Como es habitual, la Plataforma de Contratación del Sector Público, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, hace públicos los acuerdos que llevan a cabo con diferentes empresas para ser transparentes. De esta forma, todo aquel que quiera saber a dónde va destinado el dinero puede acceder para consultarlo.
Hace apenas unos días el Ministerio de Justicia publicó una licitación en el que explicó que estaba buscando a una empresa que se hiciese cargo del servicio de transporte de documentación voluminosa, enseres, paquetería y mensajería entre edificios judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de Órganos Centrales de la Administración de Justicia (GTOC) y envíos internacionales de documentación.
Según recogen los pliegos consultados por Confilegal, la empresa que actualmente realiza este servicio finalizará el contrato el 31 de diciembre de 2023.
Por ello, dado que la GTOC carece de medios personales y materiales necesarios para la prestación de este servicio, consideran que “es imprescindible la contratación externa de una empresa para garantizar el cumplimiento y realización de los fines institucionales asignados a estos órganos judiciales con jurisdicción en todo el territorio nacional”.
Tendrá que causar el menor impacto medioambiental
El valor estimado del contrato sería de 803.011 euros y abarcará desde el 1 de enero de 2024 al 21 de diciembre de 2025 con posibilidad de que se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2027.
Y, para el Ministerio de Justicia, es muy importante que la prestación de este servicio se lleve a cabo de manera que cause el menor impacto medioambiental, han explicado en el escrito. Los vehículos, que serán furgonetas, furgones y motocicletas tendrán que tener una fecha de antigüedad máxima de dos años.
Según explican, se realizarán tres tipos de traslado. Por un lado, los locales entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Europea e Instituto Nacional de Toxicología (INTCF).
También en territorio nacional, en su mayoría, con traslados de documentación desde el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Europea a diferentes órganos judiciales del Estado español, y de neveras y cajas del INTCF de Madrid a Institutos de Medicina Legal y órganos afines.
Y, por último, se ejecutarán servicios internacionales de documentación desde los órganos adscritos a la GTOC al resto de países comunitarios y no comunitarios.
La empresa se responsabilizará del robo, daño o pérdida de los documentos
Aunque eso sí, advierten de que si la futura empresa que prestará los servicios daña o pierde los documentos durante los traslados, tendrá consecuencias independientemente de que medie negligencia o dolo.
“En concreto, se responsabilizará de cualquier perjuicio producido por el extravío, robo o daños producidos en la documentación o enseres trasladados, corriendo con los gastos de reposición o de reparación correspondientes”.
Y “si no fuera posible la reparación o reposición del bien dañado o perdido, el contratista deberá indemnizar a la Administración según el valor del bien en la fecha en que se produjo el siniestro. Por lo que deberá disponer de un seguro, respecto de la mercancía transportada de hasta 10.000 €euros/siniestro y de responsabilidad civil de hasta 1.000.000 euros».
