Daniel Jaume, 'head of sales and business development manager' de Atlante, destaca que este proceso de digitalización ayudaría a resolver el problema de retrasos en la Justicia, para lo cual sería útil establecer criterios comunes en el manejo de los datos.
Daniel Jaume: «Si no puede haber una plataforma única, la interoperabilidad de las bases de datos de Justicia es clave»
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31/5/2023 06:35
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Actualizado: 31/5/2023 00:05
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La Administración de Justicia debe buscar una solución a su problema de interoperabilidad digital, según Daniel Jaume, ‘head of sales and business development manager’ de Atlante, compañía Legaltech de servicios procesales y legales.
Jaume destaca que este proceso de digitalización ayudaría a resolver el problema de retrasos en la Justicia, para lo cual sería útil establecer criterios comunes en el manejo de los datos e incorporar tecnologías como la inteligencia artificial.
En conversación con Confilegal, Jaume desgrana los conflictos que surgen en las transferencias de información, incluyendo los expedientes judiciales electrónicos, y las soluciones tecnológicas que podrían hacer que la Justicia fuera más ágil y eficiente.
¿Cómo se materializa el problema de la falta de interoperabilidad y homogeneización de las plataformas en la Justicia? ¿Cuál es el impacto para los ciudadanos?
La foto actual de los sistemas que la Administración dispone para la comunicación y acceso a la información judicial refleja la diversidad de criterios que se aplican según los distintos órganos con competencias en la implementación de estas herramientas. Hay doce comunidades con competencias transferidas y el resto dependen del Ministerio de Justicia.
Esta fragmentación provoca que haya diversas plataformas con aproximaciones distintas para resolver la comunicación en los procedimientos y con conceptos diferentes de cómo debe ser el expediente judicial electrónico.
Si a ello unimos la falta de homogeneización del dato, que no está almacenado de forma centralizada, ni sigue un criterio uniforme en los metadatos mínimos y complementarios que son relevantes, ni en la forma de archivarlos para hacerlos accesibles de manera eficaz, la interoperabilidad entre administraciones y con terceros es virtualmente imposible.
La ineficiencia que todo esto genera se hace palpable en la lentitud de la Justicia en España; el retraso en la resolución de los procedimientos es creciente, en un contexto de aumento de litigiosidad cuyo origen está en una sociedad cada vez más compleja y, por lo tanto, cada vez más potencialmente judicializada.
Si no se resuelven los litigios o se resuelven de manera lenta, el impacto en la economía y en la vida de las personas y empresas es obvio, porque sus derechos se aplican en diferido.
El paquete de leyes de eficiencia que estaba en tramitación parlamentaria contemplaba en su cuerpo la aplicación de soluciones que supondrían grandes avances para mejorar nuestro sistema actual de Justicia.
Hay bases para una primera regulación orientada a la eficiencia, que deberá ser acompañada de manera sostenida por la voluntad política, un verdadero esfuerzo de cooperación entre órganos y administraciones, así como la asignación de los recursos humanos, económicos y tecnológicos necesarios para cambiar la dirección de este transatlántico.
«El paquete de leyes de eficiencia que estaba en tramitación parlamentaria contemplaba en su cuerpo la aplicación de soluciones que supondrían grandes avances para mejorar nuestro sistema actual de Justicia»
¿No es cierto que ya los juzgados de las autonomías y la Administración central pueden intercambiar expedientes judiciales electrónicos sin inconveniente?
Pueden intercambiarlos, pero otra cosa es que haya un procedimiento definido. Todavía no hay una uniformidad del dato. Por ejemplo, en Aragón, Cantabria, Asturias usan la aplicación Vereda, y hace pocos meses se les sumó el País Vasco, que antes tenía una propia.
Es un buen ejemplo de homogeneización de las plataformas, que es lo que nosotros pedimos: un sistema único que adopten todos. Pero eso es imposible por estar transferidas las competencias entre las comunidades autónomas. Ojalá todas usaran Lexnet, aunque tiene sus defectos, porque nos facilitaría el trabajo, y que se hiciera un ‘data warehouse’ (repositorio de datos) común, con los mismos criterios al recoger y nombrar los datos.
