El 28 de noviembre de 2017, José Antonio C, un policía local de Isla Cristina, Huelva, casi pierde la vida en unas prácticas de tiro. El instructor del curso le disparó en la pierna y le quedaron grandes secuelas hasta el punto de que hoy en día es apto para el servicio pero está en situación provisional de segunda actividad.
Disparo que el instructor realizó sin comprobar si su arma estaba completamente limpia de balas y sin aplicar el protocolo de seguridad que él mismo había elaborado para evitar accidentes.
Por estos hechos, que negó durante años y que no reconoció hasta el día del juicio, la Justicia le condenó por un delito de lesiones por imprudencia grave, pero el caso no terminó aquí. Hace una semana el agente herido denunció a tres policías locales -uno de Lepe, otra de Sevilla y otra de Huelva- acusándolos de un delito de falso testimonio.
Declararon ante el notario un contenido que, tras el juicio, se comprobó que no se ajustaba a la realidad.
La condena llegó de la mano de los magistrados de la Audiencia Provincial de Huelva, Antonio G. Pontón, Esteban Brito y Luis G. García-Valdecasas el pasado 9 de marzo. Tendrá que pagar 1.800 euros de multa, abonarle una indemnización de 66.178 euros a José Antonio C. y otra a la aseguradora de 65.278 euros.
Cursos organizados por los ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina
Para conocer la historia completa, hay que remontarse a años atrás. El policía local ya condenado fue contratado por el Centro de Formación Ocupacional (CEFO) dependiente de la Mancomunidad de Islantilla como instructor en el curso de formación “Armamento y tiro policial”.
Cursos que organizaron los ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe en el marco del “XX Plan agrupado de formación continua para el año 2017”. Asistieron 20 agentes de las plantillas de ambos consistorios.
Según los hechos probados de la sentencia, en el desarrollo de aquel curso, una vez superada la formación teórica, se pasaba a la galería de tiro donde se llevaba a cabo la formación práctica. Allí se implantó un protocolo de seguridad en el manejo del arma que fue elaborado por el propio instructor. Consistía en unas explicaciones audiovisuales “in situ”.
Ya en la galería de tiro, dos auxiliares del instructor se encargaban de revisar una a una las armas de los asistentes para que todas entraran al lugar “limpias” de munición, es decir, sin cargador y sin balas propias.
El policía necesitó 534 días para curarse
Pero ese fatídico 28 de noviembre de 2017 José Antonio C., junto con otros cinco policías locales cursillistas, se colocó en semicírculo para poder prestar atención a las explicaciones del instructor jefe.
El instructor se puso a detallar las diferencias entre dos tipos de pistola, la de José Antonio C., que estaba descargada, y la suya, que no lo estaba. Efectuó un disparo que impactó en su pierna.
A consecuencia del disparo, el policía local sufrió una herida de bala en el muslo izquierdo con una rotura de la arteria femoral superficial por la que necesitó 534 días. Como consecuencia de las lesiones, a día de hoy es apto para el servicio como policía local, pero está en situación provisional de segunda actividad.
La denuncia
Según la denuncia a la que ha tenido acceso Confilegal y que ha sido presentada por el abogado José Luis Orta, que ha llevado todo el caso, “durante la instrucción, el denunciado y autor del disparó negó tajantemente durante más de 5 años la autoría de los hechos”.
El escrito describe que el instructor se rodeó de posibles testigos para intentar acreditar su inocencia. «Y el 18 de septiembre de 2020, en plena instrucción del procedimiento y en el momento procesal de aportar las pruebas que pudiera disponer en su defensa” los tres denunciados comparecieron ante el Ilustre Notario de Lepe y de Sevilla.
Allí aportaron sus declaraciones juradas donde hicieron ver que era imposible que el instructor hubiese llevado a cabo el disparo.
«Si desde el primer día se hubieran reconocido los hechos, quedaría en un incidente desafortunado»
Sin embargo, lo que no esperaban los testigos era que el día del juicio el instructor se derrumbase en el banquillo de los acusados y que por primera vez en más de 5 años reconociese los hechos y se declarase autor directo y responsable de lo sucedido.
En palabras a Confilegal, el letrado ha explicado que ha sido una enorme satisfacción poder interponerla tras casi seis años «luchando por defender la justicia de una causa penal basada en la mentira».
«Si desde el primer día se hubieran reconocido los hechos, todo quedaría en un incidente desafortunado, pero desde el principio complicaron las cosas al no reconocer expresamente la autoría del disparo. Llegaron a presentar informes balísticos, informes de peritos y testigos con tal de desacreditar a mi cliente que era el único perjudicado, pues estuvo apunto de perder la vida».
«Ahora, aquellos que le apoyaron y mintieron en presencia notarial, se van a enfrentar un procedimiento judicial por falso testimonio que lleva aparejada una condena de cárcel y una posible inhabilitación y su trabajo de policías locales. Confío en que la justicia ponga a cada uno en su sitio, a pesar del tiempo transcurrido y del daño y dolor sufridos», ha concluido.
