El próximo 19 de julio el actual presidente por sustitución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo Muelas, obligatoriamente tendrá que jubilarse al cumplir los 72 años preceptivos para que eso ocurra. No hay vuelta de hoja.
Lo lógico es que le sucediera, al frente del órgano de gobierno de los jueces, el abogado y catedrático de Derecho Civil, Vicente Guilarte Gutiérrez, el siguiente en edad. Este año cumple 70 años. Nació en 1953.
Sin embargo, según ha podido saber Confilegal de fuentes de toda confianza, Guilarte Gutiérrez no está por la labor. Jamás en los nueve años que está durando este CGPJ ha formado parte de la Comisión Permanente, en la que la dedicación es plena. Tampoco lo ha buscado.
Rafael Mozo, actual presidente por sustitución del CGPJ, y Vicente Guilarte, quien tendría que sucederlo por edad, pero quien no parece estar por la labor.
Por lo que lo más probable sea que Guilarte Gutiérrez deje pasar la pelota, que pasaría al siguiente en la lista: Wenceslao Olea Godoy, nacido el 2 de marzo de 1955. Como dicen en Argentina, «recién acaba de cumplir 68 años».
Si el Pleno del CGPJ lo eligiera como sucesor de Mozo, que sería lo más probable, se presentaría un problema que habría que solucionar con claridad. Porque Olea es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Tiene el mismo rango que el actual presidente en funciones del Alto Tribunal, Francisco Marín Castán, presidente de la Sala de lo Civil. Por lógica, Olea tendría que asumir ambas responsabilidades, lo que antes no era posible porque Rafael Mozo tiene destino en la Audiencia Nacional y no en el Tribunal Supremo.
Un nudo gordiano al que los «cardenales y obispos» de la Justicia ya le están dedicando su tiempo para hallar la solución jurídica.
