El responsable de Defensa de la Abogacía en el ICAM analiza en Confilegal las principales reivindicaciones del colectivo y explica cómo actúa el Departamento que lidera.
Javier Mata, diputado del ICAM: «El Estado invierte bien poco en Justicia»
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04/5/2023 06:30
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Actualizado: 04/5/2023 08:04
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Javier Mata, el diputado del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) responsable de Defensa de la Abogacía, sostiene que el «Estado invierte bien poco en Justicia».
Así lo declara preguntado por las reivindicaciones del turno de oficio y las consecutivas huelgas en la Administración de Justicia.
En esta entrevista aborda las reivindicaciones de la abogacía, el impacto de las consecutivas huelgas en la Administración de Justicia en el ejercicio profesional. Además, explica cuáles son los abusos más frecuentes que sufren los abogados y cómo trabajan para defenderlos el Departamento que lidera.
Javier Mata también es consejero y ‘senior partner’ de la firma internacional Andersen y director de su oficina de Madrid. Es especialista en Derecho Concursal y Reestructuraciones, así como Derecho Procesal y Arbitraje. También ha trabajado en materias de Penal-Económico y de Prevención de Riesgos Laborales.
Actualmente, es profesor de Derecho Concursal en el Instituto de Empresa; y lo ha sido en la Universidad Carlos III de Madrid, también en Derecho Concursal; de ‘Creación y Organización de Despachos’ en la Escuela de Práctica Jurídica COLEX y de “Corporaciones y grupos” en el Máster de Asesoría Jurídica Internacional de Empresas del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).
Además, durante más de un lustro fue secretario general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid.
¿Cómo trabaja el Departamento de Defensa de la Abogacía?
El área está preparada con un equipo potente para tratar de ayudar a los abogados, protegerles y defenderles en aquellos conflictos que tengan con las administraciones públicas, en especial con la Administración de Justicia.
Este Departamento da formación a la abogacía para que sepa actuar ante los tribunales y defender sus derechos cuando se puedan llegar a ver conculcados. En este sentido, entre otras actividades, imparte talleres con carácter mensual.
Además, hemos editado una guía práctica sobre cómo defenderse ante incidentes en el ejercicio de la profesión. Es una herramienta que recopila procedimientos orientativos con los que hacer frente a las principales incidencias que los profesionales de la abogacía se encuentran con más frecuencia.
Para facilitar que los profesionales puedan comunicar a Defensa de la Abogacía las incidencias y disfuncionalidades que observen en su quehacer diario, el ICAM ha instalado puestos electrónicos de reporte de incidencias en las salas de abogacía y oficinas de enlace desplegadas por la capital.
También insistimos mucho emitiendo comunicados a los abogados para que si es necesario, se defiendan de posibles abusos de los tribunales.
En los casos más graves, el ICAM puede conceder el amparo colegial. Lo concede la Junta de Gobierno previa instrucción del correspondiente expediente.
¿En estos casos representan a los colegiados ante los tribunales?
Podríamos llegar a representarles, sí en el sentido de coadyuvar, si se estima necesario para la defensa de la Profesión.
De hecho, cuando se produce una conculcación de derechos de un abogado, el ICAM tiene el servicio de diputado de guardia, donde nos vamos turnando los miembros de la Junta de tal manera que si se produce un conflicto grave en un tribunal, en un juzgado o en una administración y el diputado llama al Colegio y necesita que comparezca el titular de la guardia porque están conculcando sus derechos de defensa, debe comparecer un diputado o la persona que el diputado pudiera delegar, que siempre sería alguien de Defensa de la abogacía.
El amparo colegial es muy importante porque las quejas e incidencias que se producen, el Departamento de Defensa de la Abogacía las pone en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial y también del órgano judicial afectado por esa queja.
En los casos más graves, el Colegio podría personarse coadyuvando con el abogado que ha sufrido el abuso para defender sus derechos.
Además, el ICAM trabaja de la mano directamente o a través de las oficinas de enlace con la Administración de Justicia para evitar los problemas más frecuentes, que, entre otros, son los que derivan de la digitalización.
¿Cuáles son los principales problemas que sufre la abogacía en el ejercicio de sus funciones?
Dilaciones y retrasos en señalamientos, suspensiones, y las faltas de respeto e incluso maltrato por parte de algún magistrado, algún LAJ o algún funcionario son los abusos más frecuentes que sufren los abogados, así como la falta de acceso al atestado por parte del letrado que va a asistir a un detenido en su declaración.
Hasta el pasado mes de abril ya se habían reportado cerca de 400 incidencias al área de Defensa de la Abogacía del ICAM, que en todo 2022 recibió cerca de 1.000.
En los juzgados de guardia a veces se producen distorsiones porque el abogado no tiene desde el primer momento acceso al atestado policial, por lo que no sabe qué le están imputando a su cliente. Esto es una pelea diaria y se necesita mucha coordinación.
