La Fundación Aranzadi La Ley ha publicado la primera edición de la encuesta «Break the limits 2023 Legal Innovation Report» según la cual un 32 % de los despachos de abogados no mantienen ningún tipo de presencia digital.
Según estos datos, un porcentaje igual de despachos cuenta apenas con una página web que actualizan esporádicamente y con poca presencia en redes sociales, mientras que un 10 % no actualiza su web y no tiene cuentas en redes.
Solo un 26 % responde que tiene una presencia digital «activa».
En el mismo sentido corre otro dato que refleja que de todos los abogados encuestados, menos de un tercio declaran que dentro de su organización tengan un plan de transformación digital de su departamento que cuente con presupuesto propio.
En el caso de los despachos, los que responden que sí ejecutan estos planes alcanzan un 27 %, mientras que un 32 % de los abogados ‘in-house’ lo afirman.
La encuesta, que analiza el impacto tecnológico en el sector legal con las opiniones de más de 300 profesionales del sector jurídico, enfatiza sobre la principal barrera de la innovación y transformación digital.
En el caso de los despachos, se señala como obstáculo la satisfacción con el funcionamiento del modelo que ya usan, y en las asesorías jurídicas, es la falta de presupuesto lo que frena esta evolución.
Los abogados responden, en un 46 %, que las exigencias del trabajo reducen el tiempo que pueden dedicar a la implantación de estos planes, y el 36 % dicen que no ven razón para cambiar el modelo que ya tienen.
En menor proporción se cuentan la falta de previsión en el presupuesto (16 %), la ignorancia en cuanto a los pasos a tomar (12 %) y la opinión desfavorable de los socios (10 %).
La existencia de un presupuesto y un plan estratégico de innovación también es una de las variables del estudio, que concluye a partir de las respuestas que un 28 % de los despachos profesionales cuentan con ambos, mientras que un 37 % aclaran que hacen proyectos de esta naturaleza sin contar necesariamente con un plan de este tipo.
Un 20 % de estos despachos niega directamente contar con estas iniciativas, pero un 15 % explica que «se lo están planteando».
Asimismo, las herramientas digitales entran dentro de la revisión de la Fundación Aranzadi La Ley.
Entre las que se encuentran en más de la mitad de los despachos enumeran las ofimáticas básicas, es decir, correo electrónico, Microsoft Word, PowerPoint o similares (98 %), las de conexión con la Administración de Justicia, incluyendo LexNet (82 %), las bases de datos jurídicos (81 %), programas de videoconferencias (75 %), de almacenamiento en ‘nube’ (72 %) y de firma digital de contratos (54 %).
En menor medida aparecen las bases de datos de conocimiento e investigación (46 %), las herramientas de gestión documental (45 %), las de conexión con la Administración fiscal (45 %), las de trabajo colaborativo (38 %) y de facturación electrónica y gestión de gastos (31 %), entre otras.
En cuanto a la comunicación con la clientela, apenas un 5 % de los despachos encuestados envían correos electrónicos de manera periódica a sus clientes que incluyan cuestionarios de satisfacción, un porcentaje que en el informe califican de «exiguo» frente a un 22 % piden valoraciones de sus servicios por distintas fórmulas , un 33 % que solicita retroalimentación de los clientes en reuniones o conversaciones y un 35 % que simplemente no lo pide.
Dentro de las firmas, se establecen como tendencias un contexto de disrupción a corto plazo como consecuencia de la digitalización, cuya aplicación en el sector se califica de «imperativo», así como el auge de la especialización, la automatización de tareas y la mayor inversión en tecnología que mejore la productividad.
El futuro que observan los profesionales en las asesorías jurídicas está marcado por un desarrollo tecnológico insuficiente
La función pública también está representada en el informe, con problemáticas similares en cuanto a la irrupción tecnológica y sumándosele el reto del relevo generacional en la administración, que casi dos tercios de los encuestados consideran de especial relevancia.
También se destaca la falta de impulso político de estas iniciativas y la resistencia interna como impedimentos en la digitalización de las administraciones.
