La boutique legal de Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, Administrativando Abogados, ha creado un nuevo órgano en su estructura interna bajo la denominación de consejo social y con la Fundación Vicente Ferrer ostentando la presidencia de honor. Una iniciativa, pionera en el sector, que coloca al mundo jurídico en la disposición de dejar un mejor planeta a generaciones venideras.
“El consejo social es expresión de la vocación de responsabilidad social corporativa de la compañía y, en particular, de su compromiso con la mejora sostenida de la sociedad y de nuestro entorno”, ha señalado Antonio Benítez Ostos, socio-director y fundador de la firma.
Entre los objetivos del consejo social, se encuentra la propuesta de acciones que redunden en beneficio de la sociedad, el entorno y el medio ambiente. Además, se busca impulsar la participación de empleados y colaboradores de Administrativando Abogados en las actividades de voluntariado en zonas deprimidas y con sectores vulnerables.
También se propondrá, puntual y excepcionalmente, y de forma justificada, la exoneración de honorarios en la defensa de determinados procedimientos administrativos y/o judiciales, en atención a sus particularidades. Para cumplir todos estos retos, Administrativando Abogados destinará parte de su facturación anual, que en 2022 alcanzó un importe neto de más de un millón de euros y colocó a la firma en una posición privilegiada en el mercado dentro del Derecho Administrativo.
Fundación Vicente Ferrer
Dentro de la estructura directiva del Consejo Social, se encuentra la Fundación Vicente Ferrer, que ostenta la presidencia de honor a través de Rafael Carmona Priego, delegado de la Fundación en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Junto a él, desempeñan su función dos vocales, una secretaria y un presidente, propuestos por Administrativando Abogados.
El consejo social se constituye por tiempo indefinido y se reunirá en sesión ordinaria una vez al año y tantas veces como sea convocado en sesiones extraordinarias.
En la primera sesión ordinaria del consejo social, celebrada el pasado 26 de enero, se acordó destinar parte de la facturación del pasado ejercicio 2022 a la construcción de un centro educativo residencial para 70 menores con parálisis cerebral en Dornala, en la región india de Srisailam, donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer. Asimismo, se acordó la completa financiación de un procedimiento judicial defendido por la firma.
Carmona, que ha calificado el proyecto como “muy innovador”, señala que la creación del Consejo Social supone “darle alma al mundo jurídico, que en esta ocasión se acerca de lleno a personas desfavorecidas que sufren discriminación por sus discapacidades”.
Por su parte, Antonio Benítez Ostos manifiesta que “la constitución de este Órgano, pionero y novedoso en el ámbito legal, supone un motivo de orgullo, especialmente al estar presidido por la Fundación Vicente Ferrer, cuya labor es por todos conocida, y contar con la presencia de Rafael Carmona, con quien hemos mantenido una gran afinidad desde el inicio”.
“No podemos perder de vista, que la abogacía es una verdadera labor social. Si con nuestro trabajo podemos destinar recursos personales y económicos a fines sociales y a tratar de conseguir un mundo más justo, nuestra actividad cobra mucho más sentido”, apunta Ostos.
