La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) se ha reunido hoy con el director del Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, Andrés Jiménez, para exponerle sus propuestas en defensa de los intereses del consumidor financiero. La semana pasada ya le pidió amparo para «garantizar la tutela judicial efectiva de los consumidores», pues denuncia que se está vulnerando el artículo 24 de la Constitución «por la falta de recursos humanos y materiales de los tribunales».
Asufin ha reclamado en primer lugar que los ayuntamientos «se allanen en los contenciosos por la plusvalía municipal declarada nula por el Tribunal Constitucional». Es decir, que «reconozcan la razón a los que ya habían iniciado su reclamación y evitarles ir a juicio».
La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, advierte que de no hacerlo así, «se estarán comportando como los bancos, con un criterio de caja que prioriza la dilatación del proceso y el retraso del pago final, buscando la rentabilidad y ocasionando un grave perjuicio al consumidor».
Suárez señala que “muchos consistorios llevan estos últimos cuatro años cobrando la plusvalía con pérdida de valor en la venta (minusvalía), a pesar de la primera sentencia del Constitucional, de 2017, y actuando, por tanto, sin cobertura legal, lo que supone desacato y prevaricación por parte de estas administraciones públicas”.
Asufin también ha expuesto en la reunión la situación de vulneración que, según denuncia, sufre el consumidor financiero «de su derecho a la tutela efectiva, consagrada en la Carta Magna». Y también puso propuestas encima de la mesa, entre ellas «la aprobación de una autoridad bancaria independiente, desligada del Ministerio de Asuntos Económicos y con capacidad para sancionar a las entidades».
También plantea la imposición de recargos a las entidades que recurran cuestiones ya resueltas o reiterativas.
Asimismo, ha pedido al Defensor del Pueblo que «inste a que todas las administraciones públicas redoblen sus esfuerzos en materia de digitalización». «Si las empresas, en especial las pymes e incluso las de menor tamaño, están haciendo grandes esfuerzos por transformar sus procesos, el Estado no puede quedar rezagado», sostiene Patricia Suárez.
Asufin ha advertido, además, al director del Área de Seguridad y Justicia del Defensor que desde la asociación comprueban que las administraciones públicas «se están digitalizando de manera irregular, con departamentos que avanzan más rápido que otros. «La Agencia Estatal de Administración Tributaria cuenta con unos estándares muy elevados, mientras que otros departamentos con los que el ciudadano tiene que relacionarse intensamente ofrecen experiencias de usuario muy deficientes y generan una auténtica brecha entre administrado y administración», precisa.
Esta asociación afirma en que la llegada de los fondos europeos ‘Next Generation‘ de la Unión Europea, «que tienen el acento en la aceleración de los procesos de digitalización, deberían convertirse en el revulsivo necesario para solventar estas carencias».
En la reunión también ha denunciado que el Gobierno exige a las empresas un teléfono de atención gratuito que no ofrecen determinados ministerios y organismos públicos. En concreto, el Real Decreto-ley 37/2020, que obliga a las compañías a disponer de un 900 de
atención al cliente, «pero no así a la Administración, debería cumplirse de manera ejemplar a todos los niveles», sostiene Asufin.
Asufin es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2009 para la defensa del consumidor de productos financieros. Forma parte de las asociaciones europeas ‘Bureau Européen des Unions de Consommateurs’ (BEUC), ‘Finance Watch’, ‘Digital Euro Association’ y ‘Spainsif’, y desde octubre del grupo de la Comisión Europea para «atacar» la morosidad derivada de la Covid-19. Este grupo desarrollará la futura directiva que creará un mercado secundario común de préstamo dudoso para sanear el balance de los bancos, en el que Asufin considera imprescindible que la protección del consumidor esté garantizada.
El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) otorgaron a Asufin el pasado mes septiembre el Premio Finanzas para todos en la categoría de «mejor trayectoria en el desarrollo del Plan de Educación Financiera», destacando el «compromiso asumido con la protección del consumidor financiero».
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