El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha denunciado que Juan Manuel Mayllo, presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) y diputado noveno de la Junta de Gobierno del ICAM, haya tenido que trabajar mientras se encontraba hospitalizado de urgencia en el Hospital de La Princesa.
En una publicación en su cuenta de la red social Twitter, Mayllo denuncia que tuviera que seguir obligado a presentar una demanda laboral en su condición, dado que «cuando se notificó la designación quedaba un día» y no existieron medios por los que se pudieran aplazar. En la imagen publicada aparece Mayllo acostado en una camilla, vestido con una bata hospitalaria y con un ordenador.
Según Ribón, esta es la situación que enfrentan «miles de abogados» de forma habitual porque, si bien la ley prevé la suspensión de juicios, declaraciones y señalamientos si se puede acreditar una baja, los letrados «que hayan pasado la noche con vómitos o fiebre» no pueden hacerlo hasta después de estos procedimientos por lo que tienen que asistir «para no estar expuestos a quedar en rebeldía» y responder ante el cliente.
Además, «se suspenden los señalamientos, pero no los plazos procesales, por lo que Juan Manuel tuvo que realizar el escrito procesal sujeto a los mismos términos», señala Ribón, que critica que estas condiciones afectan también a los clientes ya que «no tienen a un profesional en plenas facultades», algo que incumple con la tutela de los derechos de los justiciables. » «Nunca se vería en un caso así a un juez, un fiscal o un letrado, es algo que padece la abogacía», dice.
Exigen una reforma normativa de la LEC
El decano del ICAM también indica que no hay un marco jurídico para la conciliación, una cuestión «no sólo de derecho, sino también de sentido común», haciendo referencia a las situaciones de cuidado de familiares que los abogados no pueden atender por la obligación de cumplir con su labor profesional.
Por ello, dice, el colegio ha presentado una solicitud en el registro del Congreso de los Diputados para instar la modificación del artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que señala la «muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad» como justificación suficiente para suspender una vista «siempre que tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento».
«Es algo que ahora depende de la voluntad y criterio de los letrados de la Administración de Justicia», explica Ribón, que espera que la aprobación de esta solicitud dé lugar a una mayor conciliación laboral para los abogados.
