Valcárcel fue presidente de esta Comunidad Autónoma entre 1995 y 2014. Será juzgado por la Audiencia Provincial de Murcia.
A juicio el expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel por prevaricación, malversación y fraude
La Fiscalía reclama 11 años y medio de cárcel, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público; mientras que la acusación particular pide 15 años de prisión y de inhabilitación
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30/3/2023 11:46
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Actualizado: 30/3/2023 12:02
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La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), Ramón Luis Valcárcel Siso (PP), por supuestos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.
Así lo ha dispuesto la magistrada Ana Isabel Navarro Prieto en un auto, que ha sido notificado hoy a las partes, en el que declara la Audiencia Provincial de Murcia como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento.
Valcárcel fue presidente de Murcia entre 1995 y 2014.
Tras la conclusión de la investigación, el fiscal presentó escrito de acusación por la “adquisición de la desaladora con enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos gestada, por un lado, y anticipación de compra del 39% de acciones de DESA en junio de 2010 desligando a la parte privada de la ruina del proyecto y manteniendo el proyecto por otro lado derivando la carga financiera a la CARM”.
Solicita para el expresidente murciano penas que suman 11 años y medio de prisión, 20 años de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La acusación popular reclama 15 años de prisión y de inhabilitación por fraude y malversación, y que se le imponga una multa al séxtuple del dinero presuntamente defraudado.
Ambas acusaciones solicitan, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia reclama la responsabilidad civil derivada del delito, que concreta en 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito.
Según explica la magistrada en su auto, tanto la Fiscalía como la Comunidad Autónoma fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora.
Es decir, “la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros”.
Aclara que dicha cantidad es la total a exigir a todos los acusados en esta causa y en las Diligencias Previas 956/16 del Juzgado de instrucción número 5 de Murcia, conocidas como caso La Sal I, en la que están imputados un total de 17 personas físicas y como responsables civiles subsidiarias 7 mercantiles.
Esta primera investigación se centra en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el exconsejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina “parte pública”; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o “parte privada”.
Se dirige también contra las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de ESAMUR) como posibles responsables civiles subsidiarios.
PERJUICIO DE 74 MILLONES DE EUROS
La magistrada resuelve en su resolución sobre las medidas cautelares procedentes, que, en este caso, se refieren exclusivamente a los bienes de las personas eventualmente responsables civiles.
Reclama al acusado una fianza de 74.194.332,55 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. Recuerda que en caso de que no se prestase, se decretaría el embargo de sus bienes en cantidad suficiente.
Respecto a la pieza de responsabilidad civil, aclara que, dado que esta causa está ligada necesariamente con el devenir de las Diligencias previas 956/2016 del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, el acusado tendrá derecho a exigir subsidiariamente al resto de posibles condenados, la parte proporcional de la responsabilidad que hubiese abonado.
Recientemente, el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido condenado a tres años de cárcel por el caso auditorio de Puerto Lumbreras.
Por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad, por encargar a un arquitecto “verbalmente y sin previo expediente” las obras del auditorio municipal cuando era alcalde de este municipio y hacer lo posible para “evitar la libre concurrencia de profesionales en el concurso”. Y por un segundo delito de prevaricación, por convenir la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar la subvención autonómica de 6 millones recibida “e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada”.
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