Asufin pide amparo al Defensor del Pueblo para ‘garantizar la tutela judicial efectiva de los consumidores’

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha pedido amparo al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para «garantizar la tutela judicial efectiva de los consumidores».

Esta asociación, presidida por Patricia Suárez, denuncia que los consumidores asisten a una «flagrante vulneración» del artículo 24 de la Constitución al no ver garantizada su tutela efectiva en los tribunales, y reclama al Defensor del Pueblo que inste al Gobierno a proveer de recursos humanos y materiales suficientes «para que abusos reiterados como los gastos de la hipoteca, el IRPH o la hipoteca multidivisa encuentren un cauce adecuado y no se agolpen en los tribunales especializados hasta 3 y 4 años». «Una dilación de los procedimientos que termina disuadiendo al consumidor de reclamar», según señala.

En este contexto, Asufin afirma que se hacen necesarias «medidas contundentes» para defender los intereses del consumidor financiero, «como la imposición de sanciones y recargos disuasorios a las entidades que persistan en las malas prácticas y la comercialización de productos y servicios con cláusulas abusivas».

Además, transmite al nuevo titular de la institución que los mecanismos extrajudiciales son «un parche, como se ha demostrado en numerosas ocasiones». Asufin señala que tras el arbitraje de las preferentes, los tribunales se llenaron de reclamaciones y que lo mismo sucedió con las cláusulas suelo, «un fracaso absoluto, que trajo consigo la implantación de los juzgados especializados, sin medios materiales ni humanos suficientes».

«Pese a que la avalancha de asuntos bancarios sin resolver se acumula en estos juzgados, y que, como ya nos tememos, la crisis de la pandemia traerá consigo muchos más, no se articula ningún mecanismo disuasorio que evite que el predisponente coloque cláusulas abusivas o practique mala praxis y que, en caso de haberlo hecho, evite terminar en tribunales”, manifiesta la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

Señala al Defensor del Pueblo que este sistema, además, «sale sumamente rentable a las entidades, pues disuade a los consumidores de reclamar debido a la lentitud de la Justicia y supone un rescate encubierto a las entidades financieras que ven con tranquilidad cómo tendrán que devolver el dinero tras 6 o 7 años a los pocos consumidores
que hayan reclamado».

«La Justicia lenta no es Justicia», subraya la presidenta de Asufin.

Suárez expone que tras más de 10 años de la crisis financiera, «sigue sin haber alternativas efectivas para los consumidores bancarios: las resoluciones del Banco de España y la CNMV no son vinculantes, las demandas acumuladas o colectivas son complejas procesalmente hablando y retrasan aún más el resarcimiento de los consumidores, las entidades financieras no se adhieren a mecanismos de resolución alternativa de conflictos (ADR), etc».

Sostiene que «la única solución para que el afectado recupere el dinero es la demanda individual a pesar de que los procesos son costosos, dolorosos y dilatados en el tiempo». «El coste de litigar es también una variable que tenemos que tener en cuenta, no solo para el demandante, sino para el resto de contribuyentes, pues somos los ciudadanos los que pagamos, con nuestros impuestos, unos juzgados saturados por demandas que terminarán siendo favorables al consumidor», recuerda Suárez al nuevo titular de la institución.

CSIF se concentró el pasado mes de abril frente al Ministerio de Justicia para denunciar «el deterioro de la Justicia». Este sindicato reclama un refuerzo en las plantillas y medios tecnológicos «adecuados» ante «la saturación actual de los juzgados».