Carlos Granados, director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid
Carlos Granados director de la Oficina Municipal Antifraude del Ayuntamiento de Madrid: «Antes, muchas cosas se movían por dinero»
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18/6/2023 06:30
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Actualizado: 17/6/2023 21:46
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Durante 23 años fue magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, desde 1992 hasta 2015, si bien durante dos de esos años –entre 1994 y 1996– fue fiscal general del Estado. Los dos últimos años de la era del presidente Felipe González.
La «auctoritas» de Carlos Granados se da por descontada. Han sido un total de 45 años dedicados al ejercicio de la judicatura, salvo esos dos años. Desde el 31 de enero de 2018 dirige la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid desde Casa Cisneros, en Madrid. Un puesto al que llegó con el apoyo de Más Madrid y del PSOE cuando ostentaban la administración del Ayuntamiento.
Y en el que ha sido revalidado recientemente por la actual administración conservadora que capitanea el alcalde del PP, José Luis Martínez Almeida. Lo que ratifica la independencia de la que toda su vida ha hecho gala Granados. Sin duda un hombre de estado.
La última medida que el director de la Oficina Municipal Antifraude ha implementado en el Ayuntamiento, aplicando la Ley 2/2023, de alertadores de corrupción, es la creación de un canal de denuncias especia.
Porque está dotado de un sistema que protege las identidades de quienes informen sobre infracciones que se pudieran haber cometido en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, así como con las sociedades de mercantiles que maneja.
«La gente no aprovecha la oficina municipal, desconocen que existe un organismo por el cual pueden dirigir denuncias por irregularidades que hayan podido sufrido o conocer», señala Carlos Granados. «De lo que se trata es de subsanar estas presuntas malas prácticas. Pero la labor de la Oficina más importante es la labor de prevención», aclara.
Este es «un sistema muy atractivo para quienes luchan a favor de la justicia y la integridad de la función pública», asegura.
Para hacer una comparación, se retrotrae a la época en la que tomó posesión como magistrado. «Antes, muchas cosas se movían por dinero», recuerda, apuntando a juzgados donde, «si no se ‘engrasaba’ pagando a los funcionarios, no funcionaban».
En lo que caracteriza como un esfuerzo de años, hace referencia al «grupo de jueces jóvenes» que fueron la punta de lanza de aquel «cambio importante en todas las instituciones», que bajaba a los calabozos a hacer las pruebas de reconocimiento en rueda y perseguía la consolidación de la integridad y la ética en las instituciones. «Son más honestas y éticas que hace años», afirma.
Ahora, la Oficina Municipal Antifraude existe como un cuerpo independiente y adscrito al pleno del Ayuntamiento de Madrid, ante el cual rinden cuenta de sus tareas, frente a los grupos políticos. La dirección del órgano, que asumió después de jubilarse, es una continuación que ve como una continuación de su trabajo como jurista.
Según los informes emitidos por la Oficina con la intención de presentar los casos tratados y las posibles áreas de conflicto, la mayoría de las denuncias recibidas están relacionadas con los campos de las licitaciones públicas, las licencias urbanísticas y las declaraciones responsables, que tocan los temas mencionados. Una persona que falte a la verdad después de firmar una declaración responsable puede enfrentar responsabilidades administrativas o hasta penales, según los documentos.
También los ámbitos ecológicos están cubiertos por las actuaciones de la oficina, incluyendo las situaciones que atenten contra el medioambiente, e incluso la contaminación acústica, si se comprueba que genera un perjuicio real, puede ser motivo de delito. Y es la oficina la que analizará si la denuncia es del ámbito de la ley o si es del ámbito de la propia oficina, que tiene su propio reglamento orgánico, dependiendo de la gravedad de la información recibida por el buzón.
UN CANAL DE DENUNCIAS QUE GARANTIZA EL ANONIMATO
«Los entes públicos deben tener un sistema interno, y después está la posibilidad de los sistemas externos, con una autoridad independiente, que actúe a nivel nacional o comunitario, encargada de otorgar protección a los informantes, de castigar a quienes tomen represalias contra ellos y de sancionar las infracciones», dice Granados, haciendo referencia al canal de denuncias de la oficina que dirige.
Con toda denuncia hay una garantía de anonimimato y confidencialidad, excepto en los casos en los que el denunciante solicita expresamente que no se reserve su identidad, pero únicamente en el caso de las infracciones graves o muy graves se pueden ofrecer medidas adicionales de protección, con la aplicación de la Ley de Protección del Informante.
Estas medidas adicionales, según la ley, incluyen la información y asesoramiento jurídico completos e independientes, la asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes y apoyo financiero y psicológico, y forman parte de las tareas de la autoridad independiente instituida con este fin.
El cuerpo cumple, en palabras de Granados, una función social, así como una función política: «El que un Ayuntamiento tenga una oficina antifraude quiere decir que están preocupados por su integridad y por que las cosas funcionen bien». «Varios ayuntamientos tienen recelos por pensar que tener una oficina antifraude proyecta una imagen de un problemas de corrupción, además de que cuesta mucho dinero, pero sucede todo lo contrario», declara.
También expone el argumento económico para implantar estos sistemas. «Nosotros nos preocupamos por que los fondos públicos tengan un buen uso y enterarnos de posibles conflictos de interés, por eso es una buena inversión», dice, haciendo referencia a un estudio de la UE que establece que se pierden 90 mil millones de euros entre todos los Estados miembros a causa del fraude.
La Ley 2/2023 especifica que marca una serie de medidas de protección se extenderán a quienes denuncien por los canales implantados infracciones graves o muy graves, que puedan constituir un delito, que vulneren los intereses de la Unión Europea (UE) o que perjudiquen económicamente a la Hacienda Pública, lo cual constituye el límite objetivo de la norma.
En el ámbito subjetivo, ampara a quienes tengan una relación funcional, profesional o laboral con el organismo al que denuncian, ya sea la empresa privada o un ente público que haya cometido la acción denunciada. Desde la Oficina Municipal Antifraude de Madrid comunican que están buscando la implantación de sistemas de comunicación con los denunciantes sin que se pueda saber quiénes son.
«Lo que más me extraña es que ayuntamientos importantes no hayan puesto todavía sus propios canales de denuncia y sus buzones», dice Granados. Es una obligación que afecta a todos los ayuntamientos de poblaciones de más de 10.000 habitantes, pero él prefiere resaltar su practicidad. «En una reunión con los sindicatos, uno me preguntó: ‘¿Y esto por qué no lo tenemos en Murcia?'», comenta entre risas.
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