La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, volvió a proponer al Gobierno que nombrara a Eduardo Esteban Rincón fiscal de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado (FGE) después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara su nombramiento para dicho cargo «por falta de motivación».
El 5 de mayo, Delgado formuló nueva propuesta de ascenso de Rincón y de nombramiento y a propuesta de la ministra de Justicia, Pilar Llop, el Consejo de Ministros lo aprobó. El BOE publica hoy el Real Decreto por el que se le promueve a dicha categoría y se le nombra para el cargo.
El pasado mes de abril, el Supremo estimó los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal, y del fiscal José Miguel de la Rosa contra el Real Decreto 212/2021, de 30 de marzo, por el que se nombró a Esteban Rincón para este cargo. De la Rosa, perteneciente a la AF, también se había postulado a esa plaza.
Así, declaró la nulidad del nombramiento y ordenó que se retrotrayeran las actuaciones para que la fiscal general del Estado «dé razón de la mayor idoneidad del candidato que proponga para el cargo controvertido tras ponderar y analizar, siempre en cuanto a la materia de menores, los méritos de los dos candidatos en liza».
LO QUE DIJO EL SUPREMO
El tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo afeó a Delgado que la motivación para proponer a su candidato «no cumplía las exigencias mínimas». En la sentencia sobre el recurso de la AF, ponencia del magistrado José Luis Requero, destaca que la relación de Eduardo Esteban Rincón con la materia de menores ha sido «esporádica y mínima» mientras que José Miguel de la Rosa «ha hecho de esa materia el centro de su vida profesional».
En la resolución sobre el recurso de De la Rosa, ponencia de la magistrada Pilar Teso Gamella, el TS asevera igualmente que aprecia «una gran diferencia entre la trayectoria profesional del candidato preterido (De la Rosa) y la del nombrado (Rincón), para la plaza de Fiscal de Sala de Menores, en cuyo ámbito el nombrado tiene una escasa experiencia».
«El fiscal demandante ya tenía la categoría de Fiscal de Sala, mayor antigüedad y abundantes publicaciones en la materia, pero lo relevante es su dilatada trayectoria profesional en Secciones de Menores de las Fiscalías correspondientes, y ello aunque no se trate en puridad de una especialidad tiene el valor que confiere la experiencia», añadía el Supremo.
Además, reprochó a Delgado que en su propuesta para nombrar a Rincón «la mayor parte de la motivación expresa legítimas razones, pero se sustenta sobre valoraciones de carácter subjetivo y sobre cláusulas generales que avalan la idoneidad del nombrado, sin dar razón de su procedencia».
LA AF DESTACABA QUE DE LA ROSA ES VERDADERO ESPECIALISTA EN LA MATERIA Y EL OTRO PETICIONARIO ALEGÓ ‘DESVÍO DE PODER’
La AF veía necesario que el Supremo se pronunciara sobre «la concurrencia de fundamento suficiente para considerar que no existe arbitrariedad en este nombramiento por parte de la fiscal general del Estado».
«La plantilla de fiscales de Sala está sobredimensionada, y ascender a un compañero a la primera categoría supone un coste innecesario, pues perfectamente podría asumir la coordinación otro de los fiscales de Sala ya existentes, en concreto el otro peticionario, José Miguel de la Rosa», sostiene la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus. Así lo declaró a Confilegal a raíz de la interposición del recurso.
Señalaba que «frente a Eduardo Esteban, que carece de formación en materia de la jurisdicción de menores, se enfrentaba José Miguel de la Rosa, verdadero especialista en la materia», como ha constatado el Tribunal Supremo, por lo que la AF consideraba que el nombramiento de De la Rosa es «el más fundamentado, tanto por razón de mérito, capacidad, antigüedad, como de respaldos en el Consejo Fiscal, donde este último contó con mayor número de apoyos, seis frente a cinco».
La AF indicó en su demanda los méritos de uno y otro candidato y la adecuación de los mismos a la plaza a la que concursaban, puesto que se trata de una plaza de fiscal de Sala coordinador de los fiscales de la jurisdicción de menores, cuyos componentes están caracterizados por la especialidad en la materia, especialidad de la que, según asegura, «carece por completo Eduardo Esteban Rincón».
Sin embargo, afirma que José Miguel de la Rosa es «un auténtico especialista en la materia, a la que ha venido dedicándose durante gran parte de su carrera, siendo, además, autor de algunas de las circulares más relevantes en materia de menores de la Fiscalía General del Estado, autor de multitud de publicaciones, así como director de diversos cursos sobre el tema».
