La APIF denuncia ante la Comisión Europea las maniobras del Gobierno para favorecer a Delgado
El presidente de la APIF, Salvador Viada, ha enviado una misiva a la Comisión Europea alertando de esta reforma que "ahonda en la politización de la Fiscalía".

La APIF denuncia ante la Comisión Europea las maniobras del Gobierno para favorecer a Delgado

Destaca que esta reforma de la Ley Concursal que pretende el PSOE supone favorecer de manera directa a Delgado y viene acompañada de una disposición que estrecha las reclaciones entre la Fiscalía y el Gobierno, algo "absolutamente negativo"
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06/5/2022 10:57
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Actualizado: 06/5/2022 11:06
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha denunciado ante la Comisión Europea la reforma que pretende el PSOE que convertirá a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en fiscal de Sala del Tribunal Supremo tras su cese y que, según advierte, «ahonda en la politización de la Fiscalía».

El presidente de la APIF, Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo (TS) y nuevo vocal de la APIF en el Consejo Fiscal, alertó de ello el pasado 11 de abril, en una misiva.

Cuando fue nombrado presidente de la APIF, el pasado mes de septiembre, se comprometió a combatir «en España y en Europa» la politización de la Fiscalía, al igual que ha asegurado tras ser elegido vocal del Consejo Fiscal, órgano de asesoramiento del fiscal general del Estado y compuesto por fiscales elegidos por la Carrrera Fiscal, en el que por primera vez ha entrado la APIF. Viada lleva tiempo denunciando «la falta de imparcialidad objetiva de la fiscal general del Estado, nombrada tras haber sido ministra de Justicia del Gobierno que la nombra» y por un partido que ahora pretende convertirla en fiscal de Sala del Tribunal Supremo tras su cese.

Salvador Viada afirma a Confilegal que esta reforma de la Ley Concursal que plantea el partido del Gobierno «supone favorecer de manera directa a Dolores Delgado, sin beneficio alguno para la Carrera ni para la Fiscalía ni la Justicia», y viene acompañada, además, de una disposición que estrecha las reclaciones entre la Fiscalía y el Gobierno, lo que considera «absolutamente negativo».

Viada explica a la Comisión Europea que esta reforma solo favorece al fiscal general saliente siempre que pertenezca a la Carrera Fiscal, «no supone incrementar su independencia respecto del Gobierno en modo alguno», y abre una «puerta giratoria muy atractiva» para pasar de un cargo político (el de fiscal general tiene ese carácter porque es de elección discrecional por el Gobierno) a un puesto de naturaleza profesional del máximo nivel, y que supone, por tanto, «aumentar la ya muy lamentable politización que sufre la Fiscalía española, al establecer criterios de ascenso a la máxima categoría profesional a quienes desempeñen determinados cargos de naturaleza política».

También destaca que el cargo de fiscal de Sala del Tribunal es la máxima categoría de la Carrera Fiscal, que para esta categoría hay muy pocas plazas y «en condiciones de normalidad (que ahora no tiene la Fiscalía)» solo se asciende a ella «tras una larga carrera de servicios prestados de manera intachable».

Además, señala que la técnica legislativa utilizada es «lamentable», puesto que se aprovecha la tramitación de una norma que nada tiene que ver con el Estatuto de los fiscales (EOMF) como es la Ley Concursal, para introducir dicha reforma. «No es baladí ese modo de actuar», indica Viada, y expone que el Consejo Fiscal tiene entre sus funciones la de “informar de los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal”, señalándose un plazo de 30 días para hacerlo. «Al proceder a modificar el Estatuto de esa manera, se evita el informe del Consejo Fiscal, desconociendo sus competencias», subraya.

La APIF también denuncia que por vía de enmienda, el PSOE plantea añadir una potestad al fiscal general para que “por su propia iniciativa” y siempre que no exista obstáculo legal, informe por escrito al Gobierno de aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga el Ministerio Fiscal y que por su naturaleza o relevancia deba conocer». 

De esta manera, prosigue Viada, también se evita la intervención del Consejo Fiscal y se introduce una nueva facultad que, a juicio de esta asociación, «acentúa la relación entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno de turno, de manera que la deseable autonomía del Ministerio Fiscal (art. 2 del EOMF) se ve comprometida tanto por el hecho de que al jefe del Ministerio Fiscal lo elige libremente el Gobierno, como por el hecho de que ahora el jefe del Ministerio Fiscal podrá informar según su propio criterio de los asuntos que entienda que al Gobierno le pueden interesar». 

«Voy a luchar para que nuestra Justicia se despoje de vínculos políticos y las trampas no salgan gratis», afirma Salvador Viada.

«Esa intensificación de las relaciones entre el Gobierno y el Fiscal General del Estado la juzgamos negativamente, ya que se da pie a que cualquier comunicación del contenido de asuntos entre el Gobierno y el Fiscal esté cubierto por la norma, siempre que se guarden las formas de no consignar en el escrito los aspectos respecto de los que exista ‘obstáculo legal'», argumenta Viada, y denuncia que «en lugar de establecer garantías de independencia» del fiscal general, se intensifican las relaciones de colaboración con el Gobierno.

La APIF adjunta a su carta el comunicado que difundió al conocer esas dos propuestas del PSOE de modificación de la ley reguladora del régimen de los fiscales españoles a través de enmiendas a la Ley Concursal.

