La Corte Penal Internacional (CPI) considerará la muerte de la voluntaria española Emma Igual como parte de su investigación general de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania, como explica el abogado y profesor de la Universidad Complutense experto en Derecho penal internacional Manuel Ollé. «Este asesinato pasase investigará por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, como crimen de guerra o de lesa humanidad dentro de la ‘situación’ de Ucrania», afirma, refiriéndose las acciones cometidas durante la invasión de Rusia en el territorio ucraniano.
«Es imprescindible y necesario que la muerte de Emma Igual no quede impune y que se determine la responsabilidad de las personas concretas que han cometido tan aberrante crimen», declara Ollé, aunque también destaca que las pesquisas de la CPI en Ucrania pueden «tomar sus tiempos» al abarcar cientos de casos. La situación de Ucrania plantea un escenario que, en palabras del letrado, no tiene «ningún parangón» en su magnitud y complejidad, con otras investigaciones de la CPI.
España pidió este martes a la CPI y a la fiscalía ucraniana que investigaran como crimen de guerra el fallecimiento de Igual, cofundadora y directora de la ONG ‘Road to Relief‘, que viajaba a poca distancia del frente de Ivanivske, cerca de Bakhmut, en un vehículo que fue alcanzado por un proyectil ruso el domingo 10 de septiembre, causando su muerte y la de Anthony Inhat, cooperante proveniente de Canadá.
El anuncio del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, incluyó la oferta de colaborar, incluso con medios humanos, para «intentar esclarecer y llegar hasta el final».
‘Road to Relief’ ha anunciado que el ejército ucraniano ha recuperado los restos mortales de Igual, que serán sometidos a una prueba de ADN para comprobar su identidad. Además, España ha reconocido este martes el trabajo humanitario de Igual concediéndole la Gran Cruz de Isabel la Católica a título póstumo.
«Es lamentable que España no pueda investigar»
A raíz de la modificación en el 2014 de la reforma legislativa de la justicia universal, que Ollé califica de «nefasta», la ley restringe la capacidad del Estado español de perseguir delitos de lesa humanidad y de genocidio contra españoles que hayan ocurrido fuera del país, lo mismo que con los crímenes de guerra.
«Es lamentable que la ley no permita que España pueda investigar crímenes de guerra por falta de jurisdicción», critica. La ley de 2014, «discrimina a las víctimas españolas que han sufrido crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad en el extranjero». «Nuestra ley lamentable establece una suerte de víctimas de primera y de segunda. España solo tiene jurisdicción si las víctimas son españolas por delitos de terrorismo, pero no del resto «, añade, haciendo una llamada a volver a reformar la justicia universal, regulada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para poder investigar este tipo de delitos.
En este sentido, recuerda el caso de José Couso, cámara español que fue asesinado en el año 2003 cuando un carro de combate estadounidense dispara contra el piso 15 del Hotel Palestine, en Bagdad, durante la invasión de Irak. En el 2016, el Tribunal Supremo (TS) confirmó el sobreseimiento de la causa por parte de la Audiencia Nacional, antes de que el Tribunal Constitucional avalara en el 2019 el archivo del caso, desestimando el recurso de amparo presentado por la familia de Couso.
Sin embargo, Ollé afirma que no es un caso comparable con el de Igual, dado que «la CPI no tenía ni jurisdicción ni competencias para investigar el caso Couso». «Y la actuación de los tribunales nacionales dejó mucho que desear, especialmente al maniatarlos la reforma del 2014», dice. «Parece que ahora sí habrá un juicio, que no hubo para Couso».
