Ya no es ni siquiera una sensación, ya es una realidad: nuestro sistema judicial está en parada técnica.
La deriva de las instituciones en una realidad palpable, lo que es una evidencia. El barco de la justicia exige que los remeros conozcan el destino común.
Estamos ante una insostenible situación en la que cada remero ha olvidado el que debería ser su único objetivo: acercar la Justicia a la sociedad.
No es admisible que los intereses particulares, básicamente económicos, de los distintos estamentos judiciales ralenticen –cuando no paralicen– la Justicia.
Echo de menos que entre tantas reivindicaciones las primeras no sean para mejorar la Justicia, sino exclusivamente para mejorar las retribuciones salariales.
Nadie piensa en el bien común, nadie parece entender que el valor a defender es el derecho del justiciable a una tutela judicial efectiva.
No encuentro peticiones de medidas que vayan dirigidas a mejorar de forma eficiente ese derecho.
Francamente, por mi experiencia en el ejercicio de la procura me cuesta entender que el declive de la Justicia pueda arreglarse exclusivamente con mejorar salariales.
Y lo digo desde una profesión con aranceles congelados desde hace más de veinte años y con unas cantidades indignas en la llevanza de algo tan noble como el turno de oficio.
SE ESTÁ DEJANDO DE CONFIAR EN LA JUSTICIA
Saltan las alarmas de la lógica, y todo indica que podemos acercarnos a un sistema judicial fallido; desde nuestras más altas instituciones hasta el más pequeño juzgado del territorio nacional.
La sensación de paralización es evidente y notoria.
El justiciable está dejando de confiar en la Justicia, un sistema lento y arcaico que olvida, en ocasiones, la función de servicio público.
Tengo la certeza que en cada sector hay magníficos profesionales que, por responsabilidad personal y por la convicción de su propia labor, hacen que la rueda siga girando. Pero no es suficiente.
Se hace imprescindible un gran pacto por la Justicia.
No es hora de disputas políticas sino de soluciones evidentes. Esa evidencia me lleva a pensar que se debe contar con todas las opiniones de los profesionales que cada día realizamos nuestro trabajo en los Juzgados.
No es concebible pensar que, para cualquier mejora en la práctica judicial, no se cuente con el criterio bien formado de procuradores y abogados, últimos baluartes de los intereses del justiciable ante el devenir diario de los Juzgados y Tribunales.
Desde la pandemia se han generalizado situaciones que rozan el absurdo en lo referente a las gestiones dentro de los Juzgados. Situaciones que aún no se han corregido definitivamente, que impiden que los pleitos se impulsen por cuestiones administrativas de fácil solución en muchas ocasiones.
EL EFECTO DOMINÓ DE LA SUBIDA SALARIAL DE LOS LAJ ERA PREVISIBLE
El llamado teletrabajo se ha demostrado como una medida poco eficaz porque retrasa, aún más, el desarrollo de los procedimientos.
Es hora de volver a la cordura.
La huelga de los LAJ, solucionada con un aumento en su retribución, ha sumado aún más retraso a la ya casi intrínseca lentitud de la justicia.
La actual huelga de los funcionarios, así como las veladas insinuaciones de la judicatura, no hacen sino teñir de negro las perspectivas de mejoras para el ciudadano.
Era previsible, incluso para el Ministerio de Justicia, el efecto dominó de su medida de subida salarial a los LAJ, pero la asumió ante la evidencia de las consecuencias que tendría.
Todas las reivindicaciones son legítimas, pero hoy más que nunca se debe tener una visión global de los problemas y no poner parches por sectores que no contribuyen al bien común.
Por el bien común, volvamos a la cordura.
