Ha sido presentado hoy en el ICAM, cuenta ya con el respaldo de más de 1.000 juristas, académicos y activistas sociales, y está abierto a la ciudadanía. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Hay Derecho presenta un manifiesto con 10 medidas para acabar con el «clientelismo político» en las instituciones
Para que estén al servicio del interés general y no de intereses partidistas
|
14/7/2023 09:49
|
Actualizado: 14/7/2023 12:29
|
La Fundación Hay Derecho ha presentado hoy un Manifiesto por la mejora institucional, con 10 medidas “para acabar con el clientelismo político en las instituciones y mejorar su profesionalidad y neutralidad”.
Desde Hay Derecho piden a los partidos políticos que se comprometan a esas 10 medidas para una reforma institucional integral en favor del Estado de Derecho. Son medidas concretas sobre separación de poderes, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción.
La Fundación Hay Derecho considera que en esta campaña electoral hay que hablar de la necesidad de mejorar nuestras instituciones. De asuntos claves como “la renovación y reforma del CGPJ, la despolitización y autonomía de la Fiscalía General del Estado, la profesionalidad y neutralidad de las instituciones de contrapeso, la reforma de las Administraciones Públicas o de la evaluación de políticas públicas, entre otros temas urgentes e importantes para la salud de nuestro Estado democrático de Derecho”.
Sostiene que necesitamos cambios y mejoras como la Comisión Europea recomienda en su último informe anual, por lo que desde Hay Derecho pasan del diagnóstico a la acción con este manifiesto con propuestas para la mejora institucional.
“Hagamos que los políticos aborden ahora estas cuestiones, pues son condición mínima para que todo lo demás funcione. El resto de compromisos o promesas tienen que encajar en un sistema institucional que funcione bien”, señalan desde esta fundación.
El manifiesto ha sido presentado esta mañana, a las 9.00, en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). En el acto han intervenido Roberta Poza, diputada de La Junta de Gobierno del ICAM; Segismundo Álvarez, presidente de Hay Derecho; y Elisa de la Nuez, secretaria general.
A continuación, ha tenido lugar un coloquio con Ignacio Torreblanca, politólogo, y Luis Miller, sociólogo, moderado por Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.
El texto ha sido avalado más de 1.000 juristas, académicos y activistas sociales, entre ellos más de 100 destacadas personalidades.
Está abierto a la ciudadanía, para que sea suscrito por todo aquel que esté preocupado por el “deterioro institucional”.
LAS 10 MEDIDAS QUE PLANTEA
1. Partidos Políticos: Modificación de la legislación de partidos para mejorar la democracia interna mediante contrapesos adecuados, así como el establecimiento de un sistema de sanciones efectivas y rápidas para casos de incumplimientos de la normativa de partidos.
2. Poder Judicial: Renovación del CGPJ eligiendo los candidatos más idóneos e inmediata reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consensuada siguiendo las recomendaciones europeas.
3. Fiscalía General del Estado: Selección del fiscal general del Estado entre juristas de reconocida competencia que no tengan vinculación con partidos políticos, reforma del período de mandato para desvincularlo del ciclo electoral. Establecimiento de límites y contrapesos a los poderes del fiscal general en materia de nombramientos, ceses y promociones; exigencia de transparencia en todas las decisiones.
4. Poder Legislativo: Restringir el uso de decretos-leyes a los supuestos previstos en la Constitución, revitalización de las sesiones de control parlamentario; regulación de los lobbies y de la “huella normativa”. Utilización de los mecanismos ya existentes para garantizar la calidad normativa y la coordinación con la regulación existente. Reforma del Reglamento del Congreso para impedir prácticas poco respetuosas con las garantías que exige el procedimiento legislativo. Transparencia de los informes que se hayan solicitado a lo largo del proceso.
