El proyecto de ley de migración impulsado por el primer ministro británico, Rishi Sunak, prevé que se prohíba la concesión de asilo a los migrantes que lleguen a Reino Unido en embarcaciones pequeñas que atraviesen el canal de la Mancha. Este endurecimiento de la política migratoria del país llega entre las protestas de numerosas organizaciones de derechos humanos después de que llegaran 44.666 personas por estos medios a su territorio en 2022, según datos del Gobierno británico.
Esta iniciativa busca que se prohíba a los afectados el regreso a Reino Unido de por vida, además de garantizar que nunca puedan obtener la ciudadanía británica y que se les envíe a «países seguros», como Ruanda, que ya cuenta con un programa aprobado por el Gobierno de Boris Johnson de recepción de solicitantes de asilo que lleguen al Reino Unido por vías irregulares. Adicionalmente, el proyecto de ley, pendiente de su aprobación en la cámara baja, dispone que sus efectos sean retroactivos.
Es un escenario muy distinto al que enfrentan los que llegan a España buscando asilo, cuya normativa es «más flexible», en palabras de Vicente Marín, CEO de Parainmigrantes.info. «Una vez que haces la solicitud, puedes quedarte viviendo legalmente en el país hasta que se resuelva», explica. «No se contempla lo que llamamos las ‘devoluciones en caliente’, aunque algunas veces se realicen argumentando que no llegaron a entrar en el territorio».
En este sentido, el abogado señala que los migrantes que llegan por vías irregulares entran en un procedimiento de devolución durante el cual pueden solicitar el asilo, iniciándose el procedimiento por el cual se investiga si cumplen con los requisitos, como sucede con varios ciudadanos marroquíes que cruzan la frontera. «Deben acreditar si existe un riesgo para sus vidas por sus ideas, religión, raza, orientación sexual en sus países, si los persiguen por estos motivos, o si pertenecen a un grupo político amenazado», explica.
Es parecido al proceso por el que se reciben refugiados que huye de un país por algún tipo de conflicto, en cuyo caso no debe probarse una persecución específica a sus personas sino una situación de peligro generalizado, como sucedió con los desplazados sirios. Sin embargo, Marín indica que los ucranianos que han llegado a España no pueden considerarse refugiados, sino que se amparan bajo una protección temporal a partir de una directiva específica sin precedentes en la Unión Europea.
En todos los casos, la Administración tiene un margen para la aplicación de la norma para que sea más o menos restrictiva. «Y si se propasa, siempre va a tener fiscalización judicial», dice Marín.
El retardo de las resoluciones
Uno de los problemas de los procedimientos para conceder el asilo es lo que tardan en resolverse, pudiendo tardar, según Marín, hasta dos años, tiempo durante el cual los afectados desarrollan actividades laborales y educativas de forma legal y regular. Ventaja que pierden si se les niega la solicitud.
En una situación minoritaria que apunta el abogado, «muchos saben que les van a denegar el asilo, pero van a poder entrar dentro de los supuestos de la Ley de Extranjería«, regularizándose al conseguir la residencia por arraigo social, por estar en un proceso de formación laboral, por ejercer como profesional o alguno de los otros casos contemplados por la ley.
«Es algo que se soluciona al mejorar los medios para resolver los procedimientos», dice, añadiendo que esta medida también favorecería a los asilados.