Dexeus subrayaba que «con De la Rosa se aseguraría la eficacia del servicio público que en esa materia da la Fiscalía a los ciudadanos, al tener como fiscal coordinador de todos los especialistas a un fiscal de Sala absolutamente preparado, pues desde 1999 y en los distintos destinos en los que ha servido se ha dedicado a la especialidad de menores».
De la Rosa también hizo en su recurso una ponderación de los méritos entre ambos y en el último motivo denunció «desvío de poder».
LA AF DENUNCIA QUE DELGADO HA REALIZADO NOMBRAMIENTOS POR AFINIDAD Y SIN MOTIVACIÓN SUFICIENTE DE MÉRITOS
La sentencia del Supremo llegó en plenas elecciones al Consejo Fiscal, en las que ha arrasado la Asociación de Fiscales al conseguir 6 de los 9 vocales del órgano consultivo de la fiscal general.
La AF destaca que el resultado de estas elecciones son «el reflejo del sentir de la Carrera frente a las formas de actuar de la fiscal general del Estado y su equipo».
«La Carrera Fiscal rechaza abrumadoramente la gestión de Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado y reconoce el buen hacer y el trabajo realizado por la Asociación de Fiscales y sus vocales durante este periodo de cuatro años», afirmó a este diario Dexeus, en su primera entrevista tras las elecciones, y señaló que a la vista de estos resultados, Delgado «debería plantearse seriamente su dimisión ante el total rechazo de la Carrera a su gestión», dimisión ya solicitada por la AF en varias ocasiones.
La presidenta de la AF denuncia que «Delgado ha realizado nombramientos por afinidad y sin motivación suficiente de méritos, entre ellos el de Esteban Rincón; ha favorecido sistemáticamente en los nombramientos discrecionales, en especial al ascenso a la primera categoría, a fiscales pertenecientes a la UPF, su asociación; está actuando al margen de los procedimientos establecidos, por ejemplo negando virtualidad a las elecciones de la Comisión de Ética, al no constituirla, y arrogándose funciones que no le corresponden; y ha venido omitiendo las comunicaciones a los fiscales a través de los cauces institucionales como son circulares, instrucciones y consultas».
«A esto se suma la reclamación en vía jurisdiccional de los vocales del Consejo Fiscal de la documentación sobre el caso Stampa, negada por la fiscal general del Estado; la reclamación judicial de la AF contra el decreto de Delgado en el que suspende la constitución de la Comisión de Ética de forma injustificada; los informes de la Asociación de Fiscales al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal o al de Memoria Democrática; y los trabajos de nuestra asociación en materia de retribuciones y de pérdida de poder adquisitivo, entre otros muchos para mejorar la Carrera Fiscal», añade Dexeus.
Además, la AF ha denunciado ante la Comisión Europea «la cacicada del PSOE» para ascender a Delgado con una modificación legal para que se convierta automáticamente en fiscal de Sala del Supremo cuando acabe su mandato, y la reforma propuesta por este partido para que la fiscal general informe al Gobierno de cuantos asuntos considere por motu propio de interés para Pedro Sánchez. La AF ha pedido al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, que actúe para evitar «el menoscabo de la independencia del Ministerio Fiscal y de su imparcialidad» que esa reforma conllevaría.
Para la asociación mayoritaria en la Carrera Fiscal, «el pecado original» radica en el nombramiento de Delgado como fiscal general por el mismo Gobierno del que ha sido ministra de Justicia y diputada, y subraya que esto «empaña la imagen de imparcialidad del fiscal genera, y, por tanto, de la institución».
La APIF también ha denunciado ante la Comisión Europea las maniobras del Gobierno para favorecer a Delgado y que, según advierte, «ahonda en la politización de la Fiscalía».
En las elecciones, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), perdió dos de los cuatro vocales que tenía, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), por primera vez ha metido la cabeza en este órgano consultivo de la fiscal general con un vocal, Salvador Viada Bardají, su presidente.
A los tres miembros natos del Consejo Fiscal, que son la fiscal general del Estado, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal jefa inspectora, María Antonia Sanz, se suman los 9 vocales elegidos que entran por un periodo de cuatro años.
«Ahora, el Consejo Fiscal comienza una nueva andadura, en la que la fiscal general del Estado no podrá justificar sus resoluciones en el apoyo de los vocales de la UPF, respaldo con el que hasta ahora contaba, así como el de los dos miembros natos, pero esto se ha acabado, ha perdido el control sobre el Consejo Fiscal», subraya la Asociación de Fiscales, y espera que esto suponga «un cambio de actitud de la fiscal general si no dimite, y que comience una etapa de consenso y no de rodillo».
Los vocales elegidos por la lista de la AF reclamaron a Delgado la semana pasada que convoque a la mayor brevedad la reunión del Consejo en la que deberán tomar posesión del cargo. Se ha convocado para el próximo 29 de junio.
