Edificio de los tribunales de primera instancia francófonos, en Bruselas, donde tiene su sede el órgano judicial en el que se tramita la querella. La querella presentada por esta asociación refiere el supuesto espionaje a tres de sus miembros.
La Justicia belga investiga el supuesto espionaje a miembros de «Plataforma per la Llengua» por funcionarios españoles
|
08/6/2023 14:21
|
Actualizado: 08/6/2023 14:25
|
El titular del Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Olivier Anciaux, ha admitido a trámite una querella presentada por la ONG catalana Plataforma per la Llengua contra varios funcionarios de la Administración española. La acusación sostiene que estos habrían supuestamente espiado a miembros de la ejecutiva de la entidad.
De acuerdo con el informe pericial encargado por Plataforma per la Llengua, al menos cinco teléfonos móviles pertenecientes a miembros de esta asociación fueron infectados con el programa de ciberespionaje conocido como Pegasus.
Este software malicioso tiene la capacidad de infiltrarse en dispositivos móviles y acceder a datos personales sin el consentimiento de sus propietarios.
De acuerdo con esta asociación catalana, tres de los teléfonos infectados, correspondientes a los tres miembros presuntamente espiados, también habrían sido objeto de espionaje en territorio belga.
Este hecho ha permitido que el caso llegue a la justicia belga, la cual deberá solicitar a las autoridades españolas que identifiquen a los responsables de estos actos gracias a la La Directiva Europea 2019/1937 de alertadores de corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2019 –transpuesta el pasado mes de febrero a la legislación española a través de la Ley 2/2023– que establece que la soberanía de la Unión Europea abarca todos los ataques a la privacidad.
Es la primera vez que se admite en Europa una querella de éstas características, en base al nuevo concepto de jurisdicción impuesto por la citada Directiva.
Además, se investigará si la Administración española ha incumplido los procedimientos legales establecidos tanto en España como en la Unión Europea para intervenir teléfonos.
Esta transposición reconoce desde el primer momento la soberanía de la UE en materia de protección de datos y privacidad.
Los afectados por este supuesto espionaje también son miembros de una asociación belga, la cual se encuentra protegida por las leyes de dicho país.
Según los informes aportados por la ONG, el presunto espionaje fue iniciado y ejecutado desde territorio español, remitiendo después la información obtenida a un teléfono de España que pudo ser identificado.
Como consecuencia, el titular del Juzgado de Instrucción francófono de Bruselas, ha ordenado llevar a cabo una exhaustiva investigación para determinar los procedimientos utilizados y citar a declarar a los funcionarios españoles que estuvieren involucrados en el caso, si procede.
Hace tres días la expresidenta del Parlamento europeo, la socialista Eva Kaili, quien fue detenida por recibir supuestos sobornos de Qatar, declaró a El Mundo que “no fui espiada con Pegasus sino por Pegasus”. Y añadió: “Creemos que Marruecos, España, Francia y Bélgica espiaron al Comité del Parlamento Europeo” que investigaba a Pegasus.
Noticias Relacionadas:
