Edmundo Bal, abogado del Estado en servicios especiales y portavoz de Justicia, y la diputada Sara Giménez, abogada ejerciente y portavoz de la Comisión de Igualdad. Foto: Eugenia Morago/Cs.
Edmundo Bal y Sara Giménez (Cs) reclaman al Gobierno un Plan Nacional de protección de la salud mental para la abogacía
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10/3/2023 06:48
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Actualizado: 10/3/2023 08:56
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El vicesecretario general de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal Francés, y la diputada Sara Giménez Giménez registraron ayer en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para el establecimiento de un Plan Nacional de protección de la salud mental en el ámbito de la abogacía, para su debate en la Comisión de Justicia.
En la iniciativa, instan al Gobierno a elaborar un estudio actualizado en el marco de la abogacía que permita conocer las cifras reales de los profesionales que se ven afectados por cualquier trastorno de la salud mental o que se encuentren en riesgo de padecerlo, y a que con los resultados del mismo se elabore el Plan Nacional de Salud Mental en el ámbito de la abogacía.
Ciudadanos plantea que contenga, entre otros aspectos, establecer propuestas de conciliación entre la vida personal y familiar y la vida laboral, promoviendo la desconexión digital y una mayor flexibilidad en horarios presenciales y el respeto a los periodos de vacaciones; medidas de dignificación y humanización de la abogacía, promoviendo recomendaciones contra el acoso laboral y profesional; así como realizar campañas de sensibilización para tratar de conseguir un cambio de mentalidad en el que los abogados puedan expresar sus preocupaciones por su bienestar y su salud mental.
Además, este plan, según Cs, debe promover la formación a los abogados en materia de bienestar, salud mental e inteligencia emocional y la implementación de recursos para la resolución de problemas en estos ámbitos; impulsar entre las facultades de Derecho la importancia del bienestar emocional en el ejercicio de las profesiones jurídicas; e implantar medidas para alcanzar la igualdad entre los abogados, especialmente en lo relacionado con la brecha salarial que padecen las profesionales del sector y que supone un problema más añadido a la situación de bienestar emocional.
Ciudadanos también reclama que se mejore en todo el territorio nacional, y en colaboración con las Comunidades Autónomas, la red de prevención y atención a los profesionales del ámbito de la abogacía con problemas de salud mental.
Y pide que estas medidas se extiendan a los profesionales incardinados dentro de la Administración de Justicia que por razón de su actividad puedan verse afectados por los mismos problemas.
LOS MOTIVOS
Bal, abogado del Estado en servicios especiales y portavoz de Justicia, y la diputada Sara Giménez, abogada ejerciente y portavoz de la Comisión de Igualdad, señalan en la exposición de motivos que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es, en términos generales, un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad; en ese sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.
Indican que, de acuerdo con especialistas, el bienestar emocional afecta la forma en que sentimos, pensamos y actuamos cuando enfrentamos la vida, y también ayuda a determinar el manejo del estrés, de relacionarnos con los demás y en la toma de decisiones, siendo importante su cuidado en todas las etapas de la vida; y especialmente durante la vida laboral de la persona.
Ciudadanos destaca que profesiones como la de abogado «llevan aparejado un mayor nivel de estrés a causa de su del ejercicio de su trabajo a contrarreloj con unos plazos legales muy poco flexibles que permitan la conciliación o el descanso adecuado, al mismo tiempo la propia incertidumbre de la relación con el tribunal correspondiente».
Bal y Giménrez recuerdan que suspender un juicio es complicado, «con lo cual eso contribuye a mayores niveles de estrés». «En España, para los profesionales de la Justicia es más sencillo si se ponen enfermos en víspera de un juicio, buscar un compañero que les sustituya y conozca el asunto que lograr la suspensión de la vista», subrayan.
Ciudadanos expone que» a esta situación de continuo estrés, causada por la celeridad de los plazos en los procedimientos y la falta de flexibilidad de estos, se une el estigma de estos profesionales, muchos creen que no es conveniente poner de manifiesto sus preocupaciones en cuanto a su estado de salud mental, «por si esto supusiese consecuencias no deseadas».
«Pocos profesionales se atreven a hablar en público de la situación que atraviesan, aunque en privado reconocen sufrir o haber sufrido depresión, ansiedad, fatiga… El miedo a los estigmas, a ser percibidos como poco profesionales, débiles o incapaces de defender los intereses de los justiciables, o incluso perder clientes en el caso de los autónomos, les obliga a guardar silencio», relata.
También recuerdan que la ‘International Bar Association’ señaló en el Informe ‘Bienestar mental en la profesión jurídica’, un estudio global publicado en 2021, que el 41% de los encuestados no discutiría de sus preocupaciones por salud mental con su empleador por temor a que pudiese tener un impacto negativo en su carrera profesional, y que uno de cada tres creía que su trabajo afectaba negativamente a su bienestar emocional.
