La oferta que los Ministerios de Hacienda y Función Pública y Justicia realizaron el pasado viernes al Comité de Huelga de los letrados de la Administración de Justicia se cuantifica en una subida de 430 € brutos, como complemento de eficiencia, para los 3.871 LAJ donde todavía no se ha implementado la nueva oficina judicial.
Y entre 430 y 450 € brutos para los 508 LAJ que forman parte de los tres niveles directivos. Así, para los 116 efectivos LAJ que conforman las secretarías de Gobierno, de Coordinación Provincial y las direcciones de servicio común la subida sería de 450 € brutos.
Para el nivel 2, que conforman los directores de los servicios comunes de Ejecución y Registro la subida sería de 440 € brutos.
Y para el nivel 3, miembros de las unidades procesales de apoyo directo al juez, la subida sería de 430 € brutos.
La subida, sin embargo, va condicionada en tres plazos: un 40 % con efectos retroactivos al 1 de enero pasado, un 40 % a percibir desde el 1 de enero de 2024 y el 20 % restante el 1 de julio de 2024.
El costo de esta oferta se cuantifica en 22 millones de euros anuales.
Además, en el plazo de tres meses -y sin perjuicio de las competencias propias de las mesas sindicales- se establecerán grupos de trabajo conjuntos Ministerio-LAJ para tratar los siguientes asuntos:
«1, En el marco del Estatuto Orgánico del Cuerpo se desarrollará la efectividad de la audiencia a las asociaciones de Letradas y Letrados prevista en el artículo 444.2 d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
«2. Las vías de colaboración del Cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia en las implantaciones derivadas de las leyes de eficiencia, como impulsores destacados de las reformas emprendidas y como responsables de los nuevos planteamientos organizativos en las respectivas Oficinas Judiciales o centros de destino.
«3. Las reformas normativas, tanto de ámbito legal como reglamentario, que resulten adecuadas para complementar y apoyar las previstas en las leyes de eficiencia, las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales de los tribunales de instancia, donde se reflejen las obligaciones derivadas de la eficiencia organizativa, especialmente en materia de digitalización y responsabilidad por la protección de datos.
«4. La planificación de los objetivos indicadores y evaluación que permita la implantación de la carrera profesional del colectivo.
«5. El itinerario formativo que deberá proporcionarse a las letradas y a los letrados al servicio de la Administración de Justicia para asegurar el éxito de las implantaciones.
«6. El análisis del impacto del conflicto, que facilite la actuación para la recuperación de la actividad ordinaria de la oficina judicial y los centros de destino».
Esta es la propuesta que están votando los miembros de este cuerpo en las correspondientes asambleas.