5. Neutralidad y profesionalidad de las instituciones de contrapeso. Elaboración de una ley para establecer las fórmulas que garanticen la publicidad de las vacantes y los procesos de concurrencia competitiva sin perjuicio de la posterior designación política; establecimiento de periodos de mandato no ligados a ciclos electorales allí donde no existan todavía. Límites a las puertas giratorias para cargos políticos; restricción de los puestos de libre designación y de confianza. Exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
6. Lucha contra la corrupción: Reforzar los controles preventivos mediante la mayor independencia de los funcionarios que ejercen funciones de control y la publicidad de sus informes; eliminación de cargos electos y cargos políticos en las mesas de contratación pública; incentivos positivos a los organismos que consigan las mejores prácticas en materia de contratación y negativos por malas prácticas; subvenciones con publicidad y concurrencia.
Protección efectiva y uniforme de denunciantes de corrupción con la implementación de los estándares europeos y en base a la experiencia de las agencias autonómicas y locales. Garantizar la Independencia y profesionalidad de la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante. Mejora de la rapidez de la investigación y enjuiciamiento de delitos para lograr la eficiencia en los procedimientos de casos de corrupción de alto nivel. Restringir el alcance del aforamiento para que no obstaculice la acción penal en casos de corrupción contra dirigentes del gobierno.
7. Administraciones públicas, dirección pública profesional: Aprobar una nueva ley de función pública, que garantice la dirección pública profesional. Separación de las carreras funcionariales de las carreras políticas (sobre todo en puestos de supervisión y control); desarrollo del estatuto del directivo público; limitación al máximo de los puestos de libre designación (publicar las vacantes cuando los haya) y eliminación del libre cese; establecimiento de una Comisión de valoración especializada y profesional para la selección de los directivos; creación de un tribunal administrativo profesional de recursos en materia de personal.
8. Políticas públicas: Establecimiento de mecanismos efectivos de revisión “ex ante” y “ex post”. Diseño de políticas públicas con base en la evidencia y los datos disponibles. Publicidad de la evaluación.
9. Transparencia y rendición de cuentas: Modificación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno a la vista de la experiencia acumulada; definición del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental; establecimiento de un régimen efectivo de sanciones para caso de incumplimiento; reforzar la independencia y las potestades de los órganos de garantía de la transparencia; exigencia de responsabilidades a los dirigentes de organismos o entidades opacos. Mejorar el acceso a la información pública con la reforma de la ley de secretos oficiales, impidiendo que esta suponga una restricción mayor al derecho de acceso.
10. Medios de comunicación públicos y espacio cívico: Transparencia de la publicidad institucional y despolitización de los medios de comunicación públicos. Fortalecimiento del espacio cívico mediante ayudas a las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la calidad democrática e institucional y la promoción de la cultura del Estado de derecho
UNA PROPUESTA RECIBIDA CON ENTUSIASMO
“La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por centenares de personas que reclaman que las instituciones estén al servicio del interés general y no de intereses partidistas. Cualquier política pública debe desarrollarse sobre un sistema sano y fuerte en el que se respeten los mecanismos de control entre poderes del Estado y la gestión pública esté al servicio de la ciudadanía”, ha señalado en la presentación Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.
En el Manifiesto, Hay Derecho señala “cómo se ha ido produciendo un deterioro paulatino de las instituciones al hilo de su progresiva politización». Una situación que, según denuncia, ha derivado «en una falta de profesionalidad y de neutralidad, y en cierta medida también en una limitación de su capacidad para desempeñar adecuadamente sus funciones, falta de capacidad que es cada vez más visible en nuestras Administraciones Públicas”.
Destaca que se ha producido, asimismo, “un paulatino deterioro de la transparencia y rendición de cuentas que se ha traducido en una pérdida de confianza general de la ciudadanía”.
Para Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho, gobierne quien gobierne va a tener que acometer mejoras.
“No sólo se trata de preservar la neutralidad de las instituciones de acuerdo con el mandato constitucional, sino también su capacidad para cumplir con los fines que a cada una de ellas le asigna la Ley, ya hablemos del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Constitucional o de cualquier institución o ente público. Los partidos políticos no pueden colonizar todas y cada una de las instituciones de este país, porque se pierde en capacidad y se pierde en confianza”, subraya.
El manifiesto de Hay Derecho ha sido enviado a los partidos políticos solicitando un compromiso de aplicación.
Noticias Relacionadas:
