Yolanda Ibarrola, viceconsejera de Justicia de la CAM: “Es muy difícil debatir cuando los argumentos son mentiras”
La entrevistada fotografiada en su despacho, situado en un edificio situado entre el Congreso de los Diputados y la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Yolanda Ibarrola no soporta las mentiras en el debate político. Foto. Carlos Berbell/Confilegal.

Yolanda Ibarrola, viceconsejera de Justicia de la CAM: “Es muy difícil debatir cuando los argumentos son mentiras”

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26/5/2023 06:31
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Actualizado: 26/5/2023 00:52
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Durante esta legislatura Yolanda Ibarrola ha sido viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, de la que es presidenta Isabel Díaz Ayuso, que el próximo domingo encabeza la candidatura del PP. Esta viceconsejería ha estado encuadrada, durante esta legislatura, dentro de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia, que todavía dirige Enrique López, quien anunció hace un mes y medio que dejaba la política.

En la anterior Ibarrola fue la consejera de Justicia.

Su permanencia, aunque en un escalón inferior, lo que fue un ejemplo de humildad y servicio público, contribuyó a tranquilizar a los agentes sociales. La continuidad, con ella, estuvo garantizada.

Todo el mundo reconoce que, hoy por hoy, es una de las personas que mejor conoce la Administración de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, como definió el Tribunal Constitucional a la asunción de las competencias en edificios y funcionarios por parte de las Comunidades Autónomas que así lo solicitaron (son 12, de 17). «Administraciones prestacionales» se las denomina ahora.

También es una de las personas que más ha contribuido a su transformación en los pasados ocho años. Un trabajo que le procuró el reconocimiento del Consejo General del Poder Judicial con el premio Calidad de la Justicia al Plan Integral de Protección de Menores en sedes judiciales, y el premio del Colegio de Procuradores de Madrid por su vocación de servicio público, atención a la discapacidad e infancia.

Yolanda Ibarrola, abogada de profesión, explica en esta entrevista lo que se ha hecho en materia de Justicia en la Comunidad de Madrid. Negro sobre blanco. Sin pelos en la lengua. Denunciando las mentiras de la política.

Algo muy común en los últimos tiempos.

En el debate del pasado 18 de mayo en el Colegio de la Abogacía de Madrid sobre la Justicia la encontré entre sorprendida y enfadada.

Cuando yo voy a un debate voy con ganas de discutir, de ver planteamientos, de ver diferentes perspectivas.

Más Madrid dijo que, en términos globales, el baremo del turno de oficio había bajado. Y no es así. Es que es mentira. No lo tengo que demostrar porque los presupuestos se publican. Ahí están. Es una ley de la Asamblea de Madrid.

Cuando voy a debates no voy esperando que alguien mienta a aquellos que nos están escuchando. Es muy difícil debatir cuando los argumentos que se esgrimen son mentiras.

Porque en vez de razonar, de exponer mi perspectiva ante diferentes temas lo que me veo es en la obligación de desmentir una mentira. Eso es muy poco enriquecedor.

Un debate tiene sentido cuando se contraponen diferentes perspectivas o planteamientos políticos ante un determinado tema.

Sí, en ese debate se dijo que la justicia gratuita en la Comunidad de Madrid estaba poco menos que dejada de la mano de Dios.

Y no es cierto. Los presupuestos dedicados a la Administración de Justicia en Madrid se han aumentado.

Lo dejé muy claro: En 2019 la partida específica de justicia gratuita era de 42.830.000 euros. En 2023 habría sido de 46.810.000 si el resto de los partidos políticos de la Asamblea –Más Madrid, PSOE, Podemos y Vox– hubieran votado los presupuestos. No se subió por eso.

Otra de las cosas que hemos hecho, respondiendo a las reivindicaciones del Colegio de la Abogacía de Madrid, ha sido pagar mensualmente.

Antes se pagaba trimestralmente. Eso suponía una demora para el profesional. Antes si una persona hacía una asistencia letrada al detenido en enero a mí me llegaba a mediados de abril, cuando los Colegios –de Madrid y de Alcalá de Henares– me mandaban la documentación.

