Patricia Suárez, presidenta de Asufin, señala que los servicios mínimos de la huelga "no parecen haber incluido la tramitación de los mandamientos y transferencias para que los afectados recuperen su dinero lo antes posible, como si ocurrió durante el estado de alarma".
Asufin también reclama un acuerdo para que cese ya la huelga de los LAJs
Destaca que los pleitos por cláusulas abusivas bancarias ya acumulan un importante retraso que empeora ahora con la huelga
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17/3/2023 11:28
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Actualizado: 21/3/2023 08:12
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La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) se alinea con la Abogacía y reclama que el Ministerio de Justicia, capitaneado por Pilar Llop, y los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) alcancen «ya» un acuerdo que termine con la huelga que, en su octava semana, está provocando «un grave perjuicio» a los ciudadanos y llevando al «incumplimiento» del mandato constitucional de la tutela judicial efectiva.
Señala que los afectados por cláusulas abusivas ya llevan «años» sufriendo el «colapso» de los tribunales, ocasionando «dilaciones indebidas» que la asociación denunció ante el Defensor del Pueblo.
Según explica la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, reclamaciones que en su día se resolvían en un par de años, se alargan a cinco o seis y muchas veces incluso superan los ocho años de litigio.
«Por otro lado, nos encontramos con que buena parte de las sumas retenidas en las cuentas bancarias judiciales corresponden a los usuarios afectados por malas prácticas bancarias, que, como decimos, llevan mucho tiempo esperando para recuperar su dinero, y ahora lo ven frustrado estando en consignación judicial y sin visos de poder sacarlo de ahí», expone.
Asufin destaca que durante la pandemia, el pago de las indemnizaciones se consideró servicio esencial, dado que no se podía permitir que determinadas cantidades de dinero no quedasen retenidas en las cuentas de los órganos judiciales durante el periodo de alarma, y se instó a que los Letrados de la Administración de Justicia, “con independencia de que no se encontrasen realizando presencialmente sus funciones”, pudieran acceder “con normalidad a la aplicación de gestión de la cuenta”.
Asufin está recibiendo múltiples quejas de afectados con resoluciones favorables, que saben que su dinero está depositado en los juzgados y que se encuentra retenido, «en una situación de parálisis total que es difícilmente comprensible».
Muchos de ellos señalan que contaban con ese dinero para paliar el impacto de la inflación en su economía: la subida del Euribor en sus hipotecas, la tarifa de la luz y el gas o la cesta de la compra.
“Nosotros siempre hemos apoyado la mejora de las condiciones laborales de todos los que forman parte de un servicio tan esencial para los ciudadanos como es la Justicia. Sin embargo, es difícil empatizar cuando ocasionan un daño directo a la economía de muchos españoles», manifiesta Patricia Suárez.
Subraya que desde Asufin seguirán «pidiendo que se dote de mejores recursos materiales y humanos a la Justicia, en la medida en que redundará siempre en beneficio del justiciable», y solicita ahora a las partes en conflicto que «acerquen posturas cuanto antes porque la afectación a los ciudadanos está siendo más que patente».
Asufin es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2009 para la defensa del consumidor de productos financieros. Forma parte de las asociaciones europeas ‘Bureau Européen des Unions de Consommateurs’ (BEUC), ‘Finance Watch’, ‘Digital Euro Association’ y ‘Spainsif’, y desde octubre de 2021 del grupo de la Comisión Europea para «atacar» la morosidad derivada de la Covid-19. Este grupo desarrollará la futura directiva que creará un mercado secundario común de préstamo dudoso para sanear el balance de los bancos, en el que Asufin considera imprescindible que la protección del consumidor esté garantizada.
El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) otorgaron a Asufin el pasado mes septiembre el Premio Finanzas para todos en la categoría de «mejor trayectoria en el desarrollo del Plan de Educación Financiera», destacando el «compromiso asumido con la protección del consumidor financiero».
Patricia Suárez Suárez fue elegida el mes de septiembre vicepresidenta del grupo consultivo de servicios financieros (FSUG, en sus siglas en inglés) que asesora a la Comisión Europea en la elaboración de políticas con impacto en el consumo financiero.
La asociación está ya presente en buena parte de las instituciones y organismos regulatorios que marcan la política europea en materia financiera.
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