«Del mismo modo que un derecho que no se conoce, no existe; un derecho que no se puede ejercer en última instancia, en los tribunales, es igualmente inútil: la Justicia lenta no es Justicia». Así lo manifiesta la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), y denuncia una vulneración de los derechos de los clientes bancarios por el colapso que sufren los juzgados especializados en cláusulas abusivas, que tardan hasta dos años en admitir a trámite los pleitos.
El mapa de admisiones a trámite de los pleitos bancarios, que ha presentado hoy, arroja ratios de 722 días en el 101bis de Madrid, y de 706 días en el 50 de Barcelona.
En el mapa figuran otras ciudades como La Coruña, con la mayor ratio de admisión, 729, y Málaga, con 686 días o Alicante y Vigo, con más de 420 días.
En estos momentos, según explica, se están admitiendo a trámite en el especializado de Madrid demandas de cláusula suelo, gastos hipotecarios e hipotecas IRPH presentadas en 2018. Asufin destaca que este paso es «sólo el primero que siguen estos pleitos; luego habrá que esperar, como mínimo, tres años, para tener sentencia de primera instancia, que los bancos suelen recurrir, a lo que se sumarán uno o dos años más». «Más de un lustro de espera para una sentencia firme que suele ser, en el 90% de los casos favorable al consumidor», critica esta asociación.
«El record lo ostenta un expediente que tardó en admitirse a trámite más de cuatro años y medio», apunta.
Asufin ha denunciado esta situación ante el Ministerio de Justicia y ante el Defensor del Pueblo, a los que ha expuesto que «se está vulnerando el artículo 24 de la Constitución dado que no se está garantizando la tutela efectiva de los consumidores en los tribunales, por la falta de recursos humanos y materiales de los tribunales».
«La dilación de los procedimientos termina disuadiendo al consumidor de reclamar», advierte.
Ante el atasco judicial y «la vulneración de la tutela judicial efectiva que sufre el ciudadano», Asufin planteaba la aprobación de «una autoridad independiente bancaria, con capacidad sancionadora y la imposición de recargos a las entidades cuando recurran por cuestiones ya resueltas».
La vicepresidenta primera y ministra económica, Nadia Calviño, ha anunciado a principios de mes la creación de una autoridad bancaria de defensa del cliente bancario. Asufin cree que ayudará a mejorar este tipo de supervisión y reducirá el colapso en los tribunales, pero reclama que «goce de credibilidad y poder sancionador: «Sus resoluciones deberán ser vinculantes y, una vez detectada una mala práctica, debe establecerse un sistema sancionador que disuada de manera efectiva a las entidades evitando la judicialización de las reclamaciones».
Asufin es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2009 para la defensa del consumidor de productos financieros. Forma parte de las asociaciones europeas ‘Bureau Européen des Unions de Consommateurs’ (BEUC), ‘Finance Watch’, ‘Digital Euro Association’ y ‘Spainsif’, y desde octubre del grupo de la Comisión Europea para «atacar» la morosidad derivada de la Covid-19. Este grupo desarrollará la futura directiva que creará un mercado secundario común de préstamo dudoso para sanear el balance de los bancos, en el que Asufin considera imprescindible que la protección del consumidor esté garantizada.
El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) otorgaron a Asufin el pasado mes septiembre el Premio Finanzas para todos en la categoría de «mejor trayectoria en el desarrollo del Plan de Educación Financiera», destacando el «compromiso asumido con la protección del consumidor financiero».
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