Fernando Jesús Santiago Ollero es presidente del presidente del Consejo General de Gestores Administrativos y presidente del Colegio de Gestores de Madrid.
Los Gestores Administrativos reclaman un derecho de defensa moderno que incluya una definición más amplia
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14/7/2023 06:30
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Actualizado: 14/7/2023 00:11
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Los Gestores Administrativos) reclaman un concepto moderno de derecho a la defensa que no solo se circunscriba a los procesos judiciales y que piense de verdad en el ciudadano del siglo XXI.
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente de los Gestores Administrativos, reclamará hoy al futuro Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio próximo, una futura Ley del Derecho a la Defensa incluya una definición lo más amplia y ajustada a esta época del concepto “Derecho a la Defensa”.
Y lo hará en el marco de la jornada sobre “El derecho a la defensa” que se celebra hoy celebrada en Madrid en el Hotel NH Ventas.
Santiago Ollero considera que la defensa no es sólo un derecho a ejercitar en sede judicial, ni se reduce a espacios de controversia, puesto que en una concepción moderna del Derecho y del concepto ‘defensa’ hay que incluir interpretaciones propias de este siglo y acabar con estigmas arrastrados desde hace más de 400 años.
Recuerda que en estos últimos 70 años las cosas han cambiado mucho; no hay que olvidar que en su concepto actual, el derecho a la defensa nace tras la Segunda Guerra Mundial.
Aparecen nuevos instrumentos de defensa, como el arbitraje, que sobrevive paralelo al mundo judicial, pero que está reconocido como fórmula para proteger a los ciudadanos sin tener que acudir a un proceso en los juzgados, más costoso y largo.
Una ley sobre este tema debería incluir una definición de defensa lo más amplia y ajustada a esta época.
Precisamente, el proyecto de ley sobre el Derecho de Defensa elaborado por el Ministerio de Justicia, cuya tramitación en el Parlamento estaba avanzada, quedó abortado con la convocatoria de elecciones.
Los Gestores Administrativos proponen una definición amplia de derecho a la defensa en la que se establecerían numerosas relaciones, tanto con abogados y procuradores, que seguirán llevando el mayor peso de la defensa, como con árbitros, graduados sociales, registradores y notarios y, también, con Gestores Administrativos, sin ánimo de hacer una enumeración cerrada.
Los abogados cuentan, desde hace mucho tiempo, con la reserva de actividad sobre la exclusividad de la defensa en sede judicial. Pero la defensa, en opinión de los Gestores Administrativos, excede con claridad a ese único espacio. No puede establecerse por Ley una relación biunívoca entre derecho a la defensa y sede judicial, que por la transitiva establecería una relación también biunívoca entre derecho a la defensa y abogacía.
Por ello, a su juicio, el legislador debe revisar el concepto de derecho a la defensa.
“No sería de recibo que por tratarse de un concepto muy antiguo mantuviera ahora el mismo alcance. Me refiero, por ejemplo, a la defensa material, un concepto que se olvidó en el decaído proyecto de ley orgánica, y que alude al derecho de la persona a defenderse por sí misma”, dijo Santiago Ollero.
La jornada comenzará con un análisis de Julián Sánchez Melgar, magistrado de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Rosa María Virolés, presidenta de la Sala de lo Social Tribunal Supremo y José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, quienes abordarán en el primero de los paneles “El derecho a la defensa en sede judicial”
La “Evolución del derecho de la defensa y su conceptualización actual” será abordada en el segundo panel en el que intervendrán Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional, Rafael Catalá Polo, ex ministro de Justicia y socio de Carlos Cuesta Abogados y Juan Carlos Campo Moreno, ex ministro de Justicia y magistrado del Tribunal Constitucional.
Moderará la mesa Santiago Alonso Larruscain, que forma parte de la Dirección de Asesoría Jurídica de Empresas y Red del Banco Sabadell.
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del ICOGAM y Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, María Emilia Adán García, decana del Colegio de Registradores y Javier San Martín Rodríguez, abogado y ex presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales reflexionaran sobre “El derecho a la defensa y las profesiones”.
El proyecto de Ley Orgánica sobre el derecho a la defensa será el último de los paneles, en el que debatirán Francisco Aranda Vargas, exportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Santamaría Sanz, ex portavoz del Grupo Parlamentario Popular y Pablo Gutiérrez de Cabiedes, catedrático de Derecho procesal. Moderará Xavier Gil Pecharroman, periodista de El Economista.
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