Alarma en la judicatura española. Un estudio del magistrado del Juzgado de lo Social Nº9 de Tenerife y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha determinado que en los próximos 10 años se jubilarán el 32 % de los jueces, es decir, un total de 1.773.
Por ello, ve como solución convocar más plazas para paliar la falta de magistrados, cambiar la estructura actual de la justicia e invertir más.
En el estudio al que ha tenido acceso Confilegal se puede observar que la cifra irá aumentando hasta alcanzar su punto más alto en 2031, que se saldará con la jubilación de 315 magistrados.
Oliva considera que esto puede ir en aumento porque la sobrecarga que existe actualmente en los juzgados es de tal dimensión que suelen jubilarse de forma anticipada.
Las cifras son las siguientes: en 2023, 85; en 2024 y 2025, 118; en 2026, 163; en 2027, 142; en 2028, 214; en 2029, 268; en 2030, 264 y en 2031, 315.
Es necesario crear más plazas en las convocatorias
Ante esta situación, el magistrado Oliva ha explicado a este diario que la única manera de frenar la falta de jueces es llevando a cabo más convocatorias de plazas ya que, en los últimos años, se han ofertado aproximadamente unas 120 en cada una.
«Analizando esos datos, si sumamos 120 plazas por diez años, sería un total de 1.200 y, por tanto, no cubriría las 1.773 que quedarían libres por la jubilación de los magistrados”.
Por lo que, de forma estimada, cree que con 300 plazas por convocatoria sería suficiente.
“Pero esto no va a ocurrir porque no hay dinero en el sistema actual y claro, si aprueban 300, ¿a dónde les mandas si no hay juzgados?, ha apuntado.
Invertir en Justicia y cambiar la estructura judicial
La solución es invertir en Justicia, ha señalado. España, a nivel Europeo, “es uno de los países que más dinero invierte pero no es el que tiene una tasa de resolución más rápida porque cada vez hay una mayor tasa de litigiosidad pero menos jueces».
“Hay que invertir de forma decisiva, que sea una cuestión de Estado, pero como no vende, no va a ser posible que se pongan de acuerdo con este tema”, ha señalado. Porque, “si no les das el beneficio a corto plazo, no hacen nada”.
Por ejemplo, los letrados de la Administración de Justicia llevan una semana en huelga; a pesar de que no están en sala sí «dan fe» de que la grabación de cada juicio se lleva a cabo, por lo que este juez tuvo «que suspender la semana pasada 26 juicios que no tendrán lugar hasta 2024, muchos eran incapacidades permanentes o pensiones de alimentos, al final paga el justiciable».
Por otro lado, también ha hecho hincapié en la importancia de que se cambie la estructura actual de la justicia. Esto estaría actualmente en trámite en el Parlamento con la Ley de Eficiencia Organizativa porque supondría que no se vinculase el juzgado a un juez.
Es decir, que no sería necesario crear nuevos juzgados, sino aumentar la composición de los tribunales de instancia, de forma que si se convocasen más plazas, sí habría lugar para colocar a los nuevos jueces.
