La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, presentará hoy un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra el nombramiento de la exfiscal general del Estado y exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Se suma al presentado el pasado mes de junio por el fiscal antidroga Luis Ibáñez, uno de los tres candidatos a esta plaza de nueva creación, a la que también aspiraban Juan Calparsoro, de la Fiscalía de Guipúzcoa, y Carlos Castresana, que ejerce en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y que fue el candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional en 2021.
La AF ha publicado hoy un comunicado en el que destaca que el Ministerio Fiscal es «una organización pública cuyos principios de actuación y reglas básicas de funcionamiento se establecen directamente en la Constitución, preservando a la institución de coyunturales vaivenes políticos».
Hace hincapié en que «esta garantía normativa de objetividad, imparcialidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal, en su función esencial de promoción de la justicia, puede verse menoscabada por decisiones que, si bien se presentan como formalmente correctas, desconocen y alteran el orden de principios y valores constitucionales que ha de presidir el funcionamiento y la actuación de los órganos superiores del Estado».
Señala que con la interposición de este recurso, la AF «cumple con su obligación de defender los intereses de la Carrera Fiscal ante las más que previsibles consecuencias que puedan derivarse del nombramiento impugnado, afectando negativamente al correcto funcionamiento de una plaza tan relevante en la organización del Ministerio Público».
«La Asociación de Fiscales ha estudiado la materia y ha considerado que está legitimada para la interposición del recurso porque es una cuestión que afecta a la imparcialidad y al buen crédito de la carrera fiscal», declara a Confilegal su presidenta, Cristina Dexeus.
Espera que la Fiscalía General «recupere el prestigio y el reconocimiento público de las demás instituciones que ha perdido por prácticas como ésta», y que, además, la Fiscalía «no deje de ser uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, por el que hemos de velar para evitar su resquebrajamiento».
El nombramiento de Delgado se decidió en un tenso Pleno celebrado el 8 de junio que llegaba precedido por la polémica generada por la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de adelantar la reunión, prevista inicialmente para el 19 de junio, para garantizar que los nombramientos se materializasen pese al adelanto electoral al 23 de julio.
Una vez iniciada la reunión, los siete vocales electos de la AF y la APIF insistieron en la necesidad de suspender la deliberación y votación de la plaza a la que optaba Delgado para aclarar antes si Dolores Delgado incurría en causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación destinada a los Derechos Humanos.
García Ortiz lo rechazó, por lo que estos siete vocales decidieron no participar ni en la deliberación ni en la votación de la plaza.
Según explicó en su día la AF, esta abstención impidió que la voluntad del Pleno para informar sobre esta propuesta de nombramiento se formara correctamente, por lo que apuntan a una nulidad de pleno derecho.
EN CONTRA DEL CONSEJO FISCAL
El fiscal general propuso nombrar a Delgado, pese a que ésta solo recibió los votos de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenecieron tanto él como ella- y de las dos vocales natas. El otro vocal de la UPF apoyó a Calparsoro.
Finalmente, el Gobierno nombró a Delgado el 13 de junio.
Antes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, solicitó un informe a la Abogacía del Estado que indicaba que no tenía margen legal para no elevar la propuesta de García Ortiz a favor de su antecesora en el cargo.
El teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, también llevó al Supremo el ascenso de Delgado a fiscal de sala de lo militar en esa misma sede judicial, plaza por la que él competía.
Delgado se hizo con el puesto en la Sala de lo Militar del Supremo tras un Pleno celebrado el pasado septiembre donde la mayoría del Consejo Fiscal apoyó a Rueda, fiscal especialista en lo militar. Con esta propuesta de nombramiento, ratificada posteriormente por el Gobierno, la otrora jefa del Ministerio Público ascendió a la máxima categoría: fiscal de sala.
Este nuevo recurso de la AF llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS haya anulado por segunda vez el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala de Menores.
Ya lo revocó en abril de 2022 por falta de motivación, pero Delgado volvió a designarlo desarrollando las razones por las que le encomendaba el cargo.
No obstante, el TS cree que sigue siendo insuficiente, por lo que ha vuelto a tumbarlo.
