La AF ha enviado sendas cartas al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders (en la imagen), y a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, para transmitirles su "honda preocupación" ante esta reforma y pedirles que actúen. Foto: Mario Salerno/European Council
La AF pide al comisario europeo de Justicia que actúe para evitar la reforma con la que el PSOE pretende ascender a Delgado
Advierte del "riesgo" que esta reforma supone para el Estado de Derecho y pide a la Comisión Europea que tome medidas "para evitar el menoscabo de la independencia del Ministerio Fiscal y de su imparcialidad"
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20/4/2022 10:52
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Actualizado: 20/4/2022 11:41
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La Asociación de Fiscales (AF) ha solicitado a la Comisión Europea, como guardiana de los tratados y de la salud democrática de nuestros Estados, que tome medidas para evitar la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que pretende el PSOE para colocar a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a su cese en el cargo como fiscal de Sala del Tribunal Supremo, una categoría que no ostentaba y que supone el máximo reconocimiento profesional y retributivo en la Carrera.
Para la AF, la asociación mayoritaria en la Carrera Fiscal, es un «ascenso encubierto para Delgado», y destaca que el PSOE ha introducido esta reforma a través de una enmienda presentada al Proyecto de Ley de reforma concursal «para evitar el pronunciamiento del Consejo Fiscal e incluso el debate en la Carrera». Denuncia que es una «injerencia».
La Asociación de Fiscales ha enviado sendas misivas al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, en las que les transmite la «honda preocupación» que el texto íntegro de esta enmienda les ha causado, «por derivarse del mismo mecanismos que en nada se compadecen con las recomendaciones que desde el GRECO y la propia Comisión se vienen haciendo a España con el objeto de potenciar la independencia del Ministerio Fiscal, someter las relaciones entre este y el Gobierno a los principios de publicidad y transparencia, y desligar el nombramiento del fiscal general del Estado de decisiones puramente partidistas».
En la carta, fechada a 12 de abril, advierte del «riesgo» que esta reforma supone para el Estado de Derecho, y les pide que adopten las medidas que consideren oportunas «para evitar el menoscabo de la independencia del Ministerio Fiscal y de su imparcialidad como pieza clave en todo sistema democrático».
Para la AF, el contenido de la enmienda del PSOE vulnera el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que proclama los valores esenciales de la Unión propugnando como uno de ellos el respeto por el Estado de Derecho, «y se falta de esta manera al compromiso» adquirido, en virtud del artículo 49 del mismo Tratado.
La Asociación de Fiscales, «en la promoción de la independencia de los miembros del Ministerio Fiscal y en defensa de la legalidad e imparcialidad en la actuación» del mismo, se dirige a ambos para expresarles su zozobra «ante el riesgo de deterioro grave del Estado de Derecho consecuencia del menoscabo del principio de independencia del Ministerio Fiscal en sus relaciones con el Gobierno de la nación y la pérdida de la necesaria imparcialidad de quien dirige esta Institución, así como de su apariencia, derivada de las injerencias políticas en este órgano Constitucional» de acometerse dicha reforma.
La Asociación de Fiscales lleva tiempo reivindicando la necesidad de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como requisito indispensable para la atribución a los fiscales de la investigación penal. Reforma que «debería ir acompañada de la necesaria reflexión e informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal». Alerta que con la reforma que pretende el PSOE «se escamotearán dichos informes» y que le da la sensación de que «su finalidad última es la de premiar a la actual fiscal general del Estado al cese de su mandato, lo que comportaría una mayor politización de la Institución».
«Pero no sólo ello, y es que el texto de la enmienda contiene otros aspectos que, por ser unos contrarios a las recomendaciones que tanto desde la Comisión Europea como del GRECO se viene haciendo a España a fin de limitar y suprimir los supuestos de injerencias indebidas de los poderes públicos en el Ministerio Fiscal y otros insuficientes a tal fin, desdibujan por completo la justificación que desde fuentes gubernamentales se ha intentado dar a esta reforma», manifiesta.
Denuncia que en esta enmienda se introduce la posibilidad de que «la fiscal general, propuesta por un Gobierno que preside la misma persona que la hizo ministra, con quien compartió lista y proyecto electoral», podrá informar al Ejecutivo «de los asuntos que entienda de especial relevancia sin que deba dejar constancia por escrito de los informes que dirija al Gobierno a tal fin», ni dar a conocer públicamente, no ya de la información compartida, sino el simple hecho de compartir información con el Gobierno», y que obtendrá la recompensa de adquirir la condición de fiscal de Sala cuando cese como fiscal general del Estado.
