La Fiscalía Provincial de Madrid reclama siete años de prisión para unos padres, de origen rumano, acusados de vender a su hija de 12 años a un matrimonio de compatriotas que quería que la menor conviviera como pareja y bajo la voluntad de su hijo, que tenía la intención de que se trasladara con él a España.
El juicio contra los cuatro acusados comenzará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16).
El Ministerio Público les imputa un delito de trata de seres humanos con fines de servidumbre, del artículo 177 bis 1 a) y 2 del Código PenaL (CP), en relación con el Convenio de Ginebra de 30 de abril de 1956 para la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, artículo 1. Y subsidiariamente, un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzosa del artículo 177 bis 1 e) y 2 del CP.
Apunta que en el caso de los padres concurre la circunstancia mixta de parentesco del artículo 23, actuando como circunstancia agravante.
Además de la pena de cárcel, pide que se les imponga prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 8 años y un día y que los cuatro acusados la indemnicen solidariamente con 30.000 euros por los perjuicios morales causados.
LOS HECHOS, SEGÚN LA FISCALÍA
Según la Fiscalía, los padres, R. A. y S. O. M., acordaron entregar a su hija a un matrimonio de compatriotras, C. A. y M. R., «a cambio de una cantidad de dinero que no se ha podido determinar», con el objetivo de que viviera con su hijo, también menor, en una relación conyugal aceptada «por haber sido educada en la creencia de que eso era lo normal y lo que se esperaba de ella».
La menor, que vivía en Alemania con su madre, estuvo sometida al control del matrimonio, que pretendía llevarla a España a vivir con ellos «separándola de su familia biológica y desescolarizando a la menor, que no hablaba nada de español y nunca había estado en España», de acuerdo al Ministerio Público.
Señala que el 22 de junio de 2022, tras someter a la menor a la prueba del pañuelo que acreditaba su virginidad, la chica fue obligada a mantener con el hijo de los acusados una relación análoga a la conyugal con relaciones sexuales completas, «aceptando la menor ésta situación por haber sido educada en la creencia de que eso era lo normal y lo que se esperaba de ella».
Un día más tarde, añade, los padres de la menor acudieron a una notaría en Rumanía para manifestar que su hija pasaría a vivir con M. R. y que desde ese momento, y hasta el año 2024, autorizaban a su hija a viajar por el extranjero acompañada de la acusada.
Por ello, el 24 de junio de 2021 se celebró en Rumanía una gran fiesta para celebrar el enlace de los dos menores. Según expone la Fiscalía, dos días más tarde, la pareja que compró a la menor se la llevaron desde Bucarest a Madrid y la alojaron con ellos en un piso en Mejorada del Campo.
Desde entonces, y hasta la fecha de la entrada y registro que tuvo lugar el 4 de octubre de 2021, la menor permaneció sin escolarizar, compartía habitación y cama con el joven, con quien mantenía una relación análoga a la conyugal, también de acuerdo al relato de la Fiscalía.
Además, indica que su documentación (pasaporte y partida de nacimiento) estaban en poder de los padres del chico y no tenía teléfono móvil personal. Salía poco de la casa y cuando lo hacía, era siempre acompañada de los acusados o del chico, agrega.
El 17 de septiembre de 2021 la menor fue llevada a Sevilla por C. A. y M. R. para acudir a una fiesta que tuvo lugar al día siguiente en la Hacienda Atarazana, para celebrar de nuevo en España el enlace de los dos menores, concluye su relato.