INDEPENDENCIA DE LA FISCALÍA

Esta reforma no es el único tema que preocupa a la APIF y que ha denunciando ante la Comisión Europea. En su contestación al cuestionario de la Comisión Europea sobre el informe del Estado de Derecho en el ámbito de la Unión acerca del Ministerio Fiscal, la APIF también alertó el pasado mes de febrero de «las sospechas» sobre la «falta de imparcialidad» de la actual fiscal general del Estado, quien «dejó su puesto de ministra de Justicia para ser elegida por el mismo Gobierno como Fiscal General del Estado», nombramiento que fue recurrido ante el Tribunal Supremo por dos partidos políticos, pero se les negó legitimidad procesal para recurrir. «España es un país azotado por la corrupción política, y la principal responsable de la persecución de la misma es una política claramente significada en un partido político», destaca.

También señala en su informe que la percepción de que la Fiscalía actúa con independencia en España «es baja». La APIF pone varios ejemplos en este sentido, entre ellos que Delgado «es la pareja sentimental de un famoso abogado (ex juez expulsado de la Carrera Judicial por sentencia firme del Tribunal Supremo) y propietario de un despacho que está a cargo de la defensa de algunos investigados en uno de los casos de corrupción más graves que ha habido jamás en España», el caso Tándem. Y en este punto expone el caso Stampa, que ha supuesto «una tremenda crítica» hacia Delgado.

CASO STAMPA

«A cargo de ese asunto había dos fiscales anticorrupción, que estaban en la Fiscalía Anticorrupción, de manera provisional y sin plaza fija.  Cuando salió la plaza ambos fiscales solicitaron la plaza. Unos meses antes, unas noticias de prensa especularon sobre un comportamiento ilícito de uno de esos fiscales, abriendo la Fiscalía General unas Diligencias de investigación contra el mismo», relata la APIF.

Añade que «el instructor de las diligencias intentó por tres veces archivar el asunto, pero la mano derecha de la Fiscal General insistió de manera reservada (pero con constancia escrita que se ha hecho pública) en continuar la investigación hasta que la fecha de decisión de las plazas en Anticorrupción se decidiera», y que el fiscal afectado por esa investigación «no obtuvo la plaza (es imposible que un fiscal investigado por corrupción pudiera obtener una plaza en la Fiscalía Anticorrupción)».

«Solo meses después de esa fecha, y tras remover al Instructor de las Diligencias, que se negaba a seguir manteniendo artificialmente vivo el asunto, las mismas fueron archivadas. Pero el fiscal afectado perdió su plaza en Anticorrupción y debió abandonar la dirección del asunto, que ya decimos que es de una gravedad realmente increíble si no lo hubiéramos visto», prosigue su relato, y manifiesta que «de esta manera, la Fiscal General determinó el cambio de fiscal, con unas maniobras insólitas, en un asunto en el que el despacho que su pareja tenía interés directo, sin ejercer el deber de abstención, que se negó que existiera para la Fiscal General».

TAMBIÉN SEÑALA QUE ‘NO EXISTE UN SISTEMA OBJETIVO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS’ Y EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

La APIF también ha puesto en conocimiento de la Comisión Europea que actualmente, «los fiscales progresistas están copando los puestos de responsabilidad mayor en la Fiscalía porque la Fiscal General del Estado ha sido nombrada por un Gobierno de carácter progresista», como ocurre «cuando el Gobierno es de signo conservador».

Expone que el fiscal general propone el nombre del fiscal que «prefiere» para cualquier puesto, que el Ejecutivo es el que nombra al designado, y que los nombramientos son recurribles ante los Tribunales en casos en que se produzca arbitrariedad en la designación, pero que «como no existe un sistema objetivo de valoración de méritos«, a pesar de que se creó hace unos años una Sección Permanente de Valoración «en el seno de la Inspección Fiscal -que nunca ha llegado a funcionar-, se puede elegir cualquier criterio de selección (ser joven, o mayor, o experimentado, o mujer o con experiencia política, o sin ella…), lo que «hace muy difícil para los Tribunales decidir cuándo se ha producido una arbitrariedad». Según informa, «el hecho de que la preferencia del Fiscal General es lo determinante, produce el efecto de que muchos fiscales no aspiren a esos puestos, o de que no recurran a los Tribunales si no son nombrados».

El régimen disciplinario de los fiscales es también «muy mejorable», a juicio de la APIF. «Lo negativo es que es la propia Fiscalía la que incoa el expediente y la que sanciona, sin que haya ningún tipo de independencia establecida entre quien investiga respecto de quien sanciona (que es el Fiscal General). Ello determina, en ocasiones, graves errores», alega esta asociación, y recuerda que «con bastante frecuencia», las sanciones disciplinarias impuestas a los fiscales son revocadas en los Tribunales, especialmente, las derivadas de sanciones por retrasos en el despacho de causas. Además, pone el foco en que ni el acoso laboral ni sexual son infracciones disciplinarias recogidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 

Por otra parte, explica que un fiscal tiene garantizada su plaza en una concreta Fiscalía una vez accede a ella y que solo puede ser trasladado por razones disciplinarias, y, de manera excepcional, por disidencias graves con el Tribunal en el que preste sus servicios o con el fiscal jefe. La APIF advierte que ahí hay una laguna. Pone el caso de una fiscal que hace unos años denunció una situación de acoso laboral por parte de su fiscal jefe y que «la Fiscalía hizo una investigación no exhaustiva, y concluyó trasladando a la denunciante a otra Fiscalía diferente». Según denuncia esta asociación, «en caso de duda sobre la culpabilidad del fiscal afectado, la Fiscalía se inclina por hacer recaer la misma en el subordinado», lo que genera «inseguridad y, sobre todo, una sensación de desprotección en los fiscales de base».   

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