La magistrada Teresa Puchol, conocida en redes por su apodo tuitero «Lady Crocs», pone el foco en lo que considera un vacío crítico: ni la legislación española ni su estructura judicial y administrativa ofrecen, a su juicio, «mecanismos rápidos y respuestas eficaces» ante las agresiones sexuales que sufren las mujeres migrantes que llegan a Ceuta.
Su diagnóstico llega en pleno repunte de la crisis migratoria que golpea a la ciudad autónoma desde finales de julio, cuando cerca de 80.000 personas entraron de forma irregular por mar procedentes de Marruecos, en una de las oleadas más intensas de los últimos años.
Los días 30 y 31 de julio, Ceuta se convirtió en epicentro de una crisis que es, a la vez, migratoria, diplomática, económica y política.
El Ejecutivo se enfrentó de inmediato a la dificultad de gestionar a miles de personas llegadas sin documentación y sin posibilidad de retorno inmediato.
A esa presión se suma un dato que ha disparado la alarma: la Fiscalía de Ceuta ha registrado hasta 23 casos de agresiones sexuales contra mujeres y niñas migrantes desde el inicio de la crisis.
Para Puchol, esa cifra no es una anécdota, sino el síntoma de un sistema que no está preparado para atender a un colectivo especialmente vulnerable.
Dos culturas «chocantes» sobre la mujer, según la magistrada
«La actual situación en Ceuta provoca una enorme inseguridad en los ciudadanos. Pero en el caso de las mujeres, a mi entender, dicha inseguridad se multiplica exponencialmente», sostiene la magistrada.
Su lectura combina dos factores. Por un lado, señala la menor capacidad de defensa física de las mujeres frente a un agresor.
Por otro, vincula el aumento del riesgo al perfil cultural de parte de la población migrante: «Lo que ha aumentado es la población marroquí, cuya cultura no respeta la igualdad de las mujeres, ni su integridad física», valora Puchol —una lectura que la propia magistrada defiende como diagnóstico técnico, y que constituye su posición personal más que un hecho acreditado.
Frente a esa doble vulnerabilidad, reclama que España aplique el marco de protección previsto para cualquier extranjero que llegue al país: «Entiendo que debe proporcionarse la misma protección, y aplicarse la misma condición que a cualquier extranjero que entre en el país. La legislación prevé los supuestos de asilo, por lo que, si cumplen los presupuestos, podrían ampararse en ellos», explica.
Muchas de las mujeres y niñas que llegan a Ceuta, recuerda, huyen precisamente de la violencia intrafamiliar o los matrimonios forzosos que atribuye a esa misma cultura de origen.
La respuesta del Ministerio de Igualdad
La vinculación entre el origen de los agresores y las agresiones sexuales no tardó en generar controversia política.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, salió al paso con un mensaje dirigido a frenar cualquier lectura estigmatizante: «No vamos a permitir que nadie convierta el dolor y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio. Proteger a las mujeres no significa convertir el origen o la nacionalidad de miles de personas en una presunción de culpabilidad».
Puchol rebate ese planteamiento y denuncia lo que considera una «incongruencia» en el discurso público: «Llevamos años escuchando afirmaciones en las que se pretende criminalizar al sexo masculino. Algo que choca frontalmente cuando el hombre procede de otras nacionalidades, en cuyo caso, sí se pretende aislar los hechos del origen del agresor», sostiene.
«Por un lado, se habla de violencia machista y se considera que cualquier agresión de un hombre sobre una mujer tiene esa motivación. Sin embargo, si esa violencia procede de un extranjero, se buscan otras causas u orígenes. Lo que no deja de ser paradójico, pues la cultura musulmana es tremendamente machista», lamenta la magistrada.
Para Puchol, la salida pasa por algo que, sostiene, hoy no se está permitiendo: «admitirse el debate y la discusión técnica».
