ACS y Acciona, presididas respectivamente por Florentino Pérez y José Manuel Entrecanales, presentaron la oferta ayer, el mismo día en el que se cerraba el concurso.
ACS y Acciona concurren a la licitación para la construcción de la Ciudad de la Justicia
En un solo complejo en Valdebebas se concentrarán los 356 órganos judiciales dispersos en la actualidad por distintos inmuebles de la capital, muchos de alquiler
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16/2/2023 11:48
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Actualizado: 16/2/2023 12:48
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El consorcio formado por Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A. –empresa del grupo ACS– y Acciona Concesiones S.L. han concurrido como una Unión Temporal de Empresas (UTE) a la licitación para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid.
Ayer se cerró el concurso, y ACS y Acciona, presididas respectivamente por Florentino Pérez y José Manuel Entrecanales, presentaron la oferta anoche, según ha informado hoy el periodista Javier Mesones, en «El Economista», y confirman a Confilegal desde la Consejería de Justicia.
«Hoy Madrid está de enhorabuena. Tenemos una oferta de un grupo, y una vez que sea analizada por la mesa de contratación -conformada por funcionarios independientes y que es el órgano que va a velar por la legalidad del expediente- y se compruebe que está en las condiciones legales adecuadas, se producirá un procedimiento que establece la ley de contratos del sector público para su definitiva adjudicación», ha declarado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que es magistrado en servicios especiales.
El consejero estima que esté adjudicado a finales del mes de marzo.
Según ha explicado, a partir de ahí, comenzará un plazo que el propio contrato establece para la elaboración de un proyecto de tres años para la construcción de las sedes judiciales, por lo que, como máximo, estaríamos hablando de que sea una realidad para 2027, si bien estos plazos pueden ser acortados.
«Con esta adjudicación, contaremos con una sede judicial en la que estará integrada el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial, y el resto de órganos del Partido Judicial de Madrid», ha recordado López, y ha subrayado que «va a ser la concentración judicial más importante del Sur de Europa».
«Va a modernizar toda nuestra infraestructura inmobiliaria y va a prestar un servicio de calidad, tanto a los ciudadanos que accedan al servicio público, como a los profesionales», ha añadido.
La fórmula elegida por la administración regional para la Ciudad de la Justicia, respaldada en los correspondientes estudios de viabilidad y tras el cumplimiento de los necesarios trámites de consulta e información públicas, consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años: redacción de los proyectos un año; ejecución de las obras tres años, y explotación de las obras 36 años.
SUPONDRÁ UN AHORRO DE 20 MILLONES ANUALES
El canon de inicio asciende, como máximo, a 49.350.000 euros -más IVA-, cantidad que no será sometida a revisión -y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
Esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid «un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 millones que invierte anualmente el gobierno autonómico» en la prestación de este servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo, según informó el pasado mes de julio el consejero cuando la Comunidad de Madrid aprobó la licitación.
El objetivo del ejecutivo madrileño con la nueva Ciudad de la Justicia es centralizar los edificios judiciales en una única sede, más moderna y que resuelve el déficit de espacios; generar infraestructuras de reserva para futuras ampliaciones de la planta judicial de Madrid; mejorar la eficacia y el funcionamiento de los órganos judiciales al eliminarse la dispersión de sedes; disponer de infraestructuras más modernas y funcionales para que los operadores jurídicos puedan ofrecer la mejor calidad en el servicio, y infraestructuras judiciales «plenamente accesibles (accesibilidad universal)».
También, optimizar los recursos reduciendo los costes asociados al arrendamiento de sus sedes, a su mantenimiento, conservación de las instalaciones, así como los costes asociados de sus servicios comunes; y contribuir a lograr la estabilidad y/o sostenibilidad presupuestaria y financiera promoviendo la reducción de costes, derivados del funcionamiento operativo del servicio, obteniendo una infraestructura que revertirá en público finalizada la concesión.
El ejecutivo madrileño calcula que esta gran infraestructura dará servicio diario a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.
Enrique López ha destacado que con la construcción de la Ciudad de la Justicia «habrá otras mejoras cuantitativas y cualitativas en la prestación de un servicio público tan esencial para los ciudadanos, entre ellas, solventar el déficit de espacios y la antigüedad de los edificios, generando espacios de reservas para futuras ampliaciones de la planta judicial de la capital».
El complejo contará con dotaciones como aparcamientos, edificios para usos profesionales, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil, «todo ello encaminado a la conciliación laboral y familiar y para mejorar la calidad de vida de sus usuarios».
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