Cada vez son más las personas que deciden pasar sus vacaciones de verano en los llamados “hoteles para adultos”, es decir, lugares para hospedarte en los que se excluye a niños donde la edad mínima admitida está entre los 16 y 18 años. Su objetivo es ofrecer un ambiente más relajado por un precio muy superior.
Sin embargo, aunque parezca que se está discriminando a una parte de la población, lo cierto es que no son ilegales.
El primero que abrió en España fue en 2007 en Playa del Inglés, en Gran Canaria y, a partir de ese momento, han ido naciendo en cascada en la gran mayoría de ciudades. Hasta tal punto de que, hoy en día, representan el 5% en todo el país, según recoge el informe de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).
Este tipo de centros de hospedaje han causado grandes debates que han llegado incluso hasta a los políticos. Por ejemplo, en 2017 Compromís se mostró en contra de esta segmentación y apostó por la apertura de los hoteles a toda clase de clientes, pero la Agencia Valenciana del Turismo desestimó la petición porque los hoteles sí pueden realizar esta división.
No hay una normativa específica que regule su legalidad
Para Rosana Pérez Gurrea, abogada experta en consumo y profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, “la clave radica en que no hay ninguna normativa específica que regule la legalidad de este tipo de alojamientos ni jurisprudencia que se pronuncie sobre esta materia”
Aunque eso sí, ha recordado que el artículo 14 de la Constitución Española establece que “nadie puede ser discriminado por razón de sexo, religión o circunstancias personales, donde encajaría la edad”. Pero, para ella, “se trata de un tema discutido jurídicamente que hay que matizar”.
No está penalizado limitar el acceso a menores, pero lo que sí se castiga es la falta de información veraz, por lo que aquí lo que entra en juego es la forma en la que lo publiciten para que estén amparados legalmente. Tiene que apreciarse “claramente” las características de la oferta, ha hecho hincapié Pérez Gurrea.
Por ello los hoteles consideran que no hay conflicto con el principio constitucional de no discriminación por cuestiones de edad basándose en que no hay una prohibición expresa y que el diseño de su oferta y servicios está enfocada a un público adulto, por lo que se agarran a que es una política de empresa.
Y aunque algunos hoteles alegan “el derecho de admisión para no dejar entrar a menores”, lo cierto es que ese derecho no es ilimitado y no se puede utilizar para discriminar, y la edad lo sería.
Puede entenderse como una medida de protección a la infancia
En palabras de la abogada, “la Ley Orgánica de Protección de menores de 1996 señala en su artículo 11 que en la actuación de la administración y los poderes públicos debe primar el interés del menor y velar en todo momento por su cuidado y atención”.
Pero todo “depende de la interpretación que se dé a dicho precepto, ya que desde los establecimientos hoteleros la lectura que se hace es que en los hoteles para adultos todo está diseñado para adultos y en este sentido, alejarse de este tipo de alojamiento puede entenderse como una medida de protección a la infancia”.
Hojas de reclamaciones
Según ha relatado Rosana Pérez Gurrea, en caso de que el hotel impida el acceso a los menores porque los progenitores no se han dado cuenta de que es sólo para adultos, pueden solicitar una hoja de reclamaciones y posteriormente denunciar ante organizaciones de consumidores.
Sin embargo, casi no hay quejas sobre ello porque los hoteles suelen llevar medidas disuasorias para que no haya reclamaciones por parte de los clientes como, por ejemplo, advertir que no hay cunas, que la piscina no está preparada o que no tienen menú infantil para los más pequeños, por lo que suelen ofrecer alojamientos alternativos.
