El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha destacado las intervenciones y propósitos del órgano colegial respecto a las sucesivas huelgas de trabajadores de la Administración de Justicia, el derecho a la conciliación de los abogados y las reivindicaciones del turno de oficio de oficio en una rueda de prensa dedicada a los primeros cien días de la Junta de Gobierno que dirige.
En lo que definió como «el momento más oscuro» de la Administración de la Justicia en su historia democrática, Ribón expresó preocupación por los paros generales anunciados por varios sindicatos de trabajadores del sector jurídico.
Respecto a la pasada huelga de los letrados de la Administración de Justicia, recalcó que «no hay que menospreciar el detonante de estos conflictos, pero este no es la causa», señalando un origen previo fundamentado en que la Justicia «parece ser un servicio inevitable, pero no prioritario para los sucesivos Gobiernos».
En este sentido, determinó que existía una «insostenibilidad que no excluye el carácter compensatorio», poniendo en relieve las bajas retribuciones y la inflación.
Y en cuanto a la ministra de Justicia, Pilar Llop, lamentó que no hubiera «respondido a [las] altísimas expectativas», tanto en el área de los funcionarios como en las reivindicaciones de los abogados, especialmente los del turno de oficio.
Así, hizo referencia a los numerosos reclamos de parte del ICAM que no han sido respondidos por parte del Ministerio de Justicia. «Si no logramos una interlocución inmediata, se necesitaría otro interlocutor», sentenció.
Reconocimiento de las actuaciones de asistencia a personas jurídicas
Otra de las reivindicaciones más urgentes del colegio, según Ribón, es que se corrija el «déficit normativo» que da lugar a que los abogados del turno de oficio no puedan cobrar por representar a personas jurídicas, cuyo derecho a la asistencia jurídica gratuita no está enteramente reconocida.
«Vamos a un choque de trenes», reclamó Ribón al respecto. «No podemos esperar que los profesionales presten un servicio durante cinco o seis meses de forma altruista», criticó, indicando la extensión de algunos de estos procedimientos judiciales y la injustificación de que no se retribuyan, hecho que pone en riesgo factores como «la supervivencia de las familias» de los abogados y «el pago de sus hipotecas».
Estas preocupaciones, dijo, se han trasladado a la Fiscal Superior Europea, al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y a distintos grupos parlamentarios. Además, señaló que se había alcanzado un convenio específico con la Comunidad de Madrid para corregir esta falta de compensaciones.
Por este y otros motivos, reiteró el apoyo del colegio a la manifestación convocada frente al Congreso de Diputados que se llevará a cabo mañana, jueves 27 de abril, en defensa del turno de oficio.
Conciliación
El decano también comunicó su preocupación sobre la falta de conciliación en la abogacía al Rey Felipe VI, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del Grupo Socialista de Madrid, Juan Lobato, así como propuestas para su mejora.
Entre estas se cuenta la campaña «Abogamos por la conciliación» y un manifiesto que, según datos del ICAM, ha sido firmado por 631 colegiados.
«Los plazos procesales siguen encadenando a la abogacía», dijo Ribón, reivindicando la posibilidad de poder suspender vistas y plazos procesales si existen razones que lo justifiquen, y denunciando las condiciones de «esclavitud».
«El ICAM va a tomar una parte activa en los casos en que se deniegue una suspensión si existe una justificación médica legítima», afirmó.
