La Audiencia Nacional ha suspendido este martes el juicio contra 22 integrantes de una empresa por haber estafado, presuntamente, 50 millones de dólares a 50.000 personas de todo el mundo.
Según ha informado el abogado de la acusación particular, Damián Vázquez a Confilegal, se ha suspendido con el objetivo de formar nuevas reuniones en tres días distintos en julio con el Fiscal en la Audiencia Nacional para llegar a posibles acuerdos.
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha relatado que sólo tendrán “un día o dos” de sesiones en el caso de que se alcanzasen acuerdos ya que lo que es desplegar un juicio oral sería a partir de 2024 porque el calendario de la Sección Cuarta tiene juicios anteriores.
En este sentido, la magistrada ha criticado que el juicio esté «sufriendo un retraso» que no comparten, que no les «agrada nada» al ir «en contra de un sentido del deber»: el de «hacer justicia».
El escrito de acusación
En el escrito de acusación la Fiscalía pide para José Manuel Ramírez una pena de 11 años y 6 meses de cárcel como supuesto máximo responsable de la organización junto a su mujer, María Pilar Otero. Y para el resto de los acusados, 7 años y medio.
Les acusa de delitos de integración en grupo criminal y, además, a José Manuel Ramírez también de un delito de estafa –junto a su mujer–y otro delito de blanqueo de capitales.
El Ministerio Público asegura que los 22 acusados formaban «parte de un grupo criminal organizado especializado en la comisión de masivas estafas piramidales entre otros actos criminales, estando las funciones de cada uno de los acusados dentro del grupo perfectamente definidas, procediendo todos ellos a la captación de ciudadanos de todo el mundo que habrían adquirido ‘packs’ o franquicias de la empresa UNETENET».
En este sentido, el escrito indica que «la única manera de recuperar su inversión era recurrir al dinero procedente del alta de nuevos socios a los que se les promete ganar dinero por simple publicidad».
De ese modo, continúa el Ministerio Fiscal, procedieron a la creación de una empresa registrada en San Vicente de Granadinas como «matriz de diversas filiales» de las que Ramírez y su mujer «eran socios y máximos responsables».