Luego tenía que comprobar y pagar. Esa asistencia de detenida de enero la estaba cobrando en verano o en otoño. No tenía ningún sentido. Se modificó para que fuera mensual. Ahora, cuando llegan las certificaciones nosotros pagamos y luego comprobamos. Si hay algo que ajustar, se hace al mes siguiente.

Esto es aplicable también para los procuradores.

Cuando hablamos de honorarios tenemos que tener en cuenta que tenemos turno de oficio, justicia gratuita, servicio de orientación jurídica y servicio de representación procesal.

YOLANDA IBARROLA 25 de mayo de 2023
Desde la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia, de la que forma parte la viceconsejera, se ha conseguido reducir a un mes el abono de las asistencias del turno de oficio en la Comunidad de Madrid cuando antes se necesitaban seis meses. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Una de las reivindicaciones del reciente XIII Congreso de la Abogacía Española, convertida en propuesta para la modificación de la futura Ley Orgánica del Derecho de Defensa, ahora en elaboración, es que se contemple el turno de oficio para las personas jurídicas. Algo no contemplado en la Ley. Un “agujero negro” que en Madrid han afrontado con éxito. ¿Cómo?

Lo hemos solucionado dentro del marco de nuestras competencias. La Ley de Justicia Gratuita es de 1996. Cuando se modificó el Código Penal, en 2010, haciendo imputables a las personas jurídicas, a las empresas, no se produjo modificación alguna de la Ley de Justicia Gratuita. Las personas jurídicas, por lo tanto, no tienen derecho a ser asistidos por abogados del turno de oficio. Y si, desde los dos colegios, se les asignan casos de estos, la Ley no contempla que los profesionales puedan recibir la compensación por su asistencia.

Nosotros lo hemos solucionado a través del Convenio. En casos como estos sí pagamos estas asistencias. Es lo lógico.

Pero esto sigue siendo una asignatura pendiente a nivel nacional.

Absolutamente pendiente. El Gobierno ha dado prioridad a muchas otras leyes, desde mi punto de vista bastante perjudiciales. Este es un vacío legal que hay que afrontar ya.

Las empresas que están en una situación económicamente muy complicada no tienen recursos para poder defender sus intereses ante los tribunales. En el caso de que hubiera un procedimiento penal y haya que asistirle el abogado no puede ser que luego el profesional no cobre.

No cabe mayor injusticia.

¿Ve razonables las reivindicaciones de los abogados del turno de oficio?

Es cierto que, en muchas ocasiones, el abogado, no solo el del turno de oficio, no es considerado como debería dentro de la Administración de Justicia, que es como un gran motor, donde cada una de las piezas debe funcionar bien para que el vehículo ruede.

La sentencia sale de un juez. Pero si no hubiera un abogado en estrados la sentencia no puede dictarse. Hay que tener muy encuentra al abogado.

Esta Consejería por lo que más se ha caracterizado es por el diálogo continuo y constante con todos los operadores jurídicos.

Fuimos los primeros en España que hicimos una Comisión Mixta con los letrados de la Administración de Justicia. Había con magistrados y con fiscales.

También hemos tenido un contacto constante y continuo con los colegios de abogados y procuradores. Lo dije también en el debate del ICAM.

¿Qué hicieron después de que terminara la huelga de los LAJ?

Al día siguiente de que terminara la huelga de los letrados judiciales, que duró dos meses –que no debería haber durado tanto–, por una falta de diálogo por parte del Ministerio, y que creó un gran problema a todos los ciudadanos, yo tuve en mi despacho a los decanos de los Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares y al Colegio de Procuradores, al secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la secretaria coordinadora para que los colegios profesionales  pudieran transmitir todo aquello que les preocupaba.

Eso se materializó en la instrucción que el día 30 de marzo Sebastián Lastra, secretario de Gobierno, dictó y donde se recogieron aquellas cuestiones que los profesionales pusieron encima de la mesa.