«Dilaciones y retrasos en señalamientos, suspensiones, y faltas de respeto e incluso maltrato por parte de algún magistrado, LAJ o funcionario son los abusos más frecuentes que sufren los abogados»
Esta problemática ya se está atajando porque el ICAM y el TSJ han acordado recientemente que los juzgados de guardia remitirán los atestados directamente a los profesionales de la abogacía que vayan a asistir a personas detenidas o víctimas, por vía electrónica.
Precisamente, desde ayer se notifica al abogado previamente a la declaración por medio de correo electrónico. Desde ayer, el ICAM entrega a los abogados de guardia de turno de oficio tablets en las oficinas de enlace para facilitar el acceso a los atestados que desde el 3 de mayo se remiten a través de correo electrónico
Por otra parte están los retrasos, que hacen referencia a un acto procesal concreto. Por ejemplo, han citado a las partes a 10, pero al final entras a las 13.00 sin que nadie te dé una explicación y te han hecho polvo la mañana o el día. Las dilaciones es cuando un procedimiento no avanza, y en vez de durar, por ejemplo, seis meses, dura dos años. Ambas situaciones, lamentablemente, ocurren con mucha frecuencia.
De estas situaciones, el decano, Eugenio Ribón, también da cuenta en las reuniones con los representantes de los órganos judiciales.
¿Cuál es el protocolo en el Departamento Defensa de la Abogacía frente a las denuncias de maltrato?
Ante cualquier queja de un compañero, Defensa de la Abogacía abre diligencias informativas, intenta resolverlo hablando con el órgano jurisdiccional que corresponda para enterarse de qué ha pasado y a partir de las indagaciones que se hacen en el expediente contradictorio, emite una resolución en el sentido de entender que está justificada la queja o que no y si la queja está justificada, lo transmite a los órganos de gobierno de los jueces.
¿Qué llamamiento hace sobre ese maltrato que en ocasiones sufre la abogacía?
El maltrato a la abogacía es intolerable. Los abogados, los procuradores y los graduados sociales -todos los que intervenimos- no somos el enemigo natural de la Administración de Justicia, sino colaboradores necesarios.
Perseguimos el mismo fin: que se haga justicia de la forma más eficaz y en el plazo más breve. Por tanto, los órganos de gobierno de los jueces y el Ministerio nos tienen que tomar como coprotagonistas de la impartición de Justicia. Somos uno más de esa cadena de la Administración de Justicia, tan importante como cualquier otro.
¿Cómo están afectando las consecutivas huelgas en la Administración de Justicia al ejercicio de la abogacía?
Es una tragedia.
Yo pertenezco al área procesal del Andersen y estamos francamente preocupados. En mi despacho esto ya nos ha costado mucho dinero. Teniendo en cuenta que nosotros indexamos nuestros honorarios al avance del procedimiento, si no se produce el hito procesal -un juicio, una audiencia previa, una declaración- no se puede facturar al cliente, con lo cual el despacho está perdiendo ingresos.
Segundo tema: tú haces un trabajo, te suspenden y no te avisan, y cuando te señalan dentro de unos meses o años tienes que volver a realizar el trabajo. Eso no se lo puedes repercutir al cliente, con lo cual aparte de la pérdida de facturación, es el doble trabajo que tienes que realizar y que no vas a poder cobrar.
En tercer lugar están los gastos en los que incurre tanto el abogado y el cliente, así como peritos y testigos para asistir a una vista o comparecencia, que luego se suspende sobre la marcha. Esos gastos se han producido y ya veremos si es que se pueden reclamar a través de una responsabilidad patrimonial de la administración de justicia o procedimiento equivalente.
Está siendo un verdadero desastre.
¿Usted mismo se ha visto afectado por las suspensiones de los últimos meses?
Sí. Nos han suspendido muchos procedimientos. Entre ellos un proceso complejo de mucha cuantía. Complejo en cuanto a las pretensiones y la prueba. Nuestro cliente venía de Holanda, el abogado contrario de Palma de Mallorca, y peritos y testigos desde ocho o nueve puntos del territorio nacional.
Durante una semana y pico estuvimos yendo todos los días al Juzgado pidiendo que por favor que nos indicaran si se iba a suspender, nos dijeron que no lo sabían. Al final, el mismo día, lo suspendieron por la huelga de LAJs.
El coste de eso superó los 7.000 euros, solo en billetes de desplazamiento y hoteles, sin computar el tiempo perdido. Y eso es generalizado.
Es un drama. En los despachos generalistas, que tienen un porcentaje muy importante de su actividad en procesos judiciales, la situación es dramática. Están viendo disminuidos sus ingresos de una forma drástica en algunos casos.
La abogacía se concentró el pasado 26 de abril frente al Congreso de los Diputados reivindicando la dignidad de una profesión que, como destaca el Colegio, «hace que, gracias a los abogados, exista Justicia». También reclama cuestiones de conciliación o la «justa compensación de todas las actuaciones» que desarrollan. ¿Esas reivindicaciones son asumidas por el ICAM?
