Sobre estas líneas, uno de los funcionarios disfrazado de diosa de la Justicia en una de las dos grandes manifestaciones protagonizadas por los cuatro sindicatos de justicia. Foto: Confilegal.
Ministerio de Justicia y sindicatos se verán las caras, finalmente, rodeados de incertidumbre ante un acuerdo
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05/6/2023 06:30
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Actualizado: 05/6/2023 11:56
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El encuentro, fijado para las 12.30 de la mañana del martes, es un pulso en toda regla por ambas partes. El Ministerio de Justicia entiende que, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina cualquier tipo de acuerdo es difícil. Principalmente porque no se sabe qué formaciones van a salir victoriosas, por lo que la lógica –para no condicionar a los responsables del futuro gobierno– dice que hay que posponer cualquier acuerdo posible.
Una idea que no comparte el Comité de Huelga de los sindicatos –CSIF, STAJ, CCOO y UGT–, que recuerda que el Gobierno no estará en funciones hasta el día después de las elecciones, por lo que tiene capacidad para cerrar cualquier acuerdo que considere necesario.
Y recuerdan –siempre los antecedentes– al que llegaron en 2008, cinco días antes de las elecciones generales, con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con el que cerraron una subida de 200 euros.
Lo cierto es que aquellos elecciones no tenían el alto grado de incertidumbre que estas. La formación favorita era el PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, que consiguió revalidar una mayoría en el Congreso de los Diputados de las que ya no se recuerdan (169 escaños, 5 más que en 2004; el PSOE de Pedro Sánchez tenía en esta Legislatura que ha acabado 120 diputados de 350 con los que cuenta la Cámara Baja) .
En estas, si hay algo claro es que no hay nada claro: Las puede ganar el bloque progresista o el bloque conservador.
Hasta la fecha, y antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera disolver las Cortes y convocar elecciones generales para el 23 de julio próximo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Justicia, han cerrado dos acuerdos.
ACUERDOS CERRADOS CON LOS LAJ Y CON JUECES Y FISCALES
Uno ha sido con los letrados de la Administración de Justicia que, tras dos meses de huelga, consiguieron una subida de entre 430 y 450 euros brutos por persona en tres tramos entre este año hasta junio de 2024 –acuerdo que ha sido recurrido por CSIF y STAJ ante la Audiencia Nacional por considerar que no tienen legitimidad para ello–.
Lo que supone un total de 22,7 millones de euros para este cuerpo, formado por 4.400 LAJ.
Y el otro con tres asociaciones de jueces y tres de fiscales –la APM se quedó fuera– por valor de 46,7 millones de euros. Los 8.308 componentes de ambos cuerpos (5.500 jueces y 2.808 fiscales) recibirán, según lo pactado, subidas de entre 440 y 450 de euros brutos, según los casos, a completar en tres tramos (40%, 40% y 20%) entre la fecha actual y el 1/6/2024, como los LAJ.
En ambos casos, ambas subidas estaban condicionadas a la implementación de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, la «LOEO», como es conocida entre los funcionarios, cuyo futuro ha quedado colgado de la brocha. La LOEO implicaba una redefinición de funciones.
Todos los proyectos de ley han decaído. Han muerto.
Los vencedores de las próximas elecciones decidirán si las retoman desde cero, las transforman o se olvidan de ellas.
El acuerdo con jueces y fiscales también supuso el aumento de efectivos para reforzar el Servicio Público de Justicia, con 100 nuevas plazas en 2023 y 100 más en 2024. Estas plazas se unen a otras 200 ya aprobadas para cada uno de estos ejercicios. En total, por tanto, serán 300 plazas en 2023 y otras 300 en 2024.
La LOEO era un elemento clave para los sindicatos en las negociaciones con el Ministerio de Justicia y su hermano, el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Esta será la tercera reunión que celebren con el Ministerio del ramo desde el 17 de abril –con el único orden del día de «Tratar asuntos relacionados con la huelga»– cuando comenzaron la huelga con paros parciales y que endurecieron desde el 22 de mayo con la huelga general.
La primera tuvo lugar el 20 de abril y la segunda el 24.
LO QUE REIVINDICAN
Lo que reivindican los cuatro sindicatos de funcionarios equivale a 200 millones de euros. Una media de 430 euros mensuales brutos para médicos forenses y facultativos del INTyCF, 400 euros brutos mensuales para Gestión y técnicos especialistas de Laboratorio, 375 euros brutos mensuales para Tramitación y ayudantes de Laboratorio y 350 euros brutos mensuales para Auxilio Judicial.
La plantilla total está formada de 45.000 profesionales.
Desde aquel 24 de abril, el Comité de Huelga de los sindicatos de funcionarios de Justicia ha metido presión sobre el Ministerio con dos manifestaciones multitudinarias de 15.000 y 20.000 personas, concentraciones ante la cartera del ramo y la de Hacienda y Función Pública, el Congreso de los Diputados y la calle Ferraz, donde tiene su sede el PSOE.
También ha dirigido misivas a Sánchez, a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la propia titular de Justicia, Pilar Llop, para que intervengan para retomar las conversaciones.
Llegó, además, a anunciar que iban a interponer una denuncia contra Llop y su secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por supuesta vulneración del derecho a la libertad sindical.
Mañana el pulso de la reunión mostrará si hay posibilidad de acuerdo antes de las elecciones o no. Hasta entonces, no habrá más que incertidumbre.
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