El Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa ha condenado a cuatro años y un día de cárcel a los dos acusados del incendio del edificio de los antiguos Juzgados de Eivissa, ubicado en la Avenida Isidoro Macabich. Por un delito de daños.
Son Francisco Fonseca Flores y Jonathan Cazorla Vázquez.
Además, ha impuesto a cada uno más una multa de 3.240 euros, a pagar durante 18 meses 6 euros diarios.
También tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente al Ministerio de Justicia con 409.55,35 euros, al Consejo Insular de Ibiza con 3.411,71 euros y a los demás perjudicados con 175 euros.
La sentencia, dictada el pasado 3 de febrero y conocida hoy (35/2023), la firma la magistrada Clara Ramírez de Arellano Mulero.
La resolución todavía no es firme. Contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Baleares.
La magistrada detalla en la sentencia, de 30 páginas, los motivos por los que ha alcanzado «la plena convicción» de que F. F. F. fue el autor material del incendio.
Entiende la participación del otro acusado, J.C.V., en la comisión del delito en concepto de inductor.
“Siendo F. F. F. el autor material conforme al artículo 28 del Código Penal, inciso primero; cabría pensar que la participación de J. C. V. en el delito podría ser también la del inciso primero del artículo 28 en la modalidad de autoría por dominio del hecho, a tenor de los criterios jurisprudenciales seguidos sobre este particular”, indica.
La magistrada aprecia que concurre la circunstancia agravante de aprovechamiento de las circunstancias de tiempo del artículo 22.2 del Código Penal.
EL INCENDIO PARALIZÓ LA ACTIVIDAD JUDICIAL
El incendio del edificio de los Juzgados se registró en la madrugada del 21 de enero de 2019, y paralizó la actividad judicial.
En la planta cuarta estaban los Juzgados de lo Penal 1 y 2; en la tercera el Juzgado de Instrucción 1; en la segunda, el Instrucción 2, y en la baja, el instrucción 3.
El incendio calcinó la segunda y tercera planta, donde se encontraban varios juzgados de instrucción o el de violencia sobre la mujer, que tuvieron que ser reubicados en otros espacios.
Numerosos expedientes quedaron destruidos, y se tuvo que constatar la «inutilidad funcional» de la sede, muy afectada por el incendio.
En total, siete juzgados quedaron fuera de servicio: los cuatro de Instrucción, los dos de lo Penal y el de Violencia Sobre la Mujer, además del Instituto de Medicina Legal.
El Ministerio de Justicia buscó ubicaciones provisionales para estos juzgados.
El mantenimiento y la seguridad de dichos juzgados corresponde a Justicia ya que es una de las cinco Comunidades Autónomas, de las 12, que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. Las otras son Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León.