«Las empresas que están en una situación económicamente muy complicada no tienen recursos para poder defender sus intereses ante los tribunales. En el caso de que hubiera un procedimiento penal y haya que asistirle el abogado no puede ser que luego el profesional no cobre. No cabe mayor injusticia»

¿Qué opina de la huelga de los funcionarios?

La huelga de los funcionarios se basa, principalmente en dos reivindicaciones. Primero, el aumento del complemento general del puesto, que depende esencialmente del Ministerio de Justicia. Esto lo aprueba el Ministerio por Real Decreto y luego las Comunidades que tenemos las competencias transferidas lo pagamos por nuestra cuenta. Esta es la realidad.

El Ministerio lo pagará en las Comunidades que administra directamente: Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia y Baleares y las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla. Además de los órganos centrales, léase el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

La segunda reivindicación es la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Al cambiar el formato de funcionamiento y pasar de juzgados unipersonales a tribunales de instancia, los puestos y algunas de las competencias de los funcionarios van a cambiar. Los sindicatos se quejan de que como representantes de los trabajadores jamás se les ha llamado a ser oídos. No había ninguna negociación con ellos.

Estas son las dos grandes reivindicaciones.

El Ministerio de Justicia ha conseguido, con su falta de diálogo, algo que no se había dado en democracia y es que todos los operadores jurídicos hayan hecho huelga o hayan amenazado con ella. Magistrados y jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, todos se han levantado contra él.

Decía Willy Brandt que había que trabajar un 35 % y dedicar el 65 % restante a contar lo que se había hecho. Ustedes han sido una Administración que no se ha prodigado mucho en ese 65 %….

No estoy de acuerdo. Lo hemos contado, y mucho. La inversión en infraestructuras en esta legislatura ha sido notable. En periferia está ya funcionando el nuevo edificio de San Lorenzo de El Escorial, en el de Valdemoro se están haciendo ahora mismo las mudanzas, y Navalcarnero. Además de las mejoras que se han hecho en todos y cada uno de los edificios para ser más eficiente desde el punto de vista energético.

Ahora estamos terminando la ampliación del edificio de Getafe, que se llama ampliación cuando realmente es un nuevo edificio anexo al anterior, que permitirá terminar con los alquileres que estaban fuera de este edificio y que no cabían, con lo que daremos mejores servicios.

Se controlan mejor los tránsitos para que víctimas y victimarios se encuentren, estamos dando mejor servicio a los colegios profesionales, por ejemplo.

Hemos licitado el nuevo edificio de Móstoles y hemos terminando el nuevo edificio de Torrejón de Ardoz y estamos licitando la ampliación de Collado-Villalba, que será muy parecida a la de Getafe.

Al final esto supone una mejora para las personas que trabajan allí, pero sobre todo una mejora para el ciudadano porque los servicios que se le dan son mejores.

Sin olvidar el IML.

¿Qué es el IML?

El nuevo edificio del Instituto de Medicina Legal. Antes teníamos el Anatómico Forense, en la Universidad Complutense, luego teníamos la Clínica Forense, que ve los lesionados en Plaza de Castilla y los diferentes consultorios.

El IML es de los mejores de Europa. En septiembre va a haber un Congreso internacional de antropología forense. Nos vienen de todos los países. Ya están inscritas más de 100 personas.

Tenemos un personal puntero. Era una asignatura pendiente y la hemos puestos en marcha. Estoy muy orgullosa del resultado.

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Ibarrola explica que le corresponderá al próximo gobierno regional que salga de las urnas decidir el futuro de la ciudad de la justicia de Madrid. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Esto me lleva a algo muy cercano al IML, que tiene forma de donut. Me refiero a la futura ciudad de la justicia de Madrid. ¿En qué punto estamos?

El concurso por concesión administrativa de la construcción, el mantenimiento y la explotación –quiero poner en negrita, mantenimiento y explotación–, quedó desierto.

¿Por qué?

Porque las cuantías por las que estaban saliendo no eran atractivas para las constructoras, o explotadoras, que reunían unos requisitos muy exigentes de solvencia. Es evidente que todo contrato de concesión administrativa lleva aparejado la traslación de un riesgo. Porque si no se trasladara el riesgo no estaríamos hablando de un contrato de concesiones. Estaríamos hablando directamente de un contrato de obra o un contrato de servicios.

