Firmas
El juicio contra Lara no tenía que haberse celebrado nunca: ha sido un derroche imperdonable de recursos públicos
El decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, a la izquierda, con su abogado defensor, José Javier Polo, exfiscal jefe de Madrid y de Toledo y exfiscal de la Audiencia Nacional, en una foto tomada ayer. Foto: EP.
08/6/2023 06:31
|
Actualizado: 08/6/2023 11:35
|
Esta es la síntesis de la argumentación de José Javier Polo, abogado defensor del decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, en la fase de conclusiones del juicio que se celebró ayer en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga; la continuación de una sesión previa del lunes pasado.
«Este juicio nunca debió abrirse», argumentó Polo, quien fue antes que abogado fiscal jefe de Madrid, de Toledo y fiscal de la Audiencia Nacional. «Porque encierra una vulneración del ejercicio de la abogacía como parte de la función de la Administración de Justicia, cuando hay que asistir al detenido».
«No puede ser que un ejercicio de soberbia termine con el decano del Colegio de abogados de Málaga en el banquillo de los acusados. Que una discrepancia de poca entidad se saque de contexto y se instrumentalice en un proceso como este, que es un proceso artificial… En mi humilde opinión, la justicia debería ocuparse de asuntos mucho más graves a los que dedicar tiempos, esfuerzos y recursos públicos», añadió Polo, en un tono de convencimiento muy persuasivo.
La intervención del abogado defensor, ahora en la firma GVA Gómez Villares & Atencia, fue un ejercicio de elocuencia y de claridad de ideas sobre el caso que los 42 miembros del público escucharon con mucha atención.
Entre ellos el actual decano de la abogacía malagueña, Salvador González, acompañado de su colega, el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, que voló expresamente a Málaga para apoyar a Lara, y José María Davó Fernández, decano emérito del mismo colegio malagueño.
IRRACIONALIDAD
«Nadie que no esté cegado por la irracionalidad o por la inercia puede llegar a pensar que el Colegio de Abogados de Málaga o su decano se puedan poner de perfil ante la necesidad de hacer una asistencia a un detenido. Nadie«, recalcó en referencia clara a la magistrada, titular del Juzgado de Instrucción 10 de Málaga, Estela Gómez Giner, que fue la que originó la apertura de este procedimiento contra Francisco Javier Lara por un supuesto delito de desobediencia a la autoridad judicial del artículo 556 del Código Penal.
Lo que hubo, recalcó Polo, que durante 12 años fue también fiscal en Málaga, fue una discrepancia menor en un contexto muy grave de una pandemia que trastocó la vida de nuestro país y del mundo entero. «Este caso no puede prescindir del contexto en el que se produce.
«Hay un pánico colectivo que cunde a raíz de la tremenda incidencia que tiene la enfermedad de la que se desconoce la forma en que se contagia y el remedio para hacerle frente», recordó.
«En ese contexto, todos los operadores intentan evitar el contacto personal en toda la provincia de Málaga, en toda Andalucía, en toda España, se intentan evitar los actos presenciales, incluso aunque se trate de deberes constitucionales que se cumplen perfectamente de forma telemática».
Lo que pretendió la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga fue evitar situaciones que pusieran en peligro la vida de los abogados del turno de oficio que tenían guardia ese 6 de mayo de 2020, cuando sucedieron los hechos, afirmó.
«Sobre esa discrepancia se ha construido la posibilidad de un delito que no ha existido», subrayó.
Porque no existió una decisión unilateral por parte de decano Lara, como había afirmado antes el fiscal Antonio Francisco Román Capeli, sino colegiada, de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga de ese momento, llevada a cabo de modo virtual, «como se producían las comunicaciones en aquellos tiempo de pandemia COVID. Fue una decisión de la Junta de Gobierno del Colegio».
NO HUBO INTENCIÓN DE DESOBEDECER
«Nunca hubo intención de desobedecer sino de cumplir con el servicio de guardia en las condiciones adecuadas a la protección de la salud de los colegiados. No hubo, por lo tanto, dolo, intención de desobedecer», sintetizó el abogado.
Y prosiguió: «Al contrario, lo que hubo fue una petición y un ofrecimiento para poder cumplir con la asistencia y la prestación del servicio, de forma telemática, de acuerdo con el Protocolo» que la organización colegial había elaborado y del que tenía conocimiento el juez decano, José María Páez.
Del escrito que envió el Colegio de Abogados de Málaga a la magistrada «no es difícil deducir que, si se comunicase la imposibilidad telemática, se acudiría presencialmente, que fue exactamente lo que ocurrió por la tarde», recordó Polo.
Lo que se produjo, a raíz de ese desencuentro, fue que la magistrada Gómez Giner emitió un requerimiento y añadió un apercibimiento innecesario que mantuvo durante meses.
La «pura inercia procesal» y «el mantenimiento de la imputación artificiosa materializaron este juicio que jamás debió haber tenido lugar», concluyó Polo, solicitando la libre absolución de su cliente.
Previamente intervino el fiscal Román Capeli, que hizo referencia al «pique» en Facebook entre el marido de la magistrada, el también magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, Pedro Molero Gómez, y Lara, cuatro días antes, el 2 de mayo.
Algo que Polo descalificó restándole toda la importancia: «No existió ningún enfrentamiento entre abogados y jueces ni nada por el estilo», aclaró. «Este caso fue lo que fue. El delito de desobediencia a la autoridad judicial no existió».
Román Capeli mantuvo la acusación de desobediencia y la petición de multa de 5.400 euros.
El fiscal del caso no se bajó del carro, como se suele decir.
Antes, declararon el juez decano, José María Páez. y el secretario judicial del Juzgado de Instrucción 10 que mantuvo las comunicaciones con el Colegio aquella mañana, que ratificó que no existían medidas de protección contra el COVID de ningún tipo.
Ahora queda que impere el sentido común.
En el tejado de la magistrada queda la decisión de absolver al decano emérito o de condenarlo, insuflando vida a un culebrón que continuará comiéndose valiosos de la Justicia necesarios para otros casos que de verdad los necesitan.
Polo puso negro sobre blanco la raíz de un contencioso que afecta de forma directa a algo vital y esencial para un estado de derecho: la confianza de la ciudadanía en la justicia. Una esencia que tenía que haber sido preservada. Algo no ha funcionado en este caso.
Las palabras de José Javier Polo se pueden decir más altas, pero no más claras.
Otras Columnas por Carlos Berbell:
