El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha criticado la respuesta de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia ante las solicitudes de medidas de refuerzos en las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, habiendo esta denegado 9 de las 28 peticiones cursadas por el Consejo General del Poder Judicial en abril, casi un tercio.
En el informe del Ministerio dirigido por Pilar Llop, emitido el 16 de junio, se justifica, de acuerdo al artículo 216 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que «únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria», y cuantifica la dotación máxima «para la atención del coste por refuerzos en dicho ejercicio» en 7.179.842,18 euros, sin incluir lo que se abone al juez titular por sustitución o sustituto que se haga cargo del juzgado asignado.
Las denegaciones incluyen las de cuatro juzgados de lo Penal especializados en violencia sobre la mujer, una para el Registro Civil Central, cinco para la Audiencia Provincial de Madrid y una para la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, siendo la mayoría prórrogas de estas medidas.
La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, anticipó que el tiempo de tramitación en los procedimientos pasaría a tardar de un año o un año y medio a tardar tres o más. «De los cinco magistrados titulares en la sección 22, hay tres que están de baja, otros dos sin relevación de funciones con un límite de 12 ponencias mensuales cada uno, y una magistrada a tiempo completo en comisión de servicios con relevación de funciones».
Por ejemplo, la sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos relativos al derecho de Familia y a las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica «ya tenía 1.115 asuntos pendientes a fecha de 31 de marzo, a los que hay que añadir los 280 asuntos que hubiese resuelto el refuerzo que han suprimido”, ha resaltado Winkels.
Es una situación que contribuye con el «colapso» de la Audiencia Provincial, especialmente en «sectores sensibles como los de Familia y Condiciones Generales de la Contratación», según Ribón, que señala que en la capital se suspende en promedio un 35 % de los señalamientos a diario, con un total de más de 7.500 procedimientos suspendidos.
Denunció además que la falta de respuesta del Ministerio ante sus comunicaciones, motivo por el que lo calificó de «Ministerio fantasma».
También destacó el perjuicio económico de las personas que viajan a otros territorios para los juicios y pierden los gastos de viajes y alojamiento al no celebrarse estos, una situación que se repite por anunciarse la suspensión en sala en vez de comunicarse previamente y que «no disminuye la carga de trabajo, sino que más bien aumenta».
En el momento de publicación de esta noticia, el Ministerio de Justicia no ha respondido a las preguntas de Confilegal.
Esta situación se concatena con la huelga convocada por los funcionarios de la Administración de Justicia, que componen los elementos que llevan a la «paralización de la Justicia», en palabras de Ribón, que había solicitado a los sindicatos que desconvocaran hasta el final de la temporada electoral.
La idea hubiera sido «recuperar la situación para confrontar al Gobierno si quedara electo el mismo y dar un plazo prudencial si se eligiera uno nuevo para que pudieran establecer un gabinete y reiniciar las negociaciones».
