La Comisión Europea (CE) ha publicado su «Manual de buenas prácticas contra la corrupción», en el que analiza las iniciativas de esta naturaleza de los Estados miembros, entre los cuales se encuentra la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), a la que alaba.
La dimensión local del cuerpo es un aspecto ejemplar que otros países pueden aprovechar e implementar en sus propios esfuerzos, según los objetivos del manual, que no deja de señalar la ausencia de una estrategia nacional como una debilidad en España.
Creada mediante la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, modificada per la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, la AVAF tiene el objetivo de prevenir y erradicar la corrupción y el fraude de las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, así como promover la prevención de estas prácticas y una cultura ética y de rechazo hacia ellas, como resume el informe de la CE.
A través de estudios, informes y recomendaciones, la AVAF entrena a funcionarios electos y de profesión a la vez que solicita y analiza documentación de la Administración para detectar irregularidades, con la competencia de sancionar las que descubran con multas de hasta 400.000 euros. También cuenta con un sistema para recibir mensajes de denunciantes («whistleblowers»), protegiendo su privacidad y ofreciéndoles asistencia legal.
La CE pone en relieve que la proximidad de la corrupción local tiene un efecto incluso más nocivo que la de niveles más altos del Gobierno para la confianza de la ciudadanía, además de la posibilidad de actuar de una manera más directa y sistemática, un aspecto que la AVAF aprovecha dentro de sus capacidades.
Limitaciones y logros
Sin embargo, la CE también apunta los riesgos y limitaciones en la acción de la AVAF, empezando por el impacto negativo de la falta de esfuerzos parecidos con una escala nacional, algo que «obstaculiza a la AVAF (…) y debilita todo el sistema de prevención y lucha contra la corrupción a nivel estatal y, consecuentemente, la capacidad y el progreso de las agencias autónomas».
También menciona las dificultades para encontrar y a profesionales que posean las habilidades específicas para las tareas que lleva a cabo la agencia, así como un sentido ético fuerte, por lo que el procedimiento de contratación suele incluir una fase de entrenamiento teórico y práctico. Una fuerte dependencia del liderazgo del director y las «guerras territoriales» con otros cuerpos de control y con la sociedad civil son otros elementos de riesgo comentados.
Con todo, el informe subraya los triunfos de la AVAF, especialmente en cuanto a la percepción de los residentes en cuanto a la corrupción, calidad e imparcialidad de los servicios públicos de salud, educación y fuerzas policiales, usando datos del Índice Europeo de Calidad de Gobierno (EQI por sus siglas en inglés). «Este éxito no se puede atribuir únicamente a la AVAF, pero esta tiene mucho que ver», reza el texto.
La independencia de la agencia ha sido clave en este sentido, así como la selección de su personal y su fuerte código ético, dirigido por un comité especializado. De acuerdo a su informe anual, informó sobre un totalde 23 millones de euros que habían sido defraudados en el año 2021.
El portal para denunciantes también ha llevado a este resultado, con un 88 % de informaciones que llegan a la agencia por este medio, 359 quejas registradas en el 2021 y 26 informantes, en su mayoría funcionarios, que han accedido a protección especial.
