Los juzgados no se han adaptado al manejo de pruebas digitales ni a la cadena de custodia que exigen, según Ángel González, perito titular del gabinete pericial especializado en informática legal GlobátiKa.
«La Justicia en España no está preparada para manejar pruebas digitales». «Todavía aceptan pruebas en papel», critica, señalando el retraso que se observa en el momento de diferenciar la evidencia irreal o modificada ‘a posteriori’.
«La cadena de custodia exige que sea la misma prueba cuando ocurre el incidente, cuando se estudia y cuando se almacena», explica. Para ello existe una serie de normativas como los diferentes estándares ISO (71505; 71506; 27037; 27042), que el perito acusa a los juzgados de no seguir.
«Pero hay otro estándar más importante y que tampoco se sigue», apunta González, «y es el sentido común».
Los casos judiciales en los que más nota este problema son los de acoso y espionaje a víctimas de violencia de género a través de móviles y redes sociales, que generó denuncias de más de 266.000 delitos entre enero y noviembre del 2022. Los medios son fáciles de usar y accesibles, si es que no son directamente gratuitos, como en muchos casos.
Una situación que para el perito raya en lo absurdo es que los juzgados reciban supuestas conversaciones de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp impresas en folios, o documentos en formato Word o PDF, todos susceptibles a modificaciones gracias a herramientas digitales ampliamente disponibles.
«Las pruebas se presentan sin comprobar, sin peritar y sin certificar», señala. Además, indica, no siempre se toma en cuenta la volatilidad de ciertas pruebas que deben analizarse «lo antes posible» para que no se pierda información valiosa para el juicio.
Los aspectos técnicos
Existe una miríada de maneras de acosar a una persona por vías telemáticas, siendo la más común por redes sociales, aunque otras más elaboradas pasan por el uso de «aplicaciones espía» que se instalan en los teléfonos móviles de las víctimas para acceder a su geolocalización y saber dónde están.
También entran dentro de estos delitos la difusión de imágenes íntimas reales o simuladas o las suplantaciones de identidad a través de cuentas falsas.
Así, González declara que «si el tratamiento está mal, debe haber más preparación y no aceptarse pruebas susceptibles a modificación, que no valga todo». «Suelen presentarse informes muy básicos, ante los cuales nosotros presentamos contrainformes, pero en muchas ocasiones interesa más apuntarse para las estadísticas», dice.
Tras la aceptación de pruebas, los juzgados de violencia de género inician el protocolo de privación de libertad provisional de los acusados, una medida cuestionable para el perito debido a la falta de examinación de las mismas. Pone el ejemplo de un chico de 16 años acusado de difundir fotos íntimas de su expareja. «Se le puso en libertad gracias a que pasamos su móvil por nuestras máquinas y vimos que dos de las tres fotos en cuestión nunca estuvieron en su dispositivo».
También destaca la tecnología que usan para identificar a los hablantes de una llamada telefónica mediante una prueba glótica, comparable con una «huella digital de la voz», y localizar números ocultos, utilizados en muchas ocasiones para intimidar a las víctimas, incluso si usan grabaciones como las del actor Jack Nicholson en la película de Stanley Kubrick «El resplandor», que en una escena amenaza violentamente a Shelley Duvall, que interpreta a su esposa.
Incluso los mensajes borrados, una función de varias plataformas, pueden inspeccionarse si tienen contenido que pudiera considerarse delictivo. «Queremos que la gente sepa que hay quien vela por sus derechos digitales».
El componente de la consciencia también juega su rol, razón por la que el gabinete de González tiene a una psicóloga en plantilla. «La gente no siempre recuerda cuándo compartió ciertos datos o las instancias de apropiación», señala, indicando que es común el «exceso de confianza» que facilita estos delitos, como podría serlo copiar los ‘chats’ de una cuenta de Whatsapp.
Como subraya González, «el acoso parece complicado, pero es sencillo y barato», algo que debe analizarse en los juzgados calculando cuánto podría costar piratear un teléfono. Mientras que algunos sistemas son más burdos y accesibles, las herramientas más avanzadas y refinadas están fuera del alcance de la mayoría de las personas en cuanto a recursos, esfuerzo, conocimiento y tiempo.
En este sentido, González indica, cuando se le pregunta si algún cliente pudo haber accedido a los contenidos de una supuesta víctima, que siempre existe una posibilidad «de la misma manera en que siempre es posible entrar en el Pentágono, pero hay que revisar qué es lo más verosímil».