Edmundo Bal y Sara Giménez señalan que desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se han pronunciado en múltiples ocasiones a favor de una modificación de las leyes procesales que trascienda de los acuerdos entre los colegios de abogados y los tribunales de justicia, para conseguir en casos justificados de enfermedad que se puedan suspender además de las vistas, los procedimientos.
De esta forma, los plazos no seguirían corriendo, por lo que podrían interrumpir la presentación de escritos mientras están convalecientes para reponerse sin sentimientos de culpa, y garantizando ante todo la protección de su salud mental.
Como señala Edmundo Bal en declaraciones a Confilegal, en este trance se encuentra el abogado y diputado del ICAM Juan Manuel Mayllo, que está ingresado en el hospital y ha tenido que estar trabajando en la cama para presentar una demanda laboral porque cuando se notificó la designación quedaba un día.
«Debemos tener unas condiciones de concliación de la vida laboral y familiar que nos igualen en calidad de vida al resto de los trabajadores del país», reivindica el portavoz de Justicia de Ciudadanos en la Cámara Baja.
Ante esta problemática que sufren los profesionales de la Justicia, Cs sostiene que «es necesario que se adopten por parte de los poderes públicos soluciones reales que garanticen y faciliten el ejercicio profesional».
«Se debe colocar en el centro de las prioridades la estabilidad emocional de los abogados, y en particular de quienes se desempeñan por cuenta propia o trabajan en pequeños y medianos despachos», sentencia.
BAL TAMBIÉN HA PREGUNTADO AL MINISTERIO SOBRE SUS PLANES EN MATERIA DE SALUD MENTAL EN LA ABOGACÍA
Edmundo Bal también ha registrado en el Congreso una pregunta al Ministerio de Justicia, para la que se solicita respuesta por escrito, sobre sus planes en materia de salud mental en la abogacía.
Quiere que explique si dispone de las cifras actualizadas sobre el impacto de la profesión en la salud mental de los abogados, y de ser así que informe sobre cuántos de los profesionales están sufriendo trastornos graves asociados a la salud mental y cuántos se encuentran en riesgo de padecerlo.
También plantea al Ministerio si considera la asociación entre la falta de conciliación y flexibilidad y la existencia de trastornos relacionados con la salud mental de los profesionales.
Asimismo, quiere saber si el Departamento que dirige Pilar Llop está trabajando en algún plan nacional de protección de la salud mental en el ámbito de la abogacía que incluya medidas de protección del bienestar mental de los profesionales.
«¿Cree que con la aprobación de medidas significativas de suspensión de vistas y procedimientos en casos de enfermedad, así como medidas de conciliación en el ámbito de las leyes procesales, se conseguirían reducir las cifras de afectados?», le pregunta también.
Ciudadanos atiende así las reivindicaciones del CGAE y de la Plataforma para la Defensa del Turno de Oficio y la dignificación de la abogacía; organización formada por el Sindicato de Abogados Venia y las asociaciones Ahora Abogacía, AJAI, Ajato (Jaén), Altodo, Asato (Toledo), Atoib Baleares; la Confederación española de abogados del Turno de Oficio y Justicia Gratuita (CEAT), Defenda, el Foro de Abogados Independientes de Granada (FAIG), Iusta Causa (Córdoba), Otrosí de Abogacía y Procuraduría (Albacete), y ZaTURNO (Zaragoza), con la que recientemente se ha reunido.
La plataforma considera un éxito este encuentro, en el que expuso los problemas que tiene el turno de oficio y propuso soluciones a la situación del colectivo y para la dignificación de toda la abogacía.
Este tema también fue abordado por el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, con Edmundo Bal en el Congreso el pasado 28 de febrero. En ese encuentro de trabajo, el decano pidió apoyo a Ciudadanos para una de las prioridades de su Junta de Gobierno: la conciliación y la salud mental de los profesionales de la abogacía.
Ribón transmitió a Bal las situaciones que sufren los abogados cuando en situaciones de enfermedad e incluso hospitalización de ellos o sus familiares los plazos no se suspenden, y también la necesidad de actuar de forma urgente en el ámbito del bienestar mental.
El decano del ICAM reiteró la necesidad de establecer un marco normativo adecuado que asegure la conciliación de los profesionales, por ser el actual artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil «manifiestamente insuficiente”. “La abogacía no puede ser el único operador jurídico esclavizado sin derecho a conciliar”, subrayó Ribón, reivindicando «la dignidad que merecen los profesionales y los propios justificables ante situaciones personales que son incompatibles con una defensa letrada con el rigor exigible».
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