El diputado responsable de Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Juan Manuel Mayllo, ha defendido las exigencias promovidas en la convocatoria a una concentración en defensa de la justicia gratuita en Madrid para el próximo 27 de abril. «Nuestras reivindicaciones no son solo económicas, tienen que ver con la dignidad», declara, destacando la conciliación y el derecho a la desconexión digital.
Mayllo asistirá a la manifestación acompañado del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón y la tesorera, Lola Fernández Campillo, así como con varios socios de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), de la que es el expresidente, y otras asociaciones. El manifiesto de doce reivindicaciones es un «frente común entre todos los letrados de turno de oficio», señala.
Una de las ideas expuestas por los convocantes es la de una campaña de sensibilización y promoción del turno de oficio para dignificar la imagen de este colectivo frente a lo que perciben como tópicos negativos. Mayllo apunta en dirección de series y películas en las que los personajes deprecian a los abogados de turno de oficio. «Eso es desconocer la realidad, tenemos mucha preparación y varios tenemos años de experiencia para ofrecer una defensa adecuada», dice.
Otra de estas exigencias es la remuneración «digna y suficiente» para todas las actuaciones de los letrados del turno de oficio, ya que los baremos «se pueden calificar de ridículos en el mejor de los casos y miserables en el resto», según el expresidente de ALTODO.
Las instancias en las que los letrados no llegan a cobrar incluyen la defensa de las personas jurídicas, cuando «el Ministerio de Justicia se niega a pagar y no remunera casos que pueden durar meses», y las situaciones en las que se archivan los casos por decidirse que los ciudadanos no tienen derecho a la justicia gratuita, como explica Mayllo.
Este último escenario «no se realiza de forma inmediata, sino cuando ya el letrado ha ejercido la defensa, dice, por lo que este tiene que «perseguir al ciudadano para cobrar». «Si la Administración tiene los medios telemáticos para comprobar la situación económica del interesado y considera que no tiene derecho a la justicia gratuita, debería ser la que repite contra esta persona, no imponerle la carga al abogado».
La Junta de Gobierno ha destacado la defensa del turno de oficio como merecedora de una «máxima preocupación», así como las medidas que planean implantar, como el aparcamiento gratuito en centros de detención y principales sedes judiciales y más especializaciones, y su respaldo a las reivindicaciones de los convocantes de una «remuneración digna y suficiente» en todas las actuaciones, la ampliación del derecho a la desconexión.
El expresidente de ALTODO señala que «los baremos que cobran los profesionales del turno de oficio en cualquiera de los territorios se pueden calificar de ridículos en el mejor de los casos y miserables en el resto». «También es urgente, y así lo venimos pidiendo, cobrar por todas las actuaciones realizadas, incluyendo la defensa de personas jurídicas y en general los casos en que se deniega la justicia gratuita».
Por su lado, Ribón puso en relieve que «el menosprecio de la abogacía de oficio evidentemente no tiene su origen en los colegios, que son sus primeros defensores, sino es una consecuencia del olvido histórico y continuado del legislador y los distintos titulares de Justicia».
«Si tras la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, las anunciadas movilizaciones por los sindicatos de justicia y asociaciones judiciales y el clamor ensordecedor de una abogacía de oficio que no puede continuar soportando estas condiciones, los responsables de los distintos grupos parlamentarios no son capaces de alcanzar un gran Pacto de Estado de la Justicia, no están a la altura de la alta responsabilidad que asumen», sentenció, destacando «la importancia de la unidad de la abogacía en estas reivindicaciones».