En el paquete de las leyes de eficiencia se menciona esta necesidad y ya existen proyectos para unificar los criterios de los metadatos en diferentes plataformas.
¿Y cómo ves la comunicación y transferencia de datos entre la Administración de Justicia y los actores externos?
Hay mucha disparidad de modelos y criterios, y mucha heterogeneidad de datos. Los despachos, proveedores de servicios jurídicos y cualquier actor que interactúe con la Administración de Justicia nos enfrentamos a una realidad fragmentada por la transferencia de competencias entre las comunidades autónomas. Las posibilidades y los ritmos distintos de cada plataforma hacen que tengamos muchas dificultades al manejar los datos.
Nosotros en las empresas realizamos procesos de normalización y uniformización de datos cuando se fusionan dos compañías, por ejemplo, o cuando se adapta la información a la base de datos de un cliente, buscando un punto común. Es para lo que serviría un ‘data warehouse’, a partir del cual se podría reducir el número de plataformas.
¿Qué soluciones se pueden proponer desde las compañías de Legaltech? ¿Cómo funcionarían a nivel práctico?
Las compañías que, interactuamos con Justicia, como Atlante, venimos aplicando desde hace años soluciones orientadas a mejorar la eficiencia de los procesos a través de la aplicación de nuevas tecnologías y una organización del trabajo industrializada, sin desatender la debida diligencia con la que debe ser tratada cada asunto.
Las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital ya fijan un marco y propuestas concretar para que sea posible esa transformación de la Justicia, pero es solo el principio; después hay que implementar los cambios en una organización muy grande y como hemos dicho, fragmentada.
Para aterrizarlo a propuestas concretas, si no se puede aspirar a tener una plataforma única, es clave trabajar en la interoperabilidad de las bases de datos de Justicia. En la nueva regulación ya se contempla un Punto Común de Actos de Comunicación y un Registro Electrónico Común de la Administración de Justicia.
Igual que nosotros dedicamos mucho tiempo y recursos a la normalización y estructurado de datos para una explotación inteligente de la información, la Justicia puede y debe estar orientada al dato.
También se pueden implementar nuevas tecnologías en la resolución de procedimientos más o menos estandarizados, como ya ha sugerido el CGPJ para casos como divorcios de mutuo acuerdo y que se podrían trasladar a través de IA a por ejemplo los monitorios, al menos para apoyar a los profesionales de los juzgados mediante asistentes similares a las IA generativas que florecen actualmente.
Tan importante o más que los otros puntos, debe hacerse un trabajo de gestión del cambio para reorientar la cultura de los trabajadores de Justicia, hacia una mejor predisposición a usar herramientas innovadoras.
Hay que destacar que muchos profesionales de la Administración apoyan la implementación de este tipo de tecnologías y realizan y apoyan continuamente propuestas de innovación, pero esto contrasta con que, por ejemplo, aún hay muchas plazas en las que no se usa la vista telemática por defecto, por ejemplo, con lo que ello supone en términos de consumo de tiempo y recursos de las partes implicadas.
¿Cuáles son sus previsiones a corto, medio y largo plazo? ¿Cómo se compararía un futuro en el que se aplican soluciones en comparación al escenario en el que seguimos igual?
Queda mucho trabajo por hacer, pero podemos decir que se están sentando las bases de un cambio positivo de la Justicia hacia una organización más eficiente y adaptada a la realidad tecnológica. Seguir igual que ahora es impensable por lo que ya hemos comentado; la litigiosidad va en aumento de forma natural y la sociedad y los actores que interactúan con la justicia cada vez funcionan de forma más rápida y eficiente.
Hay que buscar soluciones para digerir más rápido lo que se le demanda a la función pública. No obstante, hay que aprender a caminar antes de ponerse a correr. Ya hay muchas cosas que se pueden hacer, que están al alcance de la mano, para mejorar la eficiencia de la justicia en España.
Para saber cómo puede ser un futuro próximo, no hace falta irse muy lejos; hay países en Europa y América donde ya hay muy buenos ejemplos de digitalización y mejora de procesos, como por ejemplo Estonia.
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