Por supuesto. Ahora lo que estamos pidiendo es que las asuma el Gobierno.
En la movilización estuvieron presentes el decano; la vicedecana, Isabel Winkels y los diputados Juan Manuel Mayllo, Lola Fernández y Esther Mocholí para apoyar las justas reivindicaciones que los representantes de las plataformas convocantes de la protesta resumieron en un manifiesto por la dignidad del turno de oficio.
Es evidente que las retribuciones que reciben los compañeros del turno de oficio son insuficientes. Todos entendemos que el presupuesto es limitado, pero se tienen que destinar muchos más medios a la administración de Justicia.
«Parece que el Estado no termina de entender la enorme función que hace la abogacía de oficio»
Parece que el Estado no termina de entender la enorme función que hace la abogacía de oficio, que está atendiendo a cientos de miles de personas cada año que de otra manera quedarían completamente indefensas. Y en materias que muchas de ellas son muy sensibles, como los temas de extranjería o de familia.
Todo esto está en el marco de la falta de medios de la Administración de Justicia. El Estado invierte bien poco en Justicia. Hablo del Estado porque se ha venido repitiendo con todos los Gobiernos cualquiera que sea su color. Parece que aplica el criterio de caja. Es decir, gasta dinero en aquello que le reporta un ingreso directo. El ejemplo es claro: la Agencia Tributaria.
La Agencia Tributaria tiene los mayores medios, los mejores sistemas, y la mayor coordinación entre los sistemas informáticos de todas las administraciones -locales, autonómicas y estatales- e incluso con otros países.
Sin embargo, en la Administración de Justicia tenemos unos sistemas obsoletos, LexNET tiene unos problemas de capacidad importantes, la plataforma que se puso en marcha para los concursos de acreedores de microempresas no está funcionando, y no hay coordinación entre LexNET y algunos sistemas informáticos de algunas comunidades autónomas, como el País Vasco o Cataluña. Es un desastre.
Para solucionarlo es necesario gastar más dinero en la Administración de Justicia, pero el Estado entiende que no, que la justicia es un asunto entre particulares, les cobra una tasa pero el servicio es insuficiente e ineficiente.
Desde nuestro punto de vista, eso no es así. La justicia es un servicio público y resolver un conflicto entre particulares ayuda a la propia actividad económica y al PIB.
Las propuestas de la abogacía para promover la conciliación se han incluido en la Ley de Eficiencia Procesal que está próxima a aprobarse por el Congreso. ¿Saben cómo quedará finalmente el texto que regula los motivos de suspensión de los cursos de los procedimientos por enfermedad del abogado?
No. Lo desconocemos aún.
Podemos cambiar los artículos 183 y 188 de la ley de Enjuiciamiento Civil y los concordantes para establecer como causa de suspensión, que ya existe, la enfermedad, pero sobre todo lo que se necesita es un mecanismo práctico de comunicación inmediata. Lo que está ocurriendo ahora es que hay una aplicación muy estricta de esos artículos, y esto tiene que flexibilizarse de forma radical.
Si uno se pone enfermo y tiene una enfermedad de larga duración, lo acredita, pide la suspensión o no de un señalamiento y no debería haber dificultades. El problema está cuando un letrado se pone enfermo el mismo día o el anterior a un señalamiento. Evidentemente, tiene que haber unos mecanismos de comunicación rápidos con el juzgado y de respuesta inmediata por parte del órgano judicial.
Lo que está defendiendo el Colegio, y yo mismo como director de Andersen en Madrid, es que se tienen que establecer e impulsar todas las políticas activas de conciliación.
¿Qué hace el Colegio cuando el colegiado les comunica casos de enfermedad?
Inmediatamente, ponemos a su disposición un facultativo del servicio médico, que emitirá el correspondiente informe de enfermedad que el diputado de guardia o el servicio de Defensa de la Abogacía hará llegar al órgano jurisdiccional.
¿Ha habido algún cambio en esta nueva etapa en esta área? Un abogado denunció en Confilegal que no pudo asistir a un juicio por la cesárea de urgencia de su mujer y que no fue suspendida la vista. Ocurrió en noviembre de 2021. Afirma que llamó al ICAM y que en Defensa de la Abogacía le dijeron que le daban el número de teléfono del Juzgado, que era el mismo que ya tenía, por lo que entendió que se lo tenía que resolver él mismo. Finalmente, el TSJM ha ordenado repetir el juicio.
Mi objetivo es actualizar las acciones que ya se estaban emprendiendo desde el ICAM y poner en marcha nuevas vías de actuación que cubran las necesidades y demandas de los profesionales. La defensa de la abogacía y de los intereses profesionales se enmarca dentro las líneas prioritarias de actuación de la Junta de Gobierno del ICAM.
Todas las posibilidades que ofrece el servicio tenemos que hacérselas llegar a los colegiados.
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