Las personas de entre 14 a 16 años podrán modificar su nombre y sexo en el Registro Civil, para ello deberán estar acompañados por sus padres; y de 12 a 14 años se podrá modificar el género, siempre que el menor tenga la autorización de un juez, que examinará su madurez. Foto: Marta Fernández/EP.
El Congreso aprueba definitivamente la Ley Trans, que permite libre autodeterminación de género desde los 16 años
Ha salido adelante con una amplia mayoría; PP y VOX han votado en contra
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17/2/2023 09:20
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Actualizado: 22/2/2023 12:02
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El Congreso de lo Diputados aprobó ayer definitivamente la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como ‘Ley Trans’, que permite que el colectivo pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el Registro Civil sin ningún requisito a partir de los 16 años.
Los menores de 12 años no podrán cambiar la mención registral del sexo, pero sí su nombre para ajustarlo al género con el que se identifica.
La ley ha salido adelante con una amplia mayoría. PP y VOX han votado en contra.
Esta ley supone la despatologización del colectivo, ya que elimina los requisitos necesarios hasta el momento para acceder a un diagnóstico médico que acredite una disforia de género y tratamiento hormonal durante, al menos, dos años.
Ahora bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. Esta decisión deberá ser ratificada tres meses después y existe un plazo de un mes para su resolución.
Asimismo, las personas de entre 14 a 16 años podrán modificar su nombre y sexo en el Registro Civil. Para ello, deberán estar acompañadas por sus padres. En el caso de que no cuenten con el consentimiento de estos, se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto.
De 12 a 14 años se podrá modificar el género, siempre que el menor tenga la autorización de un juez, que examinará su madurez.
«LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS» DE LAS PERSONAS LGTBI
Esta ley tiene entre sus objetivos, según su exposición de motivos, «desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales erradicando las situaciones de discriminación».
Se define como «la garantía de los derechos» de las personas LGTBI, ya que «remueve los obstáculos que les impiden ejercer plenamente su ciudadanía».
Incluye medidas como el acceso a la reproducción asistida de las personas LGTBI, la filiación de los hijos de parejas lesbianas sin que estas deban estar casadas, medidas de formación en diversidad para asistentes de personas mayores o medidas en relación a la educación y contra la discriminación del colectivo (laboral, social, ocio).
También reconoce el sexilio, que es el abandono de un pueblo o ciudad por parte de una persona del colectivo debido a la discriminación o LGTBIfobia que sufre en su entorno en dicho lugar.
El Título I, sobre actuación de los poderes públicos, define sus criterios y líneas generales de actuación y las «políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI». Entre dichos artículos está el «deber de protección», la «integración familiar y social de personas menores de edad y jóvenes LGTBI» y la regulación del «Consejo de Participación de las Personas LGTBI».
El Título II se refiere a las «medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans» y define las políticas para este colectivo: «procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo», la «estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans», la «atención sanitaria integral a personas trans» o los «protocolos de atención al alumnado trans contra el acoso transfóbico».
En los Título III y Título IV se abarcan la protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por la LGTBIfobia, así como las infracciones y sanciones. A lo largo de sus disposiciones finales, recoge modificaciones y derogaciones de artículos del Código Civil y otra legislación vigente.
En la sesión plenaria de ayer recibieron el visto bueno del Congreso las dos enmiendas técnicas incorporadas en el Senado: una modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil por la que se reemplaza el término ‘procedimientos’ por ‘procesos’. Además, se elimina una mención a la «violencia intragénero» que permanecía en uno de sus artículos, cuando en el resto de la ley se había eliminado tras el primer trámite en el Congreso.
DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO
Este texto impulsado por el Gobierno, ha sido aprobado con un acuerdo entre los dos socios, si bien durante su tramitación se han evidenciado las diferencias existentes al respecto.
Durante la primera fase de tramitación en el Congreso, los socialistas presentaron enmiendas al texto para endurecer la autodeterminación de género de los menores y el proceso de reversión de una persona que se hubiera cambiado el nombre y el sexo en el Registro Civil. Estas propuestas fueron rechazadas por la mayoría de la Cámara en el debate en la Comisión de Igualdad y el PSOE decidió retirarlas.