Es verdad que este tipo de licitaciones llevan mucho tiempo de preparación. En este tiempo ha ocurrido la guerra de Ucrania, la crisis energética, la subida del precio de todos los materiales. El precio por el que salió la licitación no resultó atractivo.

Lo que la ley de contratos del sector público permite es llevar a cabo lo que se denomina el negociado sin publicidad.

Esto no significa que negociemos con las empresas, a ver quién nos apetece más. Lleva unos condicionantes, que son que los elementos esenciales del contrato de concesión que quedó desierto no se pueden variar.

No se puede variar el precio. No se puede variar el plazo. Ni se pueden varias pequeñas cuestiones que pudieran resultar mas atractivas.

A partir de ahí solamente solo ha habido una única oferta.

¿Dónde se encuentran ahora?

En la mesa de contratación, que la forman solo funcionarios públicos. Están analizando el último sobre. Porque tal como estaba diseñado el procedimiento eran tres sobres.

El tercero es el de la oferta económica que está siendo valorada por la mesa de contratación. Esta mesa de contratación puede proponer su adjudicación o la expulsión, por no cumplir los requisitos, y entonces quedaría desierto.

Aquí los políticos no opinamos. Y lo que sea será.

«La ‘cogobernanza’ no es una invención del PSOE. Es lo que siempre ha sido la Conferencia Sectorial de Justicia, que estaba más que regulada por ley»

Pongamos en la mala. Entonces habría que redefinir el proyecto, su valoración económica. Hacer una oferta adecuada a los tiempos en que nos encontramos, ¿no?

Esta es una decisión que le correspondería tomar al gobierno que salga de las urnas. Y que será el de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

La decisión podría consistir en repetir esta misma metodología, de concesión administrativa, o, por el contrario, optar por un contrato de construcción a cargo del presupuesto de la Comunidad de Madrid.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

El contrato de construcción es de cuatrocientos y pico millones.

¿Y por qué se hablaba en el debate de 2.000 millones?

Porque lo que se estaba licitando era todo el mantenimiento y la explotación. Hablamos del contrato de seguridad, de los contratos de limpieza, del mobiliario, de equipos de climatización.

O sea, los cuatrocientos y pico y millones es la construcción pura y dura y el resto los equipamientos y servicios.

Es que son carísimos.

¿Y también lo asumiría la empresa licitadora?

Evidentemente. Por eso el precio de licitación era de 2.100 euros más el IVA correspondiente. No era solo la construcción. Solo el mobiliario estaba valorado en 18 millones de euros, que tenía que ser repuesto durante la vida del contrato.

¿Cuándo se van a ver los resultados de la llamada “cogobernanza” con el Ministerio?

La “cogobernanza” no es una invención del PSOE. Es lo que siempre ha sido la Conferencia Sectorial de Justicia, que estaba más que regulada por ley.

Yo iba a las conferencias sectoriales cuando Rafael Catalá era ministro de Justicia. ¿Qué se ha hecho en esta conferencia sectorial? Pues hacer el reparto de los fondos llegados de la Unión Europea.

Primero, el Ministerio cogió su trozo. El que quiso, el que decidió. Lo que restó se decidió entre todas las Comunidades Autónomas los criterios para su reparto.

Esto ha supuesto unas cuantías para cada Comunidad.

En este año de 2023 tiene que estar todo licitado por lo que corresponde a Madrid.

En la nueva legislatura la tecnología va a dar un gran impulso a la Administración de Justicia que va a cambiar nuestro modelo de trabajar.

El Ministerio de Justicia está contemplando, en este sentido, la instalación de una segunda cámara en las salas de juicios que enfoque a los jueces. El CGPJ, en un informe, lo ha validado. La propia presidenta del CGAE, Victoria Ortega, opinó que una segunda cámara contribuía a reforzar el derecho de defensa. ¿Qué opina usted?

Si no hay ningún problema en que un abogado o un fiscal estén viéndose en una grabación de vídeo ¿por qué no su señoría?

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