La propuesta se refiere tanto a la corrupción en el sector público como en el privado. Prevé la ampliación de la lista de delitos penales en cada Estado miembro de la Unión Europea para abarcar la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, así como la obstrucción a la justicia y el enriquecimiento ilícito relacionado con delitos de corrupción, más allá de los delitos de soborno más clásicos.
También establece niveles de pena coherentes y define las circunstancias agravantes y atenuantes. Las circunstancias agravantes podrían aplicarse, por ejemplo, cuando el delincuente es un funcionario de alto nivel o es responsable de la aplicación de la ley.
Las circunstancias atenuantes podrían incluir situaciones en las que el delincuente identifica a otros delincuentes o ayuda a llevarlos ante la justicia.
LA CORRUPCIÓN LE CUESTA A LA UE 120.000 MILLONES DE EUROS ANUALES
Según el Informe de Evaluación de la UE sobre la Corrupción publicado en 2020, se estima que la corrupción le cuesta a la economía de la UE alrededor de 120 000 millones de euros al año, lo que representa aproximadamente el 1 % del PIB de la Unión Europea.
Sin embargo, estas cifras son estimaciones basadas en datos limitados y pueden no reflejar completamente la magnitud real del problema.
La comisaria Ursula von der Layen considera vital actualizar el actual marco jurídico de lucha contra la corrupción, que se considera fragmentado y de alcance limitado. Las medidas para luchar contra la corrupción a nivel nacional en cada uno de los 27 países de la Unión no están lo suficientemente armonizadas.
Esto es lo que se pretende paliar con esta Directiva que, obligatoriamente, tendrá que estar armonizada con la de protección a los alertadores de corrupción que el pasado mes de febrero fue transpuesta a la jurisdicción española a través de la Ley 2/2023.
Actualmente la tipificación de los distintos delitos y las sanciones aplicables a los mismos varían significativamente entre los estados miembros. Esto obstaculiza la lucha eficaz contra la corrupción, especialmente en los casos transfronterizos, que no dejan de aumentar.
La Comisión también se propone reforzar la aplicación de las normas anticorrupción mediante la creación de organismos anticorrupción especializados con recursos y formación adecuados.
Asimismo, se mejoraría la aplicación obligando a los Estados miembros a introducir instrumentos de investigación adecuados para las fuerzas del orden y los fiscales.
PODRÁ LEVANTARSE LA INMUNIDAD A LOS REPRESENTANTES DEL ESTADO
Si las normas entraran en vigor, los Estados miembros también tendrían que asegurarse de que, durante las investigaciones por corrupción, se pueda levantar la inmunidad de los representantes del Estado «mediante un proceso eficaz y transparente preestablecido por ley».
Refuerza también el aspecto de la aplicación de la ley. Los informes sobre el Estado de Derecho han puesto de manifiesto que la eficacia de los sistemas de justicia penal son clave para mantener unas normas estrictas.
La futura Directiva establecerá normas mínimas para hacer frente a la compleja red de actividades interrelacionadas que alimentan la corrupción en las sociedades actuales.
Aborda factores clave para una labor eficaz de lucha contra la corrupción, como la capacidad, la especialización y el acceso a las herramientas de investigación pertinentes, así como los obstáculos a la investigación y el enjuiciamiento efectivos, como los procedimientos onerosos y opacos para levantar inmunidades o los plazos de prescripción excesivamente cortos para los delitos de corrupción.
La propuesta será revisada ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo.
