«No somos enchufados; no queremos ser funcionarios y funcionarias, sin hacer exámenes. La verdad es otra y os la vamos a contar». Así comienza el manifiesto reivindicativo de su profesionalidad publicado por 1.049 interinos de la Junta de Andalucía que han sido cesados y sobre los que se ha publicado información que califican de falsa para justificar su cese.
Reprochan a la Junta que no esté estabilizando a los interinos en fraude de ley, por abuso de la temporalidad sino que «los esté despidiendo. Nos sentimos traicionados: 1.049 personas que nos hemos dejado la vida y la piel por los andaluces; un colectivo formado en su gran mayoría por mujeres de más de 40, 50 y 60 años de edad que ahora ven a sus 1.049 familias en riesgo de exclusión social y laboral, por las dificultades de acceso al mercado laboral en estas circunstancias».
Recuerdan que «Los 1049 interinos de la Junta ahora cesados ya superamos los exámenes de las oposiciones, aunque no conseguimos sacar plaza, dada las pocas ofertadas. Por haber aprobado las oposiciones nos incluyeron en una bolsa de personal funcionario interino, porque la Junta nos entendía idóneos en ese momento para atender los servicios públicos en los puestos en que los funcionarios de carrera no quieren trabajar, en áreas conflictivas como Dependencia, Protección de Menores, Vivienda o Empleo, entre otros».
Los años fueron pasando y sus plazas fueron siempre ofertas en el concurso de traslados a los funcionarios de carrera.
«Nunca ningún funcionario eligió nuestra plaza pues había otras mejores. Los interinos e interinas, dada la necesidad de nuestros servicios en esos puestos, continuamos en la trinchera, y algunos hasta 37 años», añaden.
En su manifiesto refieren la Directiva de la Unión Europea que reconoció su situación irregular.
«En cualquier empresa privada a los 3 años deben hacerte fijo, mientras las distintas Administraciones tenían personal eventual con décadas de antigüedad y sin ningún derecho, en absoluta precariedad», subrayan.
Relatan que la Junta de Andalucía, conociendo que después la Ley 20/2021 iba a establecer un marco legal para acabar con el abuso de temporalidad a través del concurso de méritos, se adelantó y utilizó procesos selectivos, «diseñados para sustituir y despedir a las personas funcionarias interinas con más antigüedad en lugar de estabilizarlas».
Según este colectivo de interinos, ya han acreditado sus méritos con años de duro trabajo. También su compromiso, como se demostró durante la pandemia.
Han entrado a trabajar a través de un proceso regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad por lo que consideran que merecen la aplicación de la ley, como el resto de interinos de las Administraciones Públicas, entre la que se incluye la de la Junta.
Reprochan que «algunos» se hayan dedicado a difamarlos llamándolos «gente floja y enchufada» que no quieren estudiar para justificar su cese.
«Estas injurias tienen que terminar y la verdad debe aflorar. Ya está bien», declaran. Y terminan pidiendo «justicia, no regalos».