Una de las voces más críticas con la ley ha sido la exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, que ha roto la disciplina de voto de su partido en todas las votaciones sobre esta ley que se han producido en el Congreso, en las que se ha abstenido.
La senadora socialista Susanna Moll también ha roto la disciplina de voto, rechazando la ley en la Cámara Alta.
EL DEBATE EN EL CONGRESO
«Hoy es un día histórico de avance en derechos feministas: la nueva Ley del Aborto y la Ley Trans y de derechos LGTBI van a ser ley», ha señalado la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Durante su intervención en el Pleno, ha destacado que es una ley que «reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género de las personas trans» y «despatologiza las realidades trans». «Las personas trans no son personas enfermas. Son personas. Punto. Son quienes son. Punto. Las mujeres trans son mujeres. Punto. Y el Estado a partir de hoy os lo reconoce. Punto», ha subrayado, dirigiéndose a los representantes de organizaciones LGTBI que presenciaron el debate desde la tribuna.
«Nos dijeron que era imposible. Hoy es ley, así que, por favor, con todo el orgullo, con toda la felicidad celebrad, llenad de orgullo las calles de nuestro país. Nunca más un país sin las personas trans. Nunca más un país sin vosotras, sin vosotros y sin vosotres. Y sabed que esta mano que nos hemos cogido y que ha hecho posible que, contra todo pronóstico, la ley trans y LGTBI sea ley, va a seguir siendo una mano tendida, un cuerpo a cuerpo, espalda con espalda para seguir conquistando derechos y haciendo efectiva la felicidad de todas las personas LGTBI y trans en todos los rincones de este país», ha declarado.
El Congreso también aprobó definitivamente la reforma del aborto que elimina el permiso paterno en menores de 16 y 17 años.
“A la gente no le sirve que Sánchez diga de nuevo, dentro de tres meses, que hay que cambiar la ley trans. No estamos para experimentar con personas”, señaló la representante del PP, María Jesús Moro.
Ha reprochando a la ministra que no haya aprendido nada de lo ocurrido con la Ley del ‘solo sí es sí’ y la ha acusado de «experimentar con las personas», además de pedir su dimisión. «Es una ley equivocada y dañina», sostiene María Jesús Moro.
Moro ha destacado que “hay que dialogar y no imponer, pues estamos hablando de materias muy serias para las que debe haber una voluntad real de dialogo”. “¿Por cuántos menores que perderán su futuro tendremos que lamentarnos?, se ha preguntado.
Y ha pedido a la ministra que “no venda esta ley como un éxito, ni como progreso, ni se ría de las lágrimas que provoca”. “Porque no hay espacio de libertad sin espacio de convivencia y de respeto a todos los que son iguales y a todos los que son diferentes”, ha subrayado la responsable del PP en materia de Justicia, y ha pedido en nombre de su grupo que retiren hoy mismo esta ley.
“El Gobierno no ha querido escuchar, decimos no a esta ley, decimos no a este nuevo ‘si es si’”, ha concluido.
Desde VOX, María de la Cabeza Ruiz, ha explicado que su partido no apoya esta ley porque reclama unos derechos que el colectivo LGTBI ya tiene y consideran que el Gobierno está «engañando» a las personas trans «haciéndoles creer que todo lo que quieren y lo que desean tienen derecho a tenerlo».
«Nos oponemos a las leyes del Gobierno porque son malas, decir que lo hacemos porque odiamos al colectivo al que van dirigidas es perverso», ha expuesto esta diputada, y ha puesto de manifiesto que «la Ley Trans no traerá más derechos, sino más dolor y sufrimiento».
A su salida del debate, María de la Cabeza ha precisado que «no quería decir, en absoluto. que fuera alarmante el aumento de casos de homosexualidad», sino que «es alarmante que muchos casos de homosexualidad deriven en transexualidad».
La representante de Ciudadanos, Sara Giménez, también ha criticado duramente la forma en la que se ha tramitado esta ley, y ha hecho hincapié en que «las personas trans merecen una Ley que les aporte seguridad jurídica y no una lucha de eslóganes entre PSOE y Podemos».
Con este debate concluye su tramitación parlamentaria y la ley ya está lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su posterior entrada en vigor.
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