de los miembros del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas.
La Comisión Permanente aprobó la propuesta el pasado 6 de octubre, y nombró una Comisión encargada de redactar un Reglamento, que a su vez fue aprobado el pasado 12 de enero, en el que se establece el sistema de designación de los delegados, su distribución geográfica y sus funciones.
La Comisión está integrada por el vocal del CGPJ Juan Martínez Moya; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia TSJMU), Miguel Alfonso Pasqual del Riquelme Herrero; María Jesús Millán, jefa del servicio de formación continua del Consejo y Francisco Javier García Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Henares (Madrid).
Los delegados serán nombrados por la Comisión Permanente del CGPJ, a propuesta de las Salas de Gobierno de los TSJ y de la Audiencia Nacional, y «atendiendo al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, entre miembros de la Carrera Judicial que estén ejerciendo funciones jurisdiccionales y, preferentemente, que cuenten con al menos cinco años de antigüedad». El proceso de designación se pondrá en marcha en las próximas semanas, indica el CGPJ.
Los 39 delegados -cuatro en el TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla; tres en los TSJ de Castilla y León y de Castilla-La Mancha; dos en cada uno de los restantes TSJ y uno en la Audiencia Nacional- ejercerán su labor durante un periodo de cuatro años, renovables por periodos sucesivos también de cuatro años.
INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL EN EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
El CGPJ recuerda que el acaecimiento de una emergencia o de una catástrofe puede motivar la intervención, por imperativo legal, de la autoridad judicial a fin de depurar la naturaleza del suceso y de las eventuales responsabilidades que puedan existir.
También debe dirigir las actuaciones médico-forenses -encaminadas por ejemplo a la identificación de las víctimas- y de policía científica y, por tanto, las del Grupo de Forense recogido en el Plan Estatal de Emergencias de Protección Civil aprobado el 15 de diciembre de 2020.
El Consejo ya aprobó en noviembre de 2011 el Protocolo de Actuación Judicial para Supuestos de Grandes Catástrofes, que prevé la constitución de Comisiones Judiciales de Crisis y establece medidas operativas para asegurar la adecuada coordinación de la actuación judicial con la que corresponde a las autoridades administrativas competentes.
