El Secretariado de la asociación progresista de jueces, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) considera que la pretensión del Comité de Huelga de los letrados de la Administración de Justicia de ligar sus ingresos a los de jueces y fiscales no es aceptable.
«Nos parecen respetables las reclamaciones económicas y de otro tipo de los Letrados/as de la Administración de Justicia. Lo que no es aceptable es que pretendan ligarse a las retribuciones de la carrera judicial y fiscal. La llamada ‘cláusula de enganche’ merece nuestro expreso rechazo. Confunde las responsabilidades y funciones del Poder Judicial con la de un Cuerpo Superior de la Administración del Estado«, dicen en un comunicado publicado hoy.
Y añaden: «Una comparación, para ser tal, debe hacerse entre términos homogéneos. Si no se produce así, se cae en la incoherencia o la pura arbitrariedad. La labor y funciones de jueces y magistrados no son equiparables a la de los letrados de la administración de justicia ni en el fondo ni en la forma. No son ni mejores ni peores. Son distintas. Tan injusto es tratar desigual a quien es igual como equiparar a quienes no son iguales, sea esa equiparación total o parcial«.
JJpD recuerda que como cuerpo superior tienen unas funciones propias y «distintas que no pueden ni debe ser evaluadas en comparación», sino con la autonomía de quien tiene sustantividad y funciones diferenciadas que no suponen parcialidad respecto de las funciones judiciales.
PROVOCAN LA SUSPENSIÓN DE JUICIOS EN LOS QUE NO ESTÁN
La asociación progresista de jueces se hace eco, asimismo, del «estupor» que provoca que «quien no interviene en la celebración de las actuaciones, dando fe del contenido de una grabación garantizada por un programa informático difícilmente manipulable pueda provocar la suspensión» de los juicios.
Otro tanto ocurre con las notificaciones judiciales por LexNet.
«Un programa informático garantiza las mismas y, sin embargo, quedan demoradas por cuestiones de mera forma. En los tiempos del expediente electrónico y la firma digital, mantener vigentes previsiones decimonónicas constituye un anacronismo cada vez más evidente y que no hace más que ponerse en evidencia en situaciones excepcionales como la presente. El precio que los ciudadanos/as pagan por este desfase entre la realidad y la norma debería valorarse como inasumible por una sociedad que aspira a la eficacia y la eficiencia como conducta de los poderes públicos, entre ellos el poder judicial», subraya.
En opinión de JJpD, «La huelga conlleva una responsabilidad que, en nuestra opinión, implica la obligación de advertir con antelación de la misma para evitar situaciones que toman al ciudadano sujeto a la acción de la justicia, y que no tiene otra alternativa posible, como una herramienta de presión».
Juezas y Jueces para la Democracia también critica al Ministerio de Justicia por haber ignorado durante casi un mes las reivindicaciones de los letrados de la Administración de Justicia, dilatando en exceso la búsqueda de una solución que no hace sino agravar el conflicto todavía más».
