El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) está ejerciendo la acusación particular en un procedimiento en el que se dirime la responsabilidad penal de unos asaltantes a un despacho profesional que, además, causaron lesiones a un abogado barcelonés.
Los hechos se produjeron en el mes de mayo de 2022 y de inmediato la Corporación decidió personarse en la causa.
Lo que buscaban las personas imputadas era tratar de amedrentar al abogado, que ejercía la defensa de los intereses de su cliente.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita una pena de un año de privación de libertad y la acusación particular colegial solicita una pena de dos años y seis meses de prisión por el delito de allanamiento de despacho profesional (artículo 203.3 del Código Penal).
El amparo colegial es una de las funciones principales de cualquier colegio de la abogacía.
El ejercicio del derecho de defensa debe ser en todo caso libre y los colegios de la abogacía abogan por proteger este derecho dando amparo colegial en todo momento cuando se producen posibles injerencias o limitaciones.
En el ICAB, esta función la ejerce de modo prioritario la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ) por delegación de la Junta de Gobierno, cuyos miembros aprobaron por unanimidad la determinación de defender a su compañero agredido ejerciendo en este caso la acusación particular.
El decano del ICAB y presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo de la Abogacía Española, Jesús M. Sánchez García, explicó públicamente este caso en la mesa inaugural de las XV Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia del CGAE, que se celebran estos días en Córdoba, como un ejemplo paradigmático de la vocación de todos los colegios de la abogacía de proteger el libre ejercicio de la profesión.
