La AF denuncia 'la falta de responsabilidad política y madurez democrática' de Montero y Rosell al no reconocer el error legislativo cometido
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, exige un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal donde se aborde «con seriedad y rigor» la organización y funcionamiento de la Carrera, previo a un debate en el seno de la misma. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

La AF considera una injerencia el ascenso encubierto para Delgado que pretende el PSOE

La asociación mayoritaria en la Carrera Fiscal denuncia que se introduzca una modificación de tal calado, "sin publicidad y hurtando de toda posibilidad de alegación al Consejo Fiscal y al CGPJ, así como a las asociaciones de fiscales y en general a toda la Carrera"

31 / 03 / 2022 10:07

Actualizado el 31 / 03 / 2022 11:37

La Asociación de Fiscales (AF) considera una injerencia la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley de Reforma Concursal en la que propone la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que quien ostente el cargo de fiscal general del Estado, al ser cesado del mismo adquiera la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo si procede de la Carrera Fiscal, como es el caso de la actual fiscal general, Dolores Delgado.

«Es una injerencia el ascenso encubierto para Delgado que pretende el PSOE», ha señalado a Confilegal Cristina Dexeus, presidenta de esta asociación, la mayoritaria en la Carrera Fiscal.

«Se está utilizando esta vía para evitar el pronunciamiento del Consejo Fiscal e incluso el debate en la Carrera sobre la conveniencia o no de esta norma que debe ir íntimamente aparejada a un estudio profundo sobre los requisitos para ser fiscal general del Estado, así como la duración de su mandato y el sistema de contrapesos para limitar el poder absoluto del fiscal general, amén de otras múltiples cuestiones necesitadas de reforma estatutaria con mucha mayor urgencia», manifiesta Dexeus.

La presidenta de la AF denuncia que «esta reforma es oportunismo político que solo pretende colocar a Delgado a su cese en una categoría que no ostentaba y que supone el máximo reconocimiento profesional y retributivo en la Carrera, lo que no deja de ser un premio o una recompensa para el fiscal general de turno y que prescinde del Consejo Fiscal».

Dexeus exige un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal donde se aborde «con seriedad y rigor» la organización y funcionamiento de la Carrera, previo a un debate en el seno de la misma.

‘INACEPTABLE’ UNA MODIFICACIÓN DE TAL CALADO, SIN PUBLICIDAD Y HURTANDO TODA POSIBILIDAD DE ALEGACIÓN

La Asociación de Fiscales se ha pronunciado sobre la iniciativa del PSOE en un comunicado, dirigido a la Carrera Fiscal y a la opinión pública.

Considera «inaceptable que se introduzca una modificación de tal calado, sin publicidad y hurtando de toda posibilidad de alegación al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial, así como a las asociaciones de fiscales y en general, a toda la Carrera Fiscal», según explica en el comunicado.

La AF entiende que la finalidad de realizar dicha reforma «de forma apresurada y silenciada denota el interés en beneficiar directamente a la actual fiscal general del Estado, dándole una salida al cese de su mandato, creando, en definitiva, una solución ad hoc, que no puede ser la finalidad última de una norma».

Señala que el PSOE justifica su enmienda en que «pretende adaptar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al segundo informe de Cumplimiento de la IV Ronda de Evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), fortaleciendo la autonomía e independencia del fiscal general». La AF desmonta la «escasa justificación» aducida por el partido por el que fue ministra y diputada Delgado.

Esta asociación sostiene que «no se pretende la adaptación del Estatuto a las recomendaciones del GRECO». En este sentido, la AF destaca que el GRECO recomienda reconsiderar el método de selección y duración del mandato del fiscal general, esto es, modificar la forma de elección para que el elegido goce de mayor independencia y cuyo mandato no esté ligado al del Gobierno. «Lamentablemente, este aspecto tan relevante no es objeto de tratamiento en la enmienda presentada», afirma la AF.

Además, recuerda que en dicho informe se recomienda aumentar la autonomía financiera de la Fiscalía. Para la AF, «lamentablemente tampoco se modifica el Estatuto para alcanzar tan loable fin».

Asimismo, el GRECO recomienda mayor autonomía en la formación de fiscales, actualmente dependiente del Ministerio de Justicia. «Aunque en la actualidad la formación ha ganado autonomía con la figura del director de formación de la Carrera Fiscal, la Fiscalía sigue careciendo de capacidad de gestión económica de dicha formación», expone la AF, y concluye que la enmienda del PSOE tampoco atiende dicha recomendación.

Igualmente, el GRECO recomienda autonomía de gestión del Ministerio Fiscal separada del Ministerio de Justicia, como garantía fundamental para la independencia y eficacia de la Fiscalía, y «nada de esto se aborda en la reforma», manifiesta la AF.

También se recomienda la constitución de la Comisión de Ética Fiscal. La AF recuerda que ésta ha sido suspendida unilateralmente por la fiscal general del Estado, lo que ha sido recurrido por la Asociación de Fiscales. 

El GRECO también recomienda una profunda revisión del régimen disciplinario de los fiscales. Sin embargo, el PSOE no suprime la competencia del titular del Ministerio de «para imponer la sanción de separación del servicio, manteniendo una clara injerencia del Gobierno», indica la AF.

Además, señala que el GRECO recomienda clarificar la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno, para garantizar la transparencia y la publicidad. La AF reconoce que la reforma del PSOE impone la forma escrita, lo que constituye un avance. Sin embargo, critica también que «incluye novedosamente que el fiscal general se pueda dirigir por su propia iniciativa al Gobierno para informar, no sólo sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino sobre asuntos concretos que el Gobierno deba conocer».

«Esta previsión supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno por la absoluta ausencia de concreción de supuestos en que se deba facilitar la información, por ejemplo, cuando afecte a los intereses de la Nación», advierte la AF.  

En cuanto al contenido de la enmienda, que plantea el ascenso del fiscal general del Estado a la categoría de fiscal de Sala, a su cese, cuando procediendo el designado de la Carrera Fiscal no ostenta tal categoría, esta asociación subraya que «tal consecuencia requiere de una profunda reflexión, que no se ha producido, sobre los requisitos para ser nombrado fiscal general».

Además, denuncia que «tal propuesta supone un “premio» para el fiscal general y la inmisión directa del Gobierno en la conformación de la primera categoría de la Carrera Fiscal, pues directamente puede promover a un fiscal a su máxima categoría».

EL PSOE YA LO INTENTÓ EN 2018

La AF recuerda que en 2018, siendo ministra de Justicia Delgado, y fiscal general María José Segarra, el PSOE intentó incluir una previsión idéntica en el Proyecto de Reglamento de la Carrera Fiscal, «lo que dio lugar a la unánime reprobación por considerar que una reforma de tal calado no debía introducirse a través del reglamento, sino por reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sin pronunciarse sobre la conveniencia o no de tal ascenso cuestión íntimamente ligada a los requisitos para ser nombrado fiscal general, de lo que se nos está privando actualmente». Ni la Asociación de Fiscales ni el Consejo Fiscal mostraron su conformidad con aquella iniciativa.

La Asociación de Fiscales remitió el pasado mes de enero un escrito a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el que reclamaba las reformas recomendadas por el GRECO, a fin de aumentar la autonomía del Ministerio Fiscal. Esta asociación reitera la «imperiosa necesidad de reformar el Estatuto Orgánico, no ya para ascender al fiscal general, sino para separar absolutamente el Ministerio Fiscal del Gobierno y para limitar el poder del fiscal general».

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