Esta asociación, presidida por Cristina Dexeus, afirma que tanto el texto como la forma elegida para acometer estos cambios de enorme calado en la institución «evidencian la intención última que se persigue», que no es otra que la de «premiar la relación de subsidiariedad de la fiscal general del Estado con el Gobierno».
SUS PETICIONES A REYNDERS Y JOUROVÁ
La AF pide al comisario europeo de Justicia y a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia que en virtud de las competencias que le son propias insten al Gobierno de España «para que acometa las reformas de las que precisa el Ministerio Fiscal en forma absolutamente respetuosa con los valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en coherencia con el compromiso del Estado Español y garantía de respeto y promoción de tales valores conforme al artículo 49 del citado Tratado».
De persistir la voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de llevar a cabo esta reforma en los términos descritos, les solicita que ponderen la procedencia de «iniciar el procedimiento para constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte del Estado español de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea previsto en el artículo 7 del mismo».
Asimismo, que ponderen la aplicación del Reglamento 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del mismo relativo a la protección del presupuesto de la Unión, «en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho de los Estados miembros».
LA REFORMA QUE REIVINDICA LA AF VS. LA DEL PSOE
La AF hace hincapié en que el nuevo Estatuto Orgánico debe contemplar la reforma sobre las comunicaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal: primero, que se hagan por escrito con registro del documento concreto por el que se articulan tales comunicaciones; y segundo, que las mismas sean públicas como medio indispensable para hacer efectiva la transparencia que debe presidir la relación entre el Ejecutivo y una de sus más altas Instituciones porque solo así se podrá incrementar la percepción ciudadana de independencia de esta última.
Sin embargo, indica que el segundo y principal requisito, el de la publicidad para la efectividad de la transparencia, no se recoge en la reforma del PSOE, cuando es precisamente la única exigencia «útil a los efectos de control ciudadano y/o parlamentario de las posibles injerencias del Gobierno en el Ministerio Fiscal.
Esta asociación plantea que si no son de dominio público las peticiones de información, actuación o de omisión que el Gobierno dirija al Ministerio Público, qué se habrá ganado con el cumplimiento de un aspecto meramente formal, de documentación escrita y registro, y que nada aporta a la transparencia y al control de esas relaciones.
Señala del texto de la enmienda «el defecto relativo a la falta de publicidad y transparencia», pero también que «la efectividad de cumplimentar las comunicaciones por escrito y con registro quedará postergada al ulterior desarrollo reglamentario que debe hacerse conforme al texto de la enmienda».
La AF subraya que ese registro de la comunicación escrita entre el Gobierno y la fiscal general debe ser regulada con un reglamento. Explica que el PSOE recoge en su reforma que la fiscal general por iniciativa propia puede decidir comunicar al Gobierno asuntos de especial trascendencia en los que esté interviniendo el Ministerio Fiscal, pero no prevé que las relaciones estén reguladas reglamentariamente.
«Así, mediante la modificación de los dos preceptos aludidos, el 8.2 y 9.2 del EOMF, se establece una insuficiente obligación de documentación por escrito y registro de las comunicaciones entre el Gobierno y el Fiscal General de Estado que es perfectamente salvable mediante la artificiosa distinción de quién es la parte que establece la comunicación. O dicho en otros términos, se aparenta cumplir con parte de las recomendaciones realizadas a España tanto por la Comisión Europea como por el GRECO, y después se da carta de naturaleza a una vía destinada justamente a eludir la documentación, registro y publicidad que deben presidir las comunicaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal como materialización de la transparencia de las Administraciones Públicas», expone.
La AF afirma que así, en modo alguno se contribuye «a fortalecer el Estado de Derecho, dado que se promueve con la reforma un nuevo espacio de sombra donde podrán desenvolverse las relaciones institucionales, siendo esto absolutamente contrario a los principios que rigen en las instituciones europeas».
Para la asociación mayoritaria en la Carrera Fiscal, la reforma pretendida en esta enmienda no persigue dar cumplimiento a las recomendaciones del informe de GRECO de septiembre de 2021 y de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de 2020, sino «facilitar un pretexto utilizable en el esfuerzo argumental destinado a justificar» la medida que contiene la enmienda.
Recalca en su misiva que la fiscal general fue ministra de Justicia y diputada por este partido y saltó directamente a la Fiscalía General y que «con la reforma proyectada se le garantiza, a su vuelta a la Carrera Fiscal, una plaza en la máxima categoría de la misma, sin necesidad de concurrir con otros candidatos a ocupar tal plaza en concurso de méritos y capacidad», y avisa del «descrédito que llevaría aparejado tal reforma para la función que constitucionalmente está llamado a cumplir el Ministerio Fiscal».